De no haber sido porque la fiscal federal general Mónica Spagnuolo pidió que se periten 42 celulares vinculados a la causa, Jonathan Lucas Vogel y sus ocho presuntos cómplices, la mayoría acusados por haber cumplido algún rol en el traslado y la tenencia con fines de comercialización de poco más de 124 kilos de marihuana proveniente de Paraguay, habrían enfrentado este año el inicio del juicio oral en el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Luis. La audiencia de apertura se suspendió hasta que haya certezas de cuándo estará disponible ese informe requerido por la fiscal, por lo que la nueva fecha de comienzo se fijará el año entrante, explicó la secretaria del TOF, Alejandra Suárez. “Según el organismo que va a hacer la prueba –es el Departamento de Análisis Técnico y Pericial de la Superintendencia de Investigación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires– recién para febrero habrá fecha para comenzar con el análisis de los teléfonos”, abundó.
Por la magnitud del secuestro realizado el 14 de febrero de 2015 y la cantidad de acusados, este debate, con seguridad, será uno de los más importantes que el tribunal integrado por los jueces Raúl Fourcade, Gretel Diamante y Alejandro Piña llevará adelante en materia de estupefacientes.
La prueba “me interesa a los fines de poder determinar la relación existente entre los acusados y la posible vinculación de otras personas –explicó el sábado, en un contacto telefónico la fiscal Spagnuolo–, dado que Vogel, al momento del hecho, estaba en el Servicio Penitenciario Provincial”, pagando condena a prisión perpetua por el asesinato del comisario Máximo Sosa.
El encierro, según parece, no fue un impedimento para que organizara desde la cárcel, con ayuda externa y bajo la “vista gorda” de personal de la cárcel, cada una de las tareas relacionadas al transporte desde el vecino país hasta San Luis. Para ello se valió de varios celulares, que consiguió entrar y mantener ocultos en el pabellón, a pesar de que está terminantemente prohibido que los internos tengan este tipo de dispositivos.
La pericia será amplia, dijo Spagnuolo. Es decir, estima que le brindará datos de llamadas entrantes y salientes, de mensajes de texto y de comunicaciones establecidas por otras aplicaciones, tales como WhatsApp.
Complementará otras pericias ya incorporadas, que fueron de vital importancia no sólo para saber qué ruta tuvo el cargamento y poder interceptarlo, sino también para determinar las relaciones entre los sospechosos, quién era quién y qué rol cumplía.
Las pruebas vinculadas a los teléfonos han sido decisivas en la acusación para elevación a juicio que formuló meses atrás el fiscal federal de instrucción, Cristian Rachid. Pidió que Vogel; su cuñado Ricardo Raúl Corzo Charrón; dos allegadas a él, Elena Jacinta Lanza y Jessica Lanza; su amigo y “mano derecha”, Fernando Darío Camargo; la joven que prestó la casa para hacer el trasbordo del cargamento ilegal, Georgina Soledad Daniele; el taxista que llevó la droga, Miguel Ángel Gatica; Francisco Seguel; y el hombre señalado como proveedor, Rubén Orlando González Vega estén sentados en el banquillo.
En el mismo escrito, Rachid solicitó que se accediera a la solicitud de juicio a prueba a favor de Alan Gatica, hijo del taxista. Ese joven, que era menor cuando se hizo el procedimiento, estaba junto a su padre cuando la Policía Federal de San Luis se incautó de los 137 panes de marihuana. Hicieron lugar al pedido que formuló el fiscal.
Éste consideró que Vogel cumplió el papel de organizador “de las conductas de narcotráfico alternativas de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización o transporte”. El delito, a su vez, tuvo agravantes: el haberse valido de un menor de 18 años –el hijo del taxista Gatica– y que en la comisión de éste intervinieran tres o más personas organizadas.
El coordinador y el negociador
“En efecto, y en relación a Vogel, surge claro de las tareas de inteligencia previa (…) su rol de organizador, coordinando las actividades, roles y funciones del resto de los integrantes de la organización criminal detectada, que actuaban bajo su dirección, y particularmente cumpliendo esa función directriz en relación a la adquisición y traslado de la droga”, refirió Rachid en la acusación.
Destacó, además, que ese rol preponderante le permitió dirigir en detalle aún desde el pabellón, sin necesidad de “poner el cuerpo” en la compra y el traslado de la marihuana, tareas que fueron concretadas por otros.
Por su parte, Ricardo Raúl Corzo Charrón, el cuñado de Vogel, fue acusado por el representante del Ministerio Público Fiscal como coautor del mismo delito que Vogel. “Bajo la directa coordinación y dirección de Vogel, intervenía directamente en las actividades relacionadas a la empresa criminal, tales como pactar las compras de estupefacientes fuera de la provincia y de la logística para su ingreso, como así también para su redistribución entre los revendedores de la ciudad y posiblemente de la provincia”, refirió.
Las averiguaciones previas al secuestro y las intervenciones telefónicas permitieron a los investigadores establecer que Corzo Charrón, apodado “El Padrino”, tuvo contacto personal con el proveedor de droga, el paraguayo González Vega, en San Luis, antes de la entrega.
El plan de Vogel y su cuñado era, según los pesquisas, jugarle una pasada al extranjero: hacer pasar al taxista Gatica como un policía federal, para hacerle creer al vendedor que la marihuana quedaría en poder de la Policía, y así esquivar el pago del cuantioso cargamento.
La “cobradora”, el proveedor, el “mano derecha”
Elena Jacinta Lanza, una mujer que ha mantenido una relación de estrecha confianza con Vogel, ha sido considerada como la persona que “se encargaba de cobrar y guardar la recaudación por las ventas de estupefacientes y mantener contacto personal e incluso alojar en su domicilio a integrantes de la banda, como el propio Corzo Charrón, e incluso González Vega”, quedó asentado en la acusación. El paraguayo, justamente fue detenido en la casa de ella, el mismo día que los federales se incautaron de la carga. Está acusada de partícipe necesaria.
Por su parte, el extranjero está acusado como autor de comercialización o distribución de estupefacientes.
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