La oposición reniega de una deuda que supo negar y ahora siembra miedo

La decisión del Gobierno de enviar un proyecto de ley para que la Legislatura lo autorice a ceder, vender o transferir los dineros de la sentencia de los dos juicios que San Luis tiene ganados a la Nación y también los juicios aún sin sentencia, es una reacción más (como el adelanto de la suba salarial de octubre o la entrega de 50 mil pesos a pequeños comerciantes) para tratar de amortiguar el escenario económico hostil que muestra el país.
Con las negociaciones por el pago de la deuda "planchadas" (el gobierno nacional en los últimos meses cortó el diálogo y cerró su agenda en torno a temas vinculados sólo al FMI y al dólar), la inflación está licuando los dineros de los puntanos ganados en los litigios. Esa situación se da debido a que el monto de la sentencia está pesificada y aún resta acordar la tasa de interés a aplicar. Y se estaba negociando actualizarlo con una de entre el 20 o 22%, una cifra muy por debajo de la inflación galopante prevista para este año que superará el 40%. La posibilidad de "vender" esa deuda le permitiría al Gobierno hacerse rápidamente del dinero e invertirlo a los valores del mercado y evitar así el esmerilado de los dineros públicos.
Pero ya se escucharon voces de la oposición que se niegan a esa alternativa. Son los mismos dirigentes que cuando la Provincia inició los diferentes juicios contra la Nación, respaldada en la Consulta Popular del 28 de octubre de 2007 (que le dio el mandato de reclamar por la vía judicial las deuda de la Nación con San Luis), negaba que existiera tal deuda. Y es la misma oposición que desde que la Corte Suprema de la Nación le dio la razón a San Luis no han movido un dedo a favor de la provincia para reclamar el pago de la deuda. Encima, mientras esta ley busca preservar el capital de todos los puntanos, la oposición solo intenta sembrar miedo en la sociedad tergiversando el objetivo de la legislación porque dice malintencionadamente que la Provincia va a endeudarse y pone en dudas las finanzas sólidas, equilibradas y sin ningún tipo de deuda del Ejecutivo sanluiseño.