Legislar los delitos ambientales es prioritario

Los delitos ambientales son la cuarta actividad delictiva más lucrativa del mundo; la deforestación ilegal, la minería, la pesca y el comercio de especies silvestres son las formas más habituales de un gigantesco motor financiero, que en 2018 ya generaba entre 110.000 y 281.000 millones de dólares en ingresos ilícitos anuales a nivel global, según datos de Interpol.

Países como Francia y Bélgica han dado grandes pasos en la creación de marcos jurídicos para frenar estos delitos contra el medio ambiente, de bajo riesgo y altas ganancias. Mientras que el año pasado, comenzó sus actividades la Alianza Mundial contra los Delitos contra la Naturaleza.

América Latina es especialmente susceptible de sufrir delitos contra la naturaleza debido a su rica biodiversidad y a la abundancia de recursos minerales.

Ahora, la región comenzó a dar pasos importantes para desarticular las redes delictivas transnacionales asociadas y gobiernos desarrollan leyes que permiten aplicar sanciones económicas más duras, e incluso establecer responsabilidades penales para los infractores.

Venezuela y Brasil, por ejemplo, tienen normativas específicas, mientras que Bolivia otorgó derechos legales a la naturaleza en 2010. Ecuador fue pionero en 2008 al reconocer los derechos constitucionales del medio ambiente y luego, agregar delitos ambientales específicos a su Código Penal en 2020.

Cerca de la mitad de los países de la región han creado unidades ambientales especializadas para mejorar la aplicación de las normativas en el sector.

A pesar de eso, la mayoría de los países latinoamericanos todavía enfrenta dificultades para hacer cumplir sus leyes y políticas ambientales, afectadas por los altos niveles de corrupción, señaló un informe elaborado por el Michelsen Institute for Science and Intellectual Freedom (CMI).

Según el documento, en países como Bolivia, México y Honduras, por ejemplo, los sobornos a la Policía por parte de traficantes ilegales de madera son frecuentes. Pero la corrupción, a su vez, también puede dar lugar a la aplicación “selectiva o sesgada” de las leyes ambientales -como centrarse en los pequeños infractores en lugar de los más poderosos- o permitir la interferencia política o supresión del trabajo judicial o policial ante una investigación de este tipo.

Ante la ausencia de una aplicación efectiva de la ley, los países latinoamericanos buscan reforzar la protección del medio ambiente y el marco jurídico que la acompaña.

Uruguay es un ejemplo en ese sentido: tras años de discusión, en 2023 el Parlamento aprobó un proyecto de ley que incorpora los delitos contra el ambiente en el Código Penal.

Chile es otro país que actualizó su marco normativo de cara al aumento de los delitos ambientales y en 2023, el gobierno aprobó una reforma de su Código Penal que contempla por primera vez el delito medioambiental.

En 2008, Perú puso en marcha una ley que modifica su Código Penal y sanciona con penas de hasta 10 años de prisión los delitos contra el ambiente y los recursos naturales.

A nivel regional, los gobiernos amazónicos -Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela- asumieron en las cumbres internacionales la necesidad de una mayor regulación de los delitos ambientales.

Por su parte, Argentina es uno de los países de América Latina más rezagados en materia de normativa ambiental. No cuenta con legislación específica sobre los delitos ambientales en el ámbito penal ni tribunales que los juzguen.

Esto es especialmente relevante, por los altos niveles de deforestación de Argentina. En 2023, fueron deforestadas 126.000 hectáreas en el norte del país, que es la zona más afectada a nivel nacional según un informe de Greenpeace.

Año tras año, los delitos medioambientales en América Latina -en particular, la deforestación ilegal- representan un gran problema.

En 2017, entre el 50% y el 90% de la madera exportada desde América Latina era de origen ilegal. Legislar los delitos ambientales es una tarea urgente.