La deuda pública y el vendedor de humo
El ministro Caputo no solo fue responsable del desastre anterior (2016-2018): es el arquitecto consciente de una nueva frustración colectiva. Por Alejandro Olmos Gaona.
En una operación celebrada tras casi ocho años de ausencia en los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera, el Gobierno nacional colocó US$ 1.000 millones en bonos denominados en dólares con un rendimiento anual del 9,26 %. La tasa pactada en la emisión del Bonar29—aunque por debajo de algunos títulos argentinos existentes— revela el elevado costo de financiamiento para el país y las dudas que persisten sobre su solvencia y credibilidad.
El rendimiento del 9,26 % es considerablemente alto si se lo compara con los bonos soberanos de la mayoría de los países emergentes, y refleja tanto el riesgo país argentino como la necesidad de ofrecer una prima significativa para atraer compradores. El ministro de Economía, Luis Caputo, argumentó que la colocación servirá principalmente para cubrir vencimientos de deuda que se concentran a comienzos de 2026, y que se buscará hacerlo sin reducir las todavía limitadas reservas internacionales del Banco Central, aunque esos 1.000 millones cubren apenas los vencimientos de principios del año 2026
El contexto financiero del país sigue marcado por la fragilidad del stock de reservas. Una economía con escasos dólares y metas exigentes pactadas con el Fondo Monetario Internacional obliga al Gobierno a recurrir al mercado financiero para asegurar liquidez y extender plazos de pago, en lugar de fortalecer de manera directa las reservas netas en moneda extranjera, a lo que se niega reiteradamente, porque teme que la inflación crezca, aunque lo ha hecho el último mes sin compra de moneda extranjera.
Una emisión preocupante
Una tasa cercana al 9,3 % no solo implica pagar un costo financiero alto en un contexto de riegos macroeconómicos persistentes, sino que también absorbe recursos que podrían destinarse a inversiones productivas o políticas sociales. Pero tal situación no parece importarle al gobierno, ya que en presupuesto enviado al Congreso para el año 2026, hay destinado 14 billones de pesos para pago de intereses de la deuda, 15 veces más que lo destinado a Salud, y 16 veces más de lo destinado a educación y cultura.
La estrategia oficial es no utilizar reservas para pagar deuda en moneda extranjera, pero la necesidad de financiamiento constante y los compromisos con el FMI ponen presión sobre el saldo de activos internacionales del Banco Central, y aunque desde el FMI, hasta la gran mayoría de los economistas insiste en la necesidad de acumular reservas, el gobierno solo está obsesionado porque la inflación no suba, aunque corra el riesgo, de que en el corto plazo, comiencen nuevamente los problemas que han afectado la economía, y que cada vez más resultan indisimulables. Pero Caputo insiste con sus habituales recetas, que siempre fracasaron.
A muchos olvidadizos se les debe recordar que Luis “Toto” Caputo fue una figura central en la arquitectura financiera del primer tramo del gobierno de Mauricio Macri. Sus decisiones y declaraciones públicas —y la relación directa entre aquellas decisiones y el endeudamiento externo— son un ejemplo de la instrumentación de las políticas que llevó a cabo ydeterminaronel enorme crecimiento de la deuda.
La magnitud de la deuda y las cifras que nos agobian
Entre 2016 y 2018 el Estado nacional intensificó las colocaciones en moneda extranjera y los refinanciamientos que incrementaron notablemente la vulnerabilidad externa. La Auditoría General de la Nación recopiló y analizó las emisiones y la participación de los actores en el mercado de deuda externa durante ese período, mostrando una actividad intensa de colocaciones en el exterior entre 2016 y 2018. Todo comenzó con la primera ley enviada al Congreso Nacional para pagar a los fondos buitres, habiéndose hecho pagos que no correspondían, y sin haber discutido las exigencias de los usureros, que fueron aceptadas en su momento por el gobierno. Además de la continua emisión de deuda durante su gestión Caputo emitió un Bono a 100 años, por 2.750 millones de dólares a una altísima tasa de interés (7.125%), justificándola en la confianza de los inversores internacionales. Sin embargo, esa confianza se derrumbó y el mercado dijo basta, comenzando nuevamente con los problemas que el vendedor de humo no pudo solucionar
No hubo otra alternativa que recurrir al FMI en 2018, con la firma de un programa Stand-By del FMI por un monto total de USD 50.000 millones, con un desembolso inicial de USD 15.000 millones y el resto sujeto a revisiones. Ese gigantesco paquete no fue gratis: implicó condicionalidad, dependencia y un cambio radical del escenario fiscal y de la política económica. Caputo había pasado del Ministerio de Economía al Banco Central en ese momento, y ese desembolso junto con otros, se fugó por parte de los aprovechados de siempre, lo que curiosamente fue señalado por Javier Milei, quien acusó a Caputo de “haberse fumado ese dinero”
Durante su gestión como ministro y luego como presidente del Banco Central Caputo estuvo presente en las colocaciones de bonos y en las reestructuraciones que aumentaron la exposición externa. Informes y seguimientos periodísticos han documentado volúmenes significativos de emisiones internacionales y cuestionamientos sobre comisiones y la opacidad de algunos procesos de colocación. Si se contabiliza la actividad de 2016 en adelante, las ventas de deuda en mercados internacionales y las renovaciones fueron decisivas para la caja inmediata del Estado, pero dejaron pasivos relevantes para los años siguientes. La deuda pública en diciembre de 2015 era de 240.665 millones de dólares, y en diciembre de 2019 había trepado a 337.260 millones, incluyendo la deuda del FMI, que había desembolsado 45.000 millones de dólares. Es la herencia que Caputo nunca menciona, porque siempre tiene la prodigiosa capacidad de mentir ante cualquier escenario, especialmente en este tiempo donde jamás le enrostran estas cifras y no le repreguntan.
