Vendía su vivienda social en las redes y ahora tendrá que dar explicaciones en la Justicia

La Secretaría de Vivienda desbarató un hecho delictivo, tras enterarse de que un adjudicatario de una casa social en Merlo ofrecía la propiedad a la venta en las redes sociales, pese a que no estaba cancelada ni escriturada y a que mantenía una deuda con el Estado puntano. Al responsable del ilícito le  valió la quita del inmueble, como también quedar al margen de cualquier beneficio para acceder a una nueva vivienda y como proveedor del sistema público. Además, lo demandarán civil y penalmente.

Así lo confirmó la secretaria de Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto, quien indicó que comenzaron a investigar el caso durante la semana pasada, luego de recibir una denuncia que incluía la captura de pantalla de internet con el ofrecimiento de la casa 1 de la manzana 42, del barrio Los Frenos (156 Viviendas) de la villa turística, que había sido entregada por el gobierno provincial en 2013.
"Inmediatamente instruí a mis funcionarios para que verificaran la veracidad de la publicación. Llamaron y dijeron que estaban interesados en la compra y la persona que los atendió les dio todos los datos y dijo que el precio era de 65 mil dólares. Manifestó, además, reconocer que no estaba cancelada, pero con el dinero de la venta lo iba a hacer y que en seis meses iba a estar el cambio de titularidad, como también la escritura", señaló Gatto, quien agregó que una vez en Merlo, los funcionarios que se hicieron pasar como potenciales compradores se reunieron en la propiedad —que estaba completamente deshabitada— con un intermediario, "un corredor o agente inmobiliario a cargo de la operación", sostuvo.

Luego de ser recibidos por esa persona, quien les mostró las instalaciones y volvió a repetir el precio fijado, con la opción de ceder algún terreno y saldar lo restante en efectivo, los integrantes de la Secretaría de Vivienda le informaron al vendedor sobre su verdadera identidad como personal del organismo estatal. Le indicaron que estaba violando la ley y le notificaron que retirase las publicaciones de las redes sociales y desista de la intención de comercializar la vivienda, que quedó bajo custodia del Estado.

"Está deshabitada y tiene deuda, por lo que iniciamos de inmediato el proceso de desadjudicación. Además, desde el punto de vista legal, la Fiscalía de Estado ya tiene toda la documentación para que inste las acciones que correspondan, ante la tentativa del delito que se pretendía cometer sobre el que la Ley Integral de Vivienda es muy clara", explicó Gatto.

En su artículo Nº 8, la legislación sancionada en mayo de 2007 establece que "la persona humana o física que interviniera, facilitara, propiciara o realizara la transferencia, cesión, alquiler, permuta o préstamo de una vivienda adjudicada, será pasible de las sanciones administrativas que determine la reglamentación, así como de las acciones civiles y penales que pudieran corresponder".

Además, la normativa en su artículo Nº 14 obliga a los adjudicatarios de casas sociales a "habitar  la vivienda en forma efectiva e inmediata desde la entrega de la llave, conjuntamente con el grupo familiar denunciado", como también "cumplir en tiempo y forma con el pago de las cuotas correspondientes".

"En este caso se aplica plenamente la Ley Integral de Viviendas, que indica que las casas construidas y entregadas por el Estado no pueden cederse, venderse o transferirse. En caso de que eso ocurra, se deberán aplicar todas las sanciones administrativas que correspondan, más las acciones civiles y penales", indicó Gatto.