Investigan si en dos comisarías encubrieron a un policía violento

Por el caso ya hay una investigación en marcha, en el juzgado de Familia y Menores de Concarán, por violencia de género; pero sería inminente el inicio de otra, penal, por el presunto encubrimiento del agresor por parte de efectivos de dos comisarías del interior provincial.

Ambas acusaciones son graves: la primera, porque el agresor, además de policía, habría utilizado su arma reglamentaria para amenazar a la víctima, que es su ex pareja y tiene 20 años; la segunda, porque, siempre según el relato de la damnificada, la Policía no solo no habría remitido sus denuncias a los juzgados pertinentes, sino que algunos agentes se habrían negado a tomarle sus exposiciones haciéndole honor a un supuesto “código miliciano” y hasta no habrían querido auxiliarla en ocasiones en que el joven la golpeaba. 

Las denuncias de Anabella Giselle Amaya implican a cada vez más personas y acusan la ocurrencia de más delitos que el revelado inicialmente: haber sido amenazada de muerte y golpeada por su ex, Jonathan Amaya, un alférez que prestaba servicio en la comisaría de La

Toma y que fue pasado a disponibilidad el viernes de la semana pasada.

“Si no conté esto antes o no lo denuncié no es porque tenía afecto, cariño u otra cosa. No, fue por miedo, porque todo el tiempo estuve amenazada por una persona que me decía que me iba a matar, que se iba a matar”, relató la víctima, en un video filmado y difundido en internet por el periodista Daniel Horacio Rodríguez. 

Parte de las acusaciones que hizo en esa publicación contra efectivos de la Comisaría 23ª de Tilisarao y de la Comisaría 16ª de La Toma están expresadas en la denuncia que radicó en el juzgado de Familia y Menores 1 de San Luis, el martes 15 de mayo; pero otras no, por lo que la jueza de Familia y Menores de Concarán, Daniela Estrada, que quedó a cargo del caso, le pedirá que las reitere el lunes en su despacho.

Hasta ahora, la versión de la víctima ha sido la siguiente: ella y Amaya comenzaron una relación que duró casi cuatro años, hasta que, en agosto de 2017, comenzaron los primeros conflictos en la pareja y también los episodios de violencia; convencida de que quería salvar el noviazgo la joven le propuso comenzar terapia de pareja, lo que funcionó por un tiempo, hasta que el 30 de diciembre le dio una paliza en La Toma; antes, en Tilisarao, la había dejado encerrada cuatro días en el baño de la casa que compartían, sin comida; refirió haber sufrido todo tipo de agresiones entre esos hechos y después de ellos también, y que en una ocasión hasta la dejó inconsciente, a golpes.

Un fiscal podría investigar
Por lo ocurrido a fines de diciembre “hice la denuncia el 4 de enero, y fue notificado supuestamente al otro día, el 5. Pero al juzgado nunca llegó porque en la comisaría de La Toma la taparon”, aseguró Amaya en la entrevista que le hizo Rodríguez. 

En la denuncia que radicó en San Luis hace diez días fue más allá y acusó haber ido a la comisaría de Tilisarao por otros hechos ocurridos en 2017. “Puse en conocimiento de lo que sucedió al jefe de la comisaría, comisario (Jorge) Mansilla”, pero no labraron las actuaciones, no le informaron a nadie, aseguró.

También refirió que en otra ocasión, luego de ser agredida por Amaya, un patrullero de La Toma respondió a su pedido de auxilio, pero cuando el chofer quiso trasladarla a la seccional el agresor intervino y, haciéndole notar que él tenía más antigüedad en la Fuerza, le ordenó a su camarada que no se metiera.

“Quise hacer otra denuncia en La Toma y me dijeron que por código miliciano no me podían tomar una denuncia en la que se esté acusando a otro policía”, denunció Anabella públicamente.

Nuevas medidas
Más que afirmaciones Estrada quiere pruebas. “La denuncia en sí es por violencia familiar, pero yo tengo la obligación de averiguar no solo todos los hechos de violencia ocurridos en enero, antes, después, en La Toma o en Tilisarao, sino también averiguar por qué no se giraron esa actuaciones. Por eso le voy a dar intervención al fiscal, para que investigue si hubo algún tipo de incumplimiento y si eso constituyó algún tipo de delito, que en caso de haberlo sería competencia de un juez penal”, comentó la jueza, ante una consulta de El Diario.

Al no recibir respuesta de las autoridades, la joven Amaya viajó a San Luis el 15 de enero para denunciar su caso en el juzgado de Familia y Menores 1 y también en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía. Ese mismo día el juzgado libró una orden de restricción contra el efectivo policial y solicitó un botón antipánico para la víctima.

A la par, en la Policía le iniciaron un sumario administrativo a Amaya, lo pasaron a disponibilidad el viernes 18 de mayo y le retuvieron su arma reglamentaria, luego de que una entrevista psicológica arrojara como resultado que no estaba apto para portarla.
Como los primeros episodios de violencia ocurrieron en Tilisarao, el juzgado de San Luis se declaró incompetente y le giró las actuaciones a

Estrada, que tuvo el expediente en su poder el miércoles.

“Dicté algunas medidas ampliatorias a la que se habían tomado en San Luis. Reiteré la orden de restricción de acercamiento en un radio de 300 metros, bajo apercibimiento de arresto en caso de incumplimiento; fijé el plazo de la duración de las medidas en 180 días; amplié esa medida prohibiendo a las partes involucradas relacionarse o tener cualquier tipo de contacto entre sí vía internet,  mail, chat, redes sociales, vía telefonía móvil, bajo apercibimiento de ley; solicité a la Comisaría 23ª que, ante el simple requerimiento de la damnificada, se constituya en el domicilio y el lugar en el que se encuentre para resguardar su integridad psicofísica; ordené rondas policiales en el domicilio de la víctima y los autoricé para hacer uso de la fuerza pública o hacer allanamientos si es menester; también designé una audiencia testimonial para ambos, el lunes, separadas, para que no se crucen y posterior a que se sometan a una entrevista psicológica”, detalló.

“Cuando me entreviste con ella el lunes voy a pedirle que me haga un detalle de los hechos. De acuerdo con las fechas que me dé voy a comenzar a enviar oficios a las comisarías actuantes para que me remitan registros, si los hay”, adelantó.