Luego de las reiteradas denuncias por los exorbitantes precios de la garrafa de 10 kilos, ayer, Alberto Montiel Díaz, jefe de Defensa del Consumidor, aseguró que el Gobierno tratará de implementar políticas de control. Lo hizo después de mantener una reunión con Pihuel SA, una de las distribuidoras de gas envasado más grandes de la provincia. Además dijo que buscarán evitar los abusos de los revendedores, que de $97 la comercializan a más de $200.
“Lo que queremos, es que las garrafas que se vendan en San Luis, sean de los distribuidores oficiales que están autorizados para vender en la provincia. Sabemos cuáles son y también los costos de venta. Hay gente que viene a comercializar y que no tributa impuestos provinciales y eso es lo que queremos impedir”, comentó Montiel Díaz. “Con respecto a los precios, nosotros no tenemos una facultad legal para limitarlos. Lo que si vamos a hacer es detectar y publicar a los que no están autorizados y dar aviso a los consumidores para que sepan donde les conviene adquirir el envasado”, agregó.
Más Noticias