La interna libertaria explotó en el PAMI San Luis: amenazas y auditorías

Lo que comenzó como una disputa puertas adentro del PAMI San Luis terminó convertido en un conflicto judicial y político que golpea de lleno a La Libertad Avanza en la provincia. En el centro aparecen una exfuncionaria que denunció amenazas, una senadora nacional, su esposo y una serie de prestaciones médicas millonarias que quedaron bajo la lupa.

La exdelegada del organismo Cecilia Morales denunció ante la Justicia Federal a la senadora libertaria Ivanna Arrascaeta y a Rodolfo Negri, esposo de la legisladora y prestador del sistema, por presuntas amenazas y presiones que, según sostuvo, comenzaron cuando avanzó sobre controles y auditorías de establecimientos vinculados a la familia Negri.

La información fue revelada por La Política Online y expuso una trama que excede ampliamente una pelea por espacios de poder dentro del organismo. La controversia involucra prestaciones por cientos de millones de pesos mensuales y una revisión de miles de órdenes que Morales pretendía realizar antes de dejar su cargo.

Uno de los episodios más delicados denunciados habría ocurrido el 1º de junio en el aeropuerto de San Luis. Según el relato de Morales incorporado a la causa, Negri la increpó porque no le había comunicado previamente la realización de una auditoría sobre establecimientos relacionados con su hermano Mauricio.

Siempre de acuerdo con la denuncia, Arrascaeta también intervino en aquella discusión, tomó del brazo a Morales y lanzó una frase que quedó incorporada al expediente: “Voy a cortar cabezas, voy a cortar todas las cabezas”.

La situación llevó a la entonces delegada a solicitar protección para ella y su familia.

Las cifras que encendieron las alarmas

Detrás del enfrentamiento político aparecen números que explican la dimensión que adquirió el caso.

Según estimaciones internas difundidas por La Política Online, los hermanos Negri habrían registrado prestaciones por $1.091 millones durante septiembre de 2025; $825 millones en octubre; más de $700 millones mensuales en noviembre y diciembre; y nuevamente cifras superiores a los $900 millones por mes durante enero y febrero de este año.

Morales pretendía avanzar sobre más de 7.000 órdenes de prestación emitidas entre 2024 y 2026. La revisión, sin embargo, quedó inconclusa después de su salida de la conducción local del PAMI.

En paralelo, la auxiliar fiscal Paula Bellotti requirió documentación relacionada con las auditorías realizadas a la clínica ante la posible existencia de una defraudación contra la administración pública vinculada con órdenes correspondientes al módulo Fisiatría.

Una de las sospechas que deberá determinar la investigación es si la cantidad de prestaciones cargadas efectivamente podía corresponderse con pacientes atendidos. De acuerdo con la información publicada, desde el propio organismo surgieron cuestionamientos sobre la posibilidad material de realizar semejante volumen de prácticas dentro de los tiempos disponibles.

La denuncia de Morales agregó otro elemento. La exfuncionaria se habría resistido a que una persona de confianza de Negri continuara realizando cargas de prestaciones mediante una computadora desde afuera de la estructura formal del organismo.

Una pelea que llegó hasta Lule Menem

El conflicto dejó rápidamente de ser exclusivamente puntano.

Según la reconstrucción periodística publicada sobre el caso, la disputa llegó hasta una reunión encabezada por Lule Menem, uno de los principales operadores políticos del Gobierno nacional. Allí estuvieron Morales, Arrascaeta, Negri y autoridades nacionales del PAMI.

En ese encuentro, según una fuente citada por La Política Online, Negri habría planteado incluso la posibilidad de que Arrascaeta abandonara el bloque oficialista, conformara un monobloque y dejara de acompañar proyectos del Gobierno si no se encontraba una salida al enfrentamiento.

También habría una grabación de una reunión realizada en la sede del PAMI San Luis en la que Negri buscaba acceder a información del organismo para preparar su defensa frente al expediente judicial.

Las denuncias de hostigamiento no habrían terminado con la salida de Morales. Otra trabajadora del organismo habría denunciado posteriormente llamados, insultos y amenazas de despido provenientes del entorno del prestador.

Un antecedente que vuelve a escena

El nombre de Negri no aparece por primera vez relacionado con cuestionamientos por prestaciones médicas.

Años atrás había sido señalado en una denuncia vinculada con una presunta sobrefacturación de servicios a DOSEP por parte de la Clínica del Aconcagua. Ahora ese establecimiento vuelve a quedar mencionado alrededor de las auditorías realizadas en el PAMI.

El antecedente adquiere otra dimensión frente al volumen económico de las prestaciones que actualmente están bajo análisis judicial.

Por el momento, las acusaciones forman parte de una denuncia y deberán ser corroboradas por la investigación. Será la Justicia Federal la que determine si existieron amenazas, irregularidades en las prestaciones o algún perjuicio económico contra el organismo nacional.

El PAMI cambió de manos en medio del escándalo

Mientras la denuncia comienza a tomar estado público, la conducción del PAMI San Luis acaba de cambiar.

Esta semana asumió al frente de la Unidad de Gestión Local Ada Valeria Salinas, contadora pública y exfuncionaria del gobierno provincial de Claudio Poggi. Su llegada se produce en un organismo atravesado por una disputa política, una investigación judicial y auditorías que quedaron pendientes.

El recambio abre ahora un interrogante inevitable: qué ocurrirá con las más de 7.000 órdenes que Morales pretendía revisar y con los controles sobre las prestaciones millonarias que originaron el enfrentamiento.

Porque detrás de las amenazas denunciadas y de la feroz interna libertaria aparece una cuestión bastante más concreta: determinar si los cientos de millones de pesos pagados por el PAMI correspondieron efectivamente a prestaciones realizadas y, en caso contrario, quiénes fueron responsables.

Ese es ahora el capítulo que deberá escribir la Justicia.