Encadenó la sede de la cooperativa de agua para evitar un allanamiento

Lo que comenzó como una sospecha administrativa terminó en un escándalo institucional. Socios de la Cooperativa de Cortaderas y Servicios Públicos Limitada denunciaron penalmente a su presidente, Juan Guzmán, por presunta malversación de fondos. La causa ya derivó en una medida judicial: esta semana, la Justicia ordenó allanar la sede central de la entidad y secuestrar documentación clave.

La diligencia no estuvo exenta de tensiones. Según relataron fuentes cercanas a la investigación, el propio Guzmán intentó impedir el procedimiento encadenando la puerta de acceso principal. La maniobra fue rápidamente neutralizada por efectivos policiales.

“Está prácticamente imputado en una causa por desvíos millonarios”, advirtieron los denunciantes. Apuntan a una obra en particular: la instalación de un sistema de bombeo, que fue presupuestada en 2,2 millones de pesos pero terminó costando más de 14 millones. Parte de esos fondos habrían sido cobrados por Bárbara Villalba, esposa de Guzmán, quien —según consta en la denuncia— se inscribió como monotributista y comenzó a facturarle a la cooperativa apenas tres días después.

"Usó la plata de todos para auto comprarse pollo", denunció una vecina entre lágrimas, asegurando que Guzmán posee una pollería y justificó las compras con fondos de la cooperativa bajo el pretexto de una supuesta campaña para atraer nuevos socios. “Lo dijo en un video, con la bandera de la cooperativa atrás”, agregó indignada.

Los socios afirman que Guzmán también habría transferido dinero directamente desde la cuenta bancaria de la cooperativa —en el banco Supervielle— a su cuenta personal. Para justificar los movimientos, habría intentado responsabilizar a un tal Leandro González, con domicilio en Buenos Aires, a quien señaló como encargado de la obra. “A González se le facturó una cosa y se le transfirió otra. Todo es un mamarracho”, lamentaron.

En paralelo, casi todos los integrantes del consejo administrativo habrían presentado su renuncia —por segunda vez en pocos meses—, pero Guzmán no las habría aceptado, lo que le permitiría llegar a la próxima asamblea de socios sin disolver el órgano de conducción. Según los vecinos, la cooperativa atraviesa “su peor crisis en años”.

Además de las irregularidades contables, a la conducción de Guzmán se le adjudica otra responsabilidad grave: no haber previsto ni gestionado adecuadamente la crisis hídrica que afecta a la zona. La comunidad denuncia que, mientras se destinaban millones de pesos a obras con serias dudas de transparencia, se postergaron inversiones esenciales para el abastecimiento de agua.

“Estamos sin agua y con miedo. Y él encadena la puerta para que no entren los policías. Esto no da para más”, concluyó una de las socias en la puerta de la sede. La Justicia no descarta nuevas imputaciones.