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Día Nacional de la Memoria: una nueva conmemoración con tres identidades recuperadas

Por redacción
| 24 de marzo de 2015
Todavía falta encontrar a seis puntanos que desaparecieron en la provincia durante la última dictadura cívico militar.

La conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia tendrá en San Luis un capítulo especial porque en las últimas semanas el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar los cuerpos de tres víctimas puntanas de la última dictadura militar que permanecían desaparecidas: Jorge Luis Ruffa, Ricardo Enrique Saibene y Alfredo Felipe Sinópoli. El caso de Ruffa se conoció el 7 de marzo cuando los antropólogos le avisaron a la familia que había dado 99,9% positivo el cotejo de ADN con los restos óseos encontrados en el cementerio municipal de Rosario (Santa Fe). Lo último que se sabía era que el 28 de febrero de 1977 fue secuestrado en su casa y llevado hasta el centro clandestino de detención “la calamita”. Otro dato que pudieron relevar los científicos es que podría haber muerto el 17 de marzo de ese mismo año.
La identificación de los estudiantes de Medicina, Sinópoli y Saibene, fue más reciente. El anuncio lo concretó el viernes la antropóloga forense del EAAF, Anahí Ginarte, quien es la perito oficial designada por el Tribunal Oral Federal Nº 3 de Córdoba y que tiene a su cargo la causa por el enterramiento de cuerpos en los hornos del centro clandestino de La Perla, ubicado en Malagueño (20 kilómetros al oeste de Córdoba). Ambos jóvenes fueron secuestrados junto a otros dos compañeros de estudio el 6 de diciembre de 1975 en el Parque Sarmiento de la capital cordobesa, cerca del monumento a Dante Alighieri. Desde entonces no había noticias de sus paraderos. 
Sinópoli nació en Concarán el 9 de Julio de 1953 y tenía 22 años al momento de su desaparición. Su familia paterna es de Santa Rosa del Conlara y sus estudios primarios y secundarios los realizó en Villa Dolores (Córdoba). Saibene tenía 20 años, había nacido el 22 de mayo de 1955 en Villa Mercedes, donde todavía vive su hermano Omar, y era hijo de Domingo Enrique Saibene y Leonor Parra. La primaria la hizo en la escuela “Vicente Dupuy” y la secundaria en el Colegio Nacional “Juan Esteban Pedernera”. 
Aunque la fecha de ambos secuestros fue anterior a la instauración de la última dictadura (24 de marzo de 1976-10 diciembre de 1983) por la privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de esa provincia juzga a Luciano Benjamín Menéndez y a otros 17 ex militares y policías retirados.
Otro motivo que hace especial a esta jornada es que durante la semana terminarán las audiencias del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad que tiene como imputados a 29 represores por el secuestro, tortura, desaparición forzada y/o asesinatos de Raúl Cobos, Vicente Rodríguez, Rafael García, Nolasco Leyes, Pedro Ledesma, Graciela Fiochetti, Santana Alcaraz, Dante Bodo, Luis María Früm, Adolfo Pérez y Domingo Chacón. En los próximos días se conocerá la lectura del veredicto de los jueces Marcelo Alvero, Oscar Hergott y Héctor Cortés, que dictaminarán sobre estos hechos cometidos en Luján, La Toma, Villa Mercedes y San Luis.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) es la organización que comenzó en 1984 con la tarea de recopilar los casos de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado en la provincia y luego elevaron todas esas denuncias ante los Tribunales para que sean juzgados los responsables locales del GADA 141, la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, la Policía Federal y de la Provincia. 
Hasta hoy detectaron 45 personas que fueron muertas o desaparecidas. De ese total se pudo determinar la muerte a través de la  Justicia de 9: Bodo, Cobo, Fiochetti, Früm, Rodríguez, Julio Everto Suárez y los recientes casos de Ruffa, Sinópoli y Saibene. Aún  continúan sin aparecer los cuerpos de Alcaraz, Chacón, García, Ledesma, Leyes y Pérez que, se sabe, estaban en San Luis cuando se los vio por última vez.
La mayoría de quienes fueron secuestrados tenían domicilio en otras provincias porque eran estudiantes universitarios: al menos 6 estaban en Buenos Aires, 5 en Córdoba, 3 en Mendoza, 1 en Rosario, 1 en San Juan y de otras 10 todavía no se pudo determinar dónde vivían al momento de su desaparición. También hay dos casos que, según el testimonio de sus familiares, murieron pero se desconoce cómo sucedió y todavía no fueron incorporados en ningún juicio. 

 

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