Los puntanos creen que hay que separar la Iglesia del Estado

El debate está instalado. Cada vez más personas creen que la Iglesia y el Estado son un asunto separado y por ello iniciaron una campaña que prevé la renuncia a la fe católica, un movimiento que invita a apostatar.

Una encuesta realizada a través de la página web de El Diario arrojó que de las seiscientas noventa y ocho personas que votaron, un 64,76 por ciento considera que el Estado no debe seguir manteniendo económicamente a la Iglesia Católica, mientras que el 35,24 piensa lo contrario. 

Otro debate, el de la despenalización del aborto tuvo a la Iglesia católica como uno de los más fuertes detractores. Además de los pañuelos verdes (a favor) y celestes  (en contra) surgieron naranjas, cuyo objetivo primordial es lograr un Estado laico. 

Entre los reclamos que hacen esos grupos, la apostasía es solo una parte, "es una respuesta ciudadana a una institución que sienten que no los representa. Los legisladores están presentando distintos proyectos de ley, uno es el tema de los salarios, otro sobre los símbolos religiosos que están en todos lados y pertenecen a una sola religión. Los espacios públicos tendrían que ser neutrales a las religiones”, dijo Analía Mas, representante de CAEL (Coalición Argentina por un Estado Laico) a nivel nacional y miembro de la Federación Argentina de LGBT.

CAEL se formó en 2009 y desde esa época realizan apostasías con regularidad, pero el 9 de agosto de este año, día en que se rechazó la legalización del aborto, la organización convocó a una apostasía masiva a través de las redes y ya juntaron más de cuatro mil formularios para dejar de pertenecer a la Iglesia Católica. 

Según explicó Mas, la Coalición surgió después del debate sobre Matrimonio Igualitario, que tuvo como principal detractor al entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco. “Hubo una situación similar porque en ese año él dijo que era una ‘guerra de Dios’ y eso generó en la gente mucha indignación. Ahora se da un paralelo porque es Papa y sigue interviniendo en esta temática”, refirió la abogada.

En San Luis se replicaron las marchas, los pañuelos y los debates y, aunque recién están en etapa de formación, el río naranja empieza a verse de a poco por las calles. Érica Esquivel, miembro de la Red contra la violencia en el Valle del Conlara, contó que se juntó con otras organizaciones de la provincia que buscaban pañuelos para apoyar la campaña. “Hasta hace unos meses San Luis no contaba con representantes. Escribí a la página de Facebook de la Campaña Federal por la Separación Estado/Iglesia y me contactaron con un referente de Mendoza. Y así empezamos a armar reuniones informativas en distintos lugares, aunque esto es el inicio”, contó sobre el grupo. 

Esquivel aclaró que “somos una organización apartidaria, se puede sumar quien desee y cada uno puede tener su ideología política, pero el grupo no responde a un partido político. Nuestro objetivo primordial es un Estado laico real”. 

Los quiebres
Los fieles al catolicismo marcharon en contra de la legalización del divorcio en 1987, contra la aprobación de la ley del matrimonio gay en 2010 y contra el aborto legal este año. Debido a esto, cientos de personas comenzaron una campaña de apostasía colectiva para dejar de pertenecer a la Iglesia Católica.

Este fue un disparador, otras detracciones tienen que ver con lo económico. El artículo 2 de la Constitución Nacional establece desde 1853 que “el Gobierno federal sostiene el culto Católico Apostólico Romano”. A partir de esto, el apoyo económico del Estado argentino a la Iglesia Católica se implementa de diversas formas, ya sea con exenciones impositivas, subsidios a establecimientos educativos, mantenimiento de templos, sueldo de los obispos, entre otros destinos. 

En marzo de este año el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló que el presupuesto 2018 destinado al pago de sueldos de obispos y otros cargos eclesiásticos ascendía a más de 130 millones de pesos y que un obispo percibía hasta 46.800 pesos mensuales. El debate por el financiamiento económico a la Iglesia Católica se convirtió en la punta del hilo de una bandera de lucha naranja para diversos movimientos en el país, que advierten que se trata de una cifra incompleta, ya que deja fuera otros fondos que goza este culto.

En Argentina, antes de la creación del Registro Civil, la Iglesia Católica manejaba todo lo relacionado a nacimientos, defunciones y cementerios, y la historia indica que los avances en derecho se hicieron en democracia y los privilegios han sido durante dictaduras. Un claro ejemplo es que durante la última dictadura militar se sancionaron decretos-leyes que instauraron contribuciones especiales destinadas sobre todo al pago de salarios a obispos y auxiliares, jubilaciones vitalicias, viajes al exterior y a las provincias, becas de seminaristas y subsidios a párrocos de frontera.
 

Apostasía: puntos a tener en cuenta
Según la Real Academia Española, apostatar es abandonar públicamente una religión. La acepción para la CAEL (Coalición Argentina por un Estado Laico) es específicamente “darse de baja de la Iglesia Católica”. Desde su sitio web https://www.apostasia.com.ar/index.php, la organización da detalles de qué es apostasía, cómo realizar el trámite y por qué hacerlo, hay un video explicativo y además tiene una sección de preguntas frecuentes para dejar en claro su objetivo. Desde esa página proponen esta acción porque “para la Iglesia Católica todo bautizado es católico, está de acuerdo con sus doctrinas, y por lo tanto utiliza la cifra de bautizados (muy alta porque el bautismo se transformó en una cuestión cultural) para imponer sus puntos de vista en la legislación y conseguir privilegios”.

La representante de CAEL, Analía Mas, contó que el trámite es sencillo, y que en la página web puede bajarse un formulario modelo, “hay que colocar el nombre, DNI, domicilio real, un mail, teléfono y el dato fundamental es la fecha y el lugar de bautismo. Lo pueden presentar alguien de forma individual o reunirse con otra gente y presentar varias juntas en el Episcopado de la zona donde habita cada uno”, informó y agregó que también enviaron hace un par de meses una nota al Episcopado pidiendo que unifiquen criterios para los requisitos y que los trámites sean más expeditivos. 

La carta que se envía informa la decisión de dejar de pertenecer a la Iglesia Católica y la eliminación inmediata y total de toda constancia registral donde se figura como católico. Debe ser enviada a la diócesis correspondiente al domicilio de residencia real y en la misma se exige una respuesta favorable en el término de cinco días. Si esto no sucede, se puede intentar un contacto informal con la diócesis para consultar el estado del trámite o, la segunda opción, más engorrosa es hacer una denuncia en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

Tanto representantes de San Luis como de Buenos Aires dejaron en claro que la apostasía