Despouy denunció que le prohíben auditar Aerolíneas Argentinas

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, denunció ayer que en la Ley de Presupuesto sancionada el 28 de octubre último en el Senado con el voto del oficialismo, "se le sacó a la AGN la auditoría sobre Aerolíneas Argentinas".
"Estoy muy sorprendido y en forma muy desagradable, porque en el artículo 17 de la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso se le sacó a la AGN la auditoría sobre Aerolíneas Argentinas", se quejó Despouy, al finalizar una reunión en el Senado donde presentó un informe del resumen de auditoría ambiental hecho por el ente.
En diálogo con la prensa, el jefe de la AGN aseguró que "esto es un atentado a la defensa del interés nacional, porque se aparta al organismo que la defendió (a la empresa). Cuando la Argentina fijó posición contra Marsans en el CIADI, utilizó los informes de la Auditoría. Y ahora la aparta".
La queja de la AGN apunta a que las empresas incluidas en el artículo 17 de la Ley de Presupuesto se regirán por "norma y principios del derecho privado", y otro artículo deja en manos de la AGN sólo la función de hacer "las certificaciones sobre las rendiciones de cuentas de los fondos transferidos" por el Ejecutivo a la empresa, a través de la Secretaría de Transporte de la Nación.
El artículo dice: "Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, a instrumentar los mecanismos correspondientes, a los fines de cubrir las necesidades financieras de las empresas comprendidas en el artículo 17 de la Ley 27.008 hasta el 31 de diciembre de 2016". 
"Las empresas comprendidas en el presente artículo se rigen por las normas y principios de derecho privado, y en particular en cuanto a su naturaleza, por los términos del capítulo II, sección V, de la Ley 19.550 (de Sociedades Comerciales), no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y/o control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación", sostiene el párrafo cuestionado por Despouy.
Justamente este razonamiento fue atacado por la Corte ayer, en la resolución que obliga a la petrolera YPF a publicar el acuerdo con la estadounidense Chevron.