Maestros que tienen que hacer el trabajo de los jueces

Los docentes y los directores de escuela, además de hacer su trabajo, tienen que hacer el de las juezas de Familia y Menores. Eso sostuvo, en otras palabras, el Superior Tribunal de Justicia, en el comunicado que emitió el miércoles en relación con la polémica desatada por la falta de reacción de la Justicia de Familia para poner a resguardo a Mateo, el nene de 7 años al que sus padres dejaban encerrado, encadenado, maniatado y amordazado en su casa.

A Mateo lo rescataron recién el sábado 30 de julio, gracias a una familia vecina. Los que intervinieron fueron la Policía y una jueza Penal, cuando a la jueza de Familia Nº 1, Estela Bustos, le habían denunciado el caso el 3 de junio del año pasado. Y a la jueza de Familia Nº 2, Viviana Oste, le habían presentado una nueva denuncia, por otros maltratos al chico, el 30 de junio de este año. Ninguna adoptó medida alguna para poner a salvo al niño.

El argumento de Bustos fue que cuando la directora de la Escuela Nº 313, “Rosario M. Simón”, le presentó la denuncia el año pasado, ella investigó y no halló ninguna prueba de que el chico era maltratado. Más aún: entendió que tampoco había riesgo de que le pasara eso en el futuro. Y lo dejó en manos de sus padres.

La corte provincial salió a decir que la jueza Bustos, si bien no actuó para proteger al nene, “ordenó enviar un oficio a la directora de la escuela encomendándole la realización de un seguimiento del menor”. Y acto seguido, culpó a la docente porque no contestó el oficio ni informó que al nene lo habían cambiado de escuela.

Si la intención del STJ al emitir esa toma de posición fue darle una mano a la jueza Bustos, obtuvo el resultado adverso: llamó la atención sobre el hecho de que la magistrada no hizo nada. Y le dejó a la opinión pública la idea de que a los ministros del máximo tribunal provincial no les interesa otra cosa que hacer causa común con los magistrados de los tribunales inferiores cuando son cuestionados por su desempeño.

El rechazo al comunicado fue tal que hasta el ministro de Educación, Marcelo Amitrano, tuvo que salir al cruce y además ir personalmente a manifestar su solidaridad a los docentes afectados. Sobre el comunicado, Amitrano fue tajante: “Es un acto de violencia institucional hacia los miembros del sistema educativo provincial”, dijo.