Una vez más, la prepotencia de EE.UU se coloca fuera de la ley internacional

La política exterior de Donald Trump hacia Venezuela no solo representa una escalada de agresión política y diplomática: constituye una amenaza directa al orden jurídico internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Su prepotencia criminal y su arbitrariedad ha quedado expuesta una vez mas.

Las denuncias sobre la planificación o promoción del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro —lejos de ser un exceso verbal o una “estrategia de presión”— revelan una concepción imperial del poder, en la cual Estados Unidos se arroga el derecho de capturar jefes de Estado extranjeros como si el mundo fuera su jurisdicción penal privada, y únicamente rige su voluntad de determinar que deben hacer los países, ya que si se oponen a sus designios, pueden ser agredidos en cualquier momento.

No hay ambigüedad posible en el derecho internacional. El artículo 2, inciso 4, de la Carta de las Naciones Unidas establece con claridad meridiana que:

“Los Miembros de la Organización se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.”

La sola amenaza de capturar a un presidente en ejercicio —más aún cuando se formula desde el poder estatal— configura una violación directa de esta norma fundamental. No se trata de una discusión ideológica ni de una disputa diplomática: es la negación misma del principio de soberanía.

A ello se suma el artículo 2, inciso 7, de la Carta de la ONU, que prohíbe de manera expresa la injerencia en los asuntos internos de los Estados:

“Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.”

Si ni siquiera la ONU está habilitada para intervenir en la jurisdicción interna de un país soberano, ¿con qué autoridad moral o jurídica pretende hacerlo Estados Unidos, y mucho menos mediante operaciones coercitivas, encubiertas o violentas?

No se trata únicamente de amenazas ni de declaraciones altisonantes. Estados Unidos ha ejecutado acciones armadas concretas en territorio venezolano, incluyendo ataques terrestres, incursiones de fuerzas irregulares y operaciones destinadas a la captura o eliminación de autoridades del Estado. Estos hechos —largamente documentados— constituyen uso efectivo de la fuerza, en violación abierta y directa del derecho internacional.

Bajo la administración de Donald Trump, Venezuela fue escenario de operaciones terrestres ejecutadas por mercenarios entrenados y financiados desde el exterior, con el objetivo explícito de ingresar al país, tomar posiciones estratégicas y secuestrar al presidente Nicolás Maduro. Estas incursiones armadas, realizadas por vía marítima y terrestre, implicaron enfrentamientos armados en suelo venezolano, muertes, detenciones y confesiones públicas de los involucrados sobre la existencia de contratos, financiamiento y respaldo político desde Estados Unidos.

Negar que estas acciones constituyen una agresión armada equivale a vaciar de contenido el artículo 2, inciso 4, de la Carta de la ONU. No es necesario un desembarco masivo de marines para que exista una invasión: basta el ingreso armado de fuerzas organizadas con fines de captura, derrocamiento o coerción política de un gobierno soberano. El derecho internacional es claro: el uso indirecto de la fuerza, mediante mercenarios o fuerzas armadas, también es atribuible al Estado que las organiza, financia o dirige.

Estos ataques terrestres no fueron episodios aislados ni improvisados. Formaron parte de una estrategia integral de agresión: bloqueo económico, sabotaje financiero, reconocimiento de autoridades paralelas, operaciones encubiertas y, finalmente, acciones armadas en el terreno, como las ocurridas en la últimas horas. Es la misma metodología que Estados Unidos ha aplicado históricamente en otros países antes de una invasión abierta o como sustituto de ella, cuando el costo político internacional resulta demasiado alto.

En este contexto, la planificación y ejecución del secuestro del presidente venezolano no puede ser presentada como un hecho excepcional. Es la culminación lógica de una política que desconoce la inmunidad de los jefes de Estado, viola la soberanía territorial y sustituye el derecho por la fuerza. El secuestro de un presidente en ejercicio, precedido y acompañado por incursiones armadas en su propio país, constituye un crimen internacional de máxima gravedad.

Pero nada de esto es nuevo ya que Donald Trump no actúa por fuera de una tradición: la continua. Estados Unidos ha violado sistemáticamente la soberanía de otros pueblos cuando sus gobiernos no se ajustaron a sus intereses estratégicos. Guatemala, Chile, Panamá, Irak, Libia, Afganistán: en todos los casos, la retórica de la “democracia”, la “seguridad” o los “derechos humanos” fue utilizada como coartada para justificar golpes de Estado, invasiones, asesinatos selectivos y destrucción institucional.

En América Latina, ese prontuario tiene un saldo histórico de sangre y devastación. Dictaduras militares, terrorismo de Estado, economías saqueadas y sociedades fracturadas fueron el resultado directo de esa política de intervención permanente. Venezuela es hoy objeto de la misma lógica: bloqueo económico, asfixia financiera, operaciones de desestabilización y ahora, lisa y llanamente, la amenaza de secuestrar a su presidente.

El artículo 1, inciso 2, de la Carta de la ONU define como propósito central de las Naciones Unidas:

“Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos.”

Nada de lo actuado por Estados Unidos frente a Venezuela responde a ese mandato. Por el contrario, se trata de una política deliberada de sometimiento, que desconoce la igualdad soberana de los Estados y pretende reemplazar el derecho por la fuerza.

Lo verdaderamente alarmante es que estas acciones —ataques terrestres incluidos— hayan sido justificadas o relativizadas por el presidente argentino Javier Milei. Al avalar el accionar de Estados Unidos, Milei no solo convalida una violación flagrante del derecho internacional, sino que legitima el uso de la fuerza contra un Estado soberano de América Latina. No está justificando una sanción diplomática ni una crítica política: está avalando incursiones armadas, intentos de captura y agresiones territoriales.

Esa posición no es neutral ni inocente. Implica abandonar deliberadamente la tradición argentina de no intervención y alinearse con la lógica imperial que considera legítimo invadir, atacar o secuestrar autoridades extranjeras cuando un gobierno resulta “incómodo”. Es una ruptura histórica y jurídica de enorme gravedad. La Argentina ha sostenido históricamente una doctrina clara y coherente en materia internacional: el respeto irrestricto a la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Desde la Doctrina Drago hasta la tradición diplomática del siglo XX, nuestro país se ha pronunciado sistemáticamente contra las invasiones, los bloqueos y las injerencias externas.

El secuestro de un jefe de Estado —Y su planificación— no ha sido un acto de justicia internacional, sino un crimen de extrema gravedad, comparable a los peores episodios de la historia contemporánea. Es, además, un precedente monstruoso: que las grandes potencias puedan capturar presidentes extranjeros cuando deciden que un gobierno es “inconveniente”.

La historia ya ha demostrado el costo humano de ese desprecio. Persistir en él no es un error: es una decisión criminal, que no debe ser aceptada por la comunidad internacional, Tiene que ser objeto de un repudio inmediato, y de acciones que se aparten de lo discursivo para mostrarle a Trump, que el no puede manejar el mundo como se le antoja, por más poder que tenga el país que preside.