El ministerio de Gobierno retó al Poder Judicial por pedir aumento

Con lo que pretendió ser una sutileza pero terminó siendo una feroz negativa, el Gobierno Provincial rechazó el pedido de aumento que el Superior Tribunal de Justicia había solicitado para empleados y magistrados. La resolución emitida por el Ministerio de Gobierno pone en duda los índices inflacionarios y señala, ahora sí con sutileza, que los miembros del Poder Judicial son los mejores pagos de la administración pública.

Hace algunos meses la Corte puntana había enviado al Ministerio de Gobierno un pedido formal de aumento de la partida presupuestaria para los salarios del 25,86 por ciento. El pedido estaba sustentado en que “la inflación en el país para el año alcanzó un incremento del 116,4 %” y que la administración de Claudio Poggi solo sumó aumento salarial por el 45 por ciento.

“Los guarismos mencionados no se condicen con la realidad”, dice la respuesta firmada por el director jurídico del ministerio de Gobierno, el radical Roberto Pagano. Y asegura que los jueces no tuvieron en cuenta para el pedido la suma fija de 70 mil pesos fijada por el Ejecutivo.

Es más, Pagano –en línea con el Gobierno de arrebatar cualquier poder a la Justicia- acusó al Superior Tribunal de “apartarse de la política salarial que fija el Poder Ejecutivo” y otorgar un incremento “sustancialmente más elevado”.

Además, el ministerio a cargo de Gonzalo Amondaraín desconoció en el escrito la suma fija de 372 mil pesos de piso para los agentes de la administración pública. Agregó que “no existe el monto base fijado” para los agentes de la administración pública en general.

Finalmente, el ministerio político del gobierno provincial intentó dejar en claro quién es el que manda en cuanto a resoluciones salariales y cómo se establecerán los aumentos por venir. “La política salarial de la Provincia –reza el escrito- la fija el Poder Ejecutivo y en modo alguno existe obligación de que los incrementos salariales deban seguir índices de inflación o cualquier otro”.

Pagano, o Amondaraín o Poggi –para el caso es lo mismo, pues los tres piensan igual o, como piensa uno deben pensar, obligatoriamente, los otros- sostiene que queda a criterio del Ejecutivo los incrementos “de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a una razonable y recta administración de los recursos”.

O sea, hay que sentarse y esperar.