Podrían indagar a escribana por una presunta falsificación

Como un hombre asegura que jamás firmó un poder para que otra persona vendiera un terreno suyo, es muy probable que la escribana que otorgó esa autorización al vendedor sea llamada a indagatoria por el juez Penal Nº 1 de San Luis, Sebastián Cadelago Filippi. Podrían imputarla por falsificación de documento público.
Las sospechas contra la notaria Sara Quevedo de Chávez se acentuaron porque de su bibliorato de escrituras desapareció el poder que según el denunciante, Jorge Mario Saporiti, es falso.

Otro hombre fue estafado al comprarle un lote a un vendedor que tenía un poder hecho por la misma escribana. Pero la persona que lo firma murió en 2006.

Además, Quevedo de Chávez no le informó al Colegio de Escribanos la desaparición de ésa y otras siete escrituras. Ella es una de las más experimentadas de la profesión en San Luis y sabe que debe hacer una denuncia ante la Policía y presentarla luego en su asociación profesional. Pero solamente introdujo una exposición policial en el lugar donde faltan los escritos y entregó el libro al Colegio sin avisar del reemplazo de los documentos por la constancia, según le confirmó a este medio la presidenta de la institución, Lucrecia Inés Soria.
Y el colega que trabaja con ella, como adscripto de su escribanía porque no tiene matrícula propia, le pidió al Colegio la encuadernación del libro –llamado protocolo– que escondía la irregularidad, del año 2013, para que pasara a archivo, cuando todavía no han pedido encuadernar los protocolos de 2011 y 2012.
En unas horas el fiscal Nº 1 de la capital, Gabriel Lutens, recibirá el expediente iniciado en el juzgado de Cadelago Filippi a partir de la denuncia por estafa realizada por Saporiti, el dueño del lote de ochocientos metros cuadrados vendido en Potrero de los Funes sin su consentimiento. 
Saporiti descubrió la estafa porque en enero no le llegó la boleta de la opción contado para pagar el impuesto inmobiliario del terreno. Fue a Rentas, en Ituzaingó y Pedernera, y le informaron que el motivo es que ya no figura él como propietario, sino un hombre de apellido La Guardia.
Esa persona le compró el lote a otra de apellido Villegas, que para legalizar la transacción presentó el poder supuestamente firmado por el dueño de la parcela.
“Le corro vista a la Fiscalía para consultarle si entiende que hay méritos para llamar a indagatoria”, afirmó ayer el juez Cadelago Filippi, ante una consulta de El Diario de la República.

Los quieren como testigos
Amén de las pruebas que podría pedir el fiscal Lutens, el abogado de Saporiti, Guillermo Sánchez Pagano, anunció que solicitará que llamen a declarar como testigos a la secretaria administrativa y el tesorero del Colegio de Escribanos de la Provincia.
“Queremos saber quién le recibió en el Colegio el protocolo al escribano que pidió la encuadernación. Y determinar si hubo una simple negligencia o una complicidad. El encuadernador no hizo el trabajo porque revisó y vio que faltaban escrituras”, contó el abogado.
La ausencia de las ocho escrituras podría ser un indicio de que en todas hay alguna irregularidad. O simplemente hicieron desaparecer unas cuantas porque si “extraviaban” sólo el poder supuestamente refrendado con la firma de Saporiti, la maniobra iba a quedar en evidencia.