“Somos los más avanzados de Cuyo en juzgar hechos de la dictadura”

El fiscal federal Cristian Rachid, quien tuvo a su cargo la acusación contra los 29 imputados en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Luis durante la última dictadura cívico militar, anticipó que ya trabaja en la elevación del tercer juicio contra el juez y fiscal Federal de esa época, que habrá un cuarto donde se juzgarán hechos cometidos durante 1975 y 1978, y que este año está previsto hacer una exploración de posibles restos de desaparecidos con el Equipo Argentino de Antropología Forense.

"El aporte de estos juicios en la pacificación, solidaridad y cohesión nacional va a ser innegable"

—¿Qué importancia le asigna usted el haber llevado adelante la acusación en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad?

—Primero le asigno una importancia histórica y hasta cívica de participación ciudadana. Yo soy oriundo de la provincia de San Luis y he tenido el honor por circunstancias temporales, por estar en este momento en este cargo, de juzgar los delitos de la dictadura militar cometidos en San Luis, que para mí tiene una carga personal extra positiva. Y en lo profesional tiene un antecedente importantísimo, porque implica el juzgamiento de violación a los derechos humanos con las características que se han dado en el país que sigue siendo único en el mundo y somos referencia de discusión en foros académicos de Derecho Internacional por este fenómeno que se ha dado. A largo plazo creo que se va a reconocer el aporte social que esto ha provocado. Yo todavía escucho algunas opiniones en contra de estos juicios no tanto ideológicas sino pragmáticas que dicen `¿cuándo nos vamos a ocupar de los derechos humanos actuales y no de los del pasado?´ Yo creo que ése no es un argumento de mucho valor porque en una sociedad democrática es imposible que se construya un pacto social con diálogo cuando esa misma sociedad le ha dado la espalda a las víctimas del propio Estado. El aporte de estos juicios en materia de pacificación, solidaridad y cohesión nacional va a ser innegables y le van a dar el mejor cierre a los conflictos internos de nuestra sociedad a través de la Justicia.

—¿Qué referencias tenía usted sobre la última dictadura militar?

—Mi generación fue víctima de la desinformación en el transcurso de la etapa de la educación primaria y secundaria. Incluso los recuerdos que tengo, tanto en el secundario como en la universidad, es que éste era un tema cerrado. Y agrego, mal  cerrado por esta falta de respuesta institucional, por los vaivenes que tuvo nuestro país en este tipo de cuestiones que comenzó con un gobierno decidido a juzgar estos hechos y que luego por presiones y diferentes coyunturas políticas se vio obligado a relajar ese juzgamiento, hasta terminar ese mismo gobierno asegurando la impunidad con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Más tarde ,llegaron los indultos a través de otro gobierno y por decreto. Hasta que se retomaron los juicios, toda la sociedad vivió esa desinformación, sobre todo de cuál era el trasfondo político, económico y social que se buscó con la instalación de esa dictadura. El conocimiento de todo eso lo alcancé gracias al ejercicio de la función por haberme tocado de manera circunstancial la acusación en estos juicios.

—¿Qué opina de los que dicen que el juicio que se le realiza a Luciano Benjamín Menéndez en San Luis es meramente simbólico?

—Si vamos a los términos pragmáticos el juicio, no tiene mayores efectos de los que ya tuvo el primero al que fue sometido, porque ya fue condenado reiteradamente a prisión perpetua que no es una pena incrementable. Es decir, que la segunda condena a perpetua nada agregó porque de cualquier manera sólo podrá acceder a la libertad condicional luego de 35 años. Ahora, yo no coincido en que sea en términos simbólicos por el derecho de la reparación integral de las víctimas que se conoce como tal en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que también lo ha reconocido la Corte Suprema de la Nación. Un Estado tiene la obligación de juzgar todos los hechos de violaciones a los derechos humanos que hayan sufrido los ciudadanos dentro de su territorio. Y más aún cuando esos hechos los ha cometido el mismo Estado. Mientras haya una víctima que reclame que sean juzgados todos los responsables de esos hechos, jamás será meramente simbólico el juzgamiento de Menéndez porque se está reparando a esa víctima.

—¿Se concretará un tercer juicio aquí en San Luis?

—Ya está en marcha y creo que todavía habrá tiempo para un cuarto. El próximo será lo que se denomina la “pata civil” porque se va a juzgar al juez federal de la época, Eduardo Allende, y a su fiscal, Hipólito Saá. Los dos están procesados por el perjuicio cometido contra 24 víctimas como partícipes de los hechos cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Nuestra postura es que el juez sistemáticamente permitió que se torturara y cuando las víctimas se lo denunciaban, no lo investigaba, y además se las inducía a que no denunciaran. Al repetirlo en al menos 24 casos, esto permite inferir que hubo un acuerdo entre los funcionarios judiciales y las Fuerzas de Seguridad para que todo lo que tuviera que ver con la represión a militantes y opositores políticos iba a ser avalado o ignorado por la Justicia. Espero que podamos empezar las audiencias antes del fin del primer semestre.

—¿Y el cuarto juicio contra quién sería?

—Es lo que se llama “las secuelas”. Esto es importante resaltarlo porque San Luis, dentro de la región Cuyo, es el distrito que más avanzado está en cuanto a juzgar los hechos de la dictadura. Aquí ya se lo ha hecho con la mayoría de los responsables, y lo que se buscaría con este último sería cerrar el círculo juzgando todos aquellos hechos que por distintas razones quedaron afuera de los anteriores. En esto entrarán hechos cometidos durante 1975, antes de la dictadura y luego de los decretos firmados por la ex presidenta Estela Martínez de Perón de lucha contra la subversión, hasta 1978. Lo que ya juzgamos son hechos entre 1976 y 1977, y ahora nos quedan algunos probados del '75 y del '78. Otra cosa importante es la intensificación que vamos a realizar de actividades de exploración de posibles yacimientos de restos de desaparecidos en la provincia. Éste es un reclamo claramente atendible, porque para mí tiene más fuerza inclusive que el de la pena para los responsables, que es el de devolver los restos de los desaparecidos a su familiares. Esto se hará porque tenemos referencias de algunos lugares y para eso vamos a utilizar el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y veremos qué otra repartición nos podrá aportar maquinaria.