Certificados falsos para reducir penas: investigan a tres presos de Pampa de las Salinas

El beneficio educativo que permite a los presos reducir parte de su condena podría haber sido utilizado como herramienta para engañar al sistema. Este jueves, el Juzgado de Ejecución Penal de la Segunda Circunscripción Judicial comunicó que investiga la posible falsificación de certificados educativos que habrían sido presentados por internos del Complejo Penitenciario II de Pampa de las Salinas para acceder a estímulos contemplados por la Ley 24.660.

La maniobra salió a la luz a raíz de un correo electrónico que alertó sobre irregularidades en los certificados de cursos realizados en la plataforma virtual Loopian. A partir de esa denuncia, el juzgado requirió informes al Servicio Penitenciario Provincial y giró copia al Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública.

Según el informe elevado este jueves por el área de Educación del propio penal, una auditoría interna determinó que al menos tres internos habrían sido partícipes de la falsificación de documentación educativa. De comprobarse la maniobra, no solo se anularían los beneficios otorgados, sino que podrían enfrentar nuevas causas penales.

Los certificados en cuestión forman parte de los informes que el Servicio Penitenciario envía al juzgado para detallar qué tipo de capacitación realiza cada condenado, incluyendo carga horaria y asistencia a clases. En base a esos datos, y según lo que establece el artículo 140 de la Ley 24.660, el juez puede conceder una reducción de hasta 20 meses en el tiempo de cumplimiento de condena.

Explicaron que la función del tribunal es garantizar el respeto de las garantías constitucionales de los condenados, con el fin de lograr su reinserción. Pero aclararon que esto exige un trabajo conjunto con el Servicio Penitenciario y el cumplimiento estricto de las normas.

El escándalo se da en un contexto de fuerte atención pública sobre los beneficios que reciben algunos condenados. En ese sentido, también aclararon que los llamados “permisos extraordinarios” que se han otorgado recientemente —y que tomaron estado público— se concedieron conforme a la ley, con custodia penitenciaria y solo en casos donde la familia no puede visitar al interno por motivos de salud o edad avanzada.

Ahora será tarea del Ministerio Público Fiscal determinar si existió una maniobra fraudulenta para obtener beneficios indebidos dentro del sistema penitenciario. La investigación recién comienza, pero ya sacude los pilares de un programa pensado para la educación y la reinserción.