A un año del crimen, esperan el juicio por el caso Romina Aguilar

Romina Celeste Aguilar y Diego Hernán Lorenzetti sonreían, uno al lado del otro. Así se los veía en las fotos que se hicieron públicas después de que ella fue asesinada de dos balazos en la puerta de su casa, hace hoy exactamente un año. La mañana del sábado 30 de enero de 2016 se hicieron trizas las certezas sobre la pareja y la sospecha más firme indica que esas fotos mienten. El primer aniversario del crimen encuentra al viudo, el intendente de La Calera, preso como supuesto autor intelectual del asesinato.

Al juicio oral lo harán seguramente este año. La resolución judicial de la causa, por esa vía, debería marcar el fin de las suposiciones y reconstruir las certezas sobre el caso. Debería dejar aclarado, sobre todo, si el crimen fue pergeñado puertas adentro de la pareja, por diferencias que Lorenzetti se empeña en ocultar, para conservar intacta la imagen de que eran un matrimonio feliz, lleno de proyectos, y mantener en pie su presunción de inocencia. En otras palabras, para evitar que lo condenen a prisión perpetua.

La suerte del viudo está atada a la de sus dos posibles cómplices, los supuestos autores materiales del homicidio, el jockey brasilero que solía montar los caballos de carreras de Lorenzetti, Edivaldo de Oliveira Pereira, y Leandro “El Bocón” Vílchez. Ellos también están presos.

Que el asesinato de Romina fue un encargo parece una verdad sólida desde el primer momento. O al menos, no encontró asidero la hipótesis de que había sido víctima de un caso de delincuencia común. Los dos delincuentes que la abordaron le pegaron dos balazos, pero no le robaron nada. Ni siquiera intentaron quitarle un monedero, un anillo, el celular. La mataron y se fueron.

Faltaban veinte minutos para las siete de la mañana. La chica de 32 años acababa de sacar su Renault Duster de la cochera, que daba a la calle Los Alerces y la había estacionado frente a la vivienda, sobre la calle Juan Saá. La casa, la número 1 de la manzana 78 del Faecap, está en la esquina de Juan Saá y Los Alerces, cien metros al sur de la ruta nacional 147.

Romina se bajó para ir a cerrar el portón. Estaba por irse a La Calera, su pueblo, porque cursaba la escuela primaria en el plan PIE. En eso llegaron dos hombres en moto. El que iba de acompañante se bajó y la encaró, apuntándole con una pistola. La escena fue presenciada por los ocupantes de una casa de la ochava suroeste, que a esa hora prolongaban, en la vereda, una salida nocturna.

El asaltante tomó a la víctima junto a la puerta del conductor y la empujó por la calle hacia la parte trasera del vehículo. Ahí le pegó el primer balazo, en el pecho. La chica, malherida, caminó por Los Alerces, en dirección al garaje, pero se desplomó en la vereda. El matón fue de atrás y la remató de atrás, con un tiro en la cabeza.

Corrió, se subió a la moto y su cómplice arrancó

La explicación más plausible conocida hasta ahora, sobre esa actitud de los homicidas, la dio el brasilero. El lunes 29 de febrero, unas horas después de que la Policía allanó un taller y secuestró su moto Yamaha Crypton 110, el jinete se presentó ante la Justicia. Declaró que ése era el vehículo usado en el crimen. Confesó que él lo había conducido. Y agregó que el que iba como acompañante y le disparó a la chica era “El Bocón” Vílchez.

Dijo que él no sabía que iban con el propósito de matar a la víctima, que lo habían tentado con asaltar a una mujer porque había buen dinero para hacerlo. Cuando lo vio a Vílchez salir con las manos vacías, sin haber intentado sacarle nada a Romina, pelearon. Y “El Bocón” le dijo que se quedara tranquilo, porque ése era el plan original. Al “trabajo” se lo había ofrecido su primo, “El Chori”, Héctor Gastón Heredia. Y le había dicho que era un encargo del esposo de Aguilar, que les iba a pagar cien mil pesos.

Heredia es primo político de Lorenzetti: su esposa, muerta en un accidente de moto, era prima hermana del intendente, que solía ayudar con dinero a la pareja y es el padrino de su hija mayor.

Hay puntos flojos en la versión de Oliveira. Dice que no vio un peso de esa plata, pero otros testimonios indican que apenas unos días después se compró un auto.

“El Bocón” estuvo prófugo hasta el jueves 31 de marzo. No quiso declarar al principio. Recién en noviembre, después de cambiar de abogado defensor, accedió a hacerlo. Dijo que el brasilero miente y que él no tuvo nada que ver.

Lorenzetti tampoco se ha hecho cargo de las presunciones en su contra. Cada vez que declaró en el juzgado intentó orientar las sospechas hacia su adversario político, el ex intendente de La Calera Alberto Leyes. Sostiene que la mandó a matar por venganza, porque él le arrebató el poder en el pueblo y se preparaba para desplazarlo de todo el Departamento Belgrano. Y también porque Romina estaba decidida a hacerse un ADN para corroborar su sospecha de que era hija de Leyes, según el acusado.

En cambio, según la hipótesis que mantiene preso al intendente, él ordenó matar a su esposa porque la relación de pareja era pésima, por infidelidades mutuas y por peleas relacionadas con el manejo del dinero que Lorenzetti obtenía de negocios oscuros, que Romina amenazaba con develar si no la hacía partícipe de las ganancias.

Ciento veinte días más

Ciento veinte días. Ése es el plazo del que dispone el juez Sebastián Cadelago Filippi, desde el 27 de diciembre, para terminar con la instrucción del sumario y arribar a aquellas verdades que todavía falta develar. Es una prórroga extraordinaria que le concedió la Cámara del Crimen 2 de San Luis.

El abogado de Lorenzetti, Carlos Salomón, ha alzado sus cuestionamientos contra el otorgamiento de ese plazo extra, antes del cual el juez había dispuesto de una prórroga ordinaria, concedida el 4 de mayo, y una extraordinaria, otorgada el 29 de agosto.

“La última prórroga extraordinaria y excepcional, según nuestro Código de Procedimientos, solo puede ser concedida si el magistrado entiende que la prueba no es suficiente para elevar la causa a juicio ni dictar sobreseimiento definitivo”, sostuvo Salomón. “Sin embargo, el juez se limitó a decir que era necesaria la producción de prueba pendiente y que el expediente es complejo, cuestiones que son ajenas a las requeridas para el otorgamiento de esta prórroga excepcional”, afirmó.

El magistrado a cargo de la investigación pidió un plazo más porque “necesita pedir pruebas, testimoniales y pericias informáticas de los celulares y computadoras secuestradas”. Por eso corresponde darle un plazo más, resolvió el tribunal.