El patrón es conocido: aumento de tasas, fuga de reservas, devaluaciones y un ciclo inflacionario que no se pudo controlar con rapidez. La renuncia de Caputo a la presidencia del BCRA en septiembre de 2018, comunicada oficialmente como “motivos personales” en un contexto de fuerte tensión cambiaria y financiera, confirma que la gestión enfrentó límites y costos políticos inmediatos. La secuencia de hechos —emisiones, crisis cambiaria, acuerdo con el FMI, renuncia— no fue una coincidencia sino la narrativa de una gestión que financió corto plazo a costa de vulnerabilidad futura.
El balance actual sugiere que la política financiera y cambiaria liderada —o defendida públicamente— por Caputo entre 2016 y 2018 contribuyó a un endeudamiento que, inercialmente, aumentó la fragilidad externa de la Argentina. El recurso al FMI en 2018 no fue una compra milagrosa de estabilidad: fue la transformación de un problema de liquidez en una relación de dependencia de largo plazo. Las contradicciones públicas sobre la flotación del tipo de cambio —cambiar la receta según convenga— agravan la sospecha de que decisiones claves se tomaron más por urgencia financiera y presión política que por consistencia técnica.
Y volvió Caputo
Después de continuar con sus habituales especulaciones en el sector privado, en la Consultora Anker, con su socio y hoy presidente del Banco Central, Santiago Bausili, Caputo se acercó a Milei, quien rápidamente se olvidó de sus cuestionamientos del pasado y pasó a llamarlo el “mejor ministro de Economía de la historia”. Ante el fracaso del supuestamente exitoso plan económico hubo que recurrir en abril al Fondo Monetario Internacional, para que nos prestara 20.000.millones de dólares, y con la natural habitualidad con que lo hace, Milei violó la Ley 27.612 para eludir al Congreso de la Nación, en el tratamiento de ese crédito. Se limitó a enviar al Poder Legislativo un DNU, sin mayores precisiones, que fue votado por un Congreso, nutrido de obsecuentes, para los cuales pareciera que la deuda pública y aumentarla no tiene ninguna significación. Pero ni aun con el auxilio del FMI, se consiguió el financiamiento indispensable para hacer frente al pago de las obligaciones. Nuevamente el vendedor de humo recurrió a la deuda, que es el único mecanismo que conoce para manejar la economía del país. Fue así como emitió Lecaps con tasas de hasta ~65,33% anual a finales de julio. En esa misma operación se adjudicaron otros papeles como S29G5 con ~60,54% anual.
En otra subasta de mediados de agosto, se incorporaron instrumentos con tasas que llegaron hasta ~69,20% anual, aunque la renovación fue limitada (≈61). Finalmente, en una licitación el 27 de agosto de 2025, la cartera económica colocó deuda a tasas que escalaron hasta ~75,66% anual para cubrir vencimientos del día y renovar vencimientos más antiguos.
