Abogado y escribana, investigados por intentar "comprar" a un juez

El abogado Juan Cruz Albarracín y su pareja escribana, Andrea del Valle Escudero Hernández, se presentaron este jueves en el Juzgado Federal de Villa Mercedes, donde los habían citado a declarar por los delitos de "Estafa procesal en grado de tentativa", "Falsificación de documento privado", "Falsedad ideológica" y "Tráfico de influencias agravado". Ninguno de los dos habló en la indagatoria. Ambos se valieron del derecho que tienen de abstenerse a declarar en la causa que los tiene imputados por intentar recuperar casi 19 millones de pesos que la Justicia le había secuestrado a una familia que era investigada por lavado de dinero. Algo que pretendieron lograr, según el fiscal, a través de documentos falsos y tratando de "comprar" al juez federal.

La pareja se presentó ayer en los Tribunales acompañada por su abogado, Valentín Rivadera. A partir de este momento, el juez federal Juan Carlos Nacul tiene diez días para resolver si procesa a los profesionales y, en el hipotético caso de que les quepa el procesamiento, de qué manera sobrellevarán esa etapa del proceso: en libertad o con prisión preventiva.

La posibilidad de que pueda caberles la medida de coerción podría depender no tanto de la gravedad de los delitos que les imputan, sino del peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación que podrían existir si el abogado y la escribana esperan el juicio en libertad.

Mientras tanto los peritos todavía deben inspeccionar los teléfonos que la Policía secuestró en el domicilio de los imputados, ubicado en calle Hipólito Yrigoyen. La fecha para la realización de tales análisis fue fijada para febrero, le precisó una fuente a El Diario.

La investigación contra Albarracín y su pareja empezó por un secuestro que la Policía de Buena Esperanza hizo el 8 de julio de 2020.

En ese momento, estaban vigentes las restricciones para evitar la propagación del coronavirus, por eso el personal de la Comisaría 19ª interceptó a tres camionetas en las que viajaban los miembros de una familia, por la autopista 55.

Los ocupantes de los rodados les dijeron a los efectivos que volvían del límite de la provincia de Córdoba. Contaron que habían ido a comprar un campo, pero al final la operación no se concretó.

Les inspeccionaron los vehículos y les encontraron 18.670.000 pesos, armas de fuego y municiones. La familia, entonces, fue llevada a la comisaría de Buena Esperanza. Albarracín, su abogado, se presentó esa misma noche en la seccional para interceder por su liberación.

Así inició una causa penal que terminó en la Justicia Federal, por considerar que la familia que viajaba en las camionetas era sospechosa de lavado de activos.

Las averiguaciones de la Fiscalía Federal de Villa Mercedes establecieron que Albarracín les pidió plata a algunos de los integrantes de la familia investigada para pagarles a dos personas de San Luis para ejercer "indebidamente influencia sobre el juez a cargo de la causa y obtener la devolución del dinero incautado”.

La investigación también estableció que el abogado quiso intervenir en dicha causa porque su pareja había participado en la operación de la compraventa del campo, y evitar así que Escudero Hernández tuviera problemas por su rol como escribana en esa transacción.

Sin embargo, los elementos reunidos por el fiscal Federico Baquioni Zingaretti indicarían que la mujer insertó una declaración falsa en la escritura de la venta del campo La Candelaria. Ella habría consignado que la operación fue hecha por 4 millones de pesos cuando, en verdad, lo fue por casi 20 millones. La escribana también indicó que la parte vendedora recibió el dinero antes del acto notarial cuando, en realidad, la cancelación de la compraventa fue con dinero en efectivo y en su presencia.