Los problemas siguieron a pesar de la que el gobierno llama “exitosa” economía, y ante el tembladeral que se avecinaba, la totalidad del equipo económico (Caputo, Daza, Bausili, Quirno) viajó a los EE.UU, a solicitar apoyo del gobierno, y fue ahí que el Secretario del Tesoro, comenzó con sus tuits salvadores para tranquilizar al mercado, e intervino el sector cambiario para evitar el aumento de la divisa Estadounidense, lo que jamás ocurrido durante anteriores gobiernos, además de hacer un fenomenal negocio, como el mismo Secretario lo manifestara tiempo después. Como estábamos muertos o sobreviviendo como según la definición de Trump, se decidió otorgar un swap por 20.000 millones de dólares, para seguir sosteniendo al gobierno, lo que le permitió sortear los problemas coyunturales y seguir endeudando a la Nación.
En diciembre de 2023, la deuda pública bruta ascendía a 370.675 millones de dólares y, según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas, al 30 de octubre de 2025 ya alcanza los 442.596 millones, un salto explosivo en menos de dos año. De ese total, apenas el 43% está nominada en pesos, mientras que el 57% se encuentra en moneda extranjera, profundizando la vulnerabilidad externa que el propio gobierno decía venir a corregir. A este cuadro se le suman vencimientos inmediatos en enero por 4.300 millones de dólares, que el Poder Ejecutivo aún no sabe cómo afrontar. Los 1.000 millones de dólares recientemente conseguidos por Caputo —presentados como un “logro” en la narrativa oficial— apenas cubren una cuarta parte de esas obligaciones. El resto queda librado, una vez más, al endeudamiento, la postergación o el ajuste brutal.
Pero mientras la deuda se expande sin freno, la economía real se hunde a una velocidad alarmante. De acuerdo con el INDEC, la producción industrial manufacturera acumula caídas interanuales de dos dígitos en los últimos meses, con derrumbes superiores al 15% en sectores clave como la metalurgia, el textil y el rubro automotor. La construcción, otro termómetro central de la actividad, registra retrocesos aún más dramáticos, superiores al 20%, consecuencia directa de la paralización total de la obra pública y del colapso del crédito. No se trata de “reestructuración”, como pretende el discurso oficial, sino de una destrucción lisa y llana de capacidad productiva.
El consumo masivo, medido también por el INDEC, continúa desplomándose mes tras mes, con caídas reales que superan el 15%, reflejando el derrumbe del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y planes sociales. El Banco Central, por su parte, reconoce en sus propios informes la contracción del crédito al sector privado y la recesión inducida por tasas de interés exorbitantes que ahogan cualquier intento de recuperación.
En este escenario, la apertura comercial irrestricta, sin ningún tipo de política de protección o transición, funciona como un golpe final para miles de pymes industriales. Productos importados ingresan sin control, compitiendo de manera desigual con fabricantes locales asfixiados por tarifas dolarizadas, presión impositiva y financiamiento imposible. El resultado es el cierre de fábricas por miles, el aumento del desempleo y la precarización laboral, fenómeno que se acelera semana a semana.
Así, mientras los indicadores oficiales confirman la recesión profunda y el deterioro social, el gobierno insiste en montar una puesta en escena triunfalista, negando la evidencia empírica que surge de sus propios organismos. La deuda crece, la economía cae y el costo lo pagan, como siempre, los trabajadores y el aparato productivo nacional.
Nada de lo que hoy ocurre es un accidente ni una fatalidad heredada. El actual ministro de Economía no es un recién llegado ni un técnico neutral: es el mismo funcionario que entre 2016 y 2018 protagonizó el ciclo de endeudamiento más irresponsable de la historia argentina, coronado por el acuerdo stand by con el FMI y la fuga masiva de capitales que dejó al país hipotecado por décadas. Hoy, con otro discurso, pero con los mismos métodos, repite el libreto: más deuda, a tasas usurarias, sin acumulación de reservas, sin crecimiento y sin desarrollo.
La diferencia es que ahora el margen es inexistente. No hay crédito genuino, no hay dólares y no hay economía real que respalde este nuevo festival financiero. Los indicadores oficiales desmienten cualquier relato optimista: la producción cae, el consumo se derrumba, el empleo se destruye y la deuda vuelve a crecer. Insistir en este camino no es ignorancia, es reincidencia. Caputo no solo fue responsable del desastre anterior: es el arquitecto consciente de una nueva frustración colectiva.
La historia ya lo juzgó una vez. Haber insistido en entregarle nuevamente las llaves de la política económica no fue un error técnico: sino una decisión política que condena al país a repetir, una y otra vez, el mismo ciclo de endeudamiento, recesión y sometimiento. Y esta vez, como muestran los propios datos oficiales, el final se está escribiendo mucho más rápido, y en los próximos meses se verán las consecuencias.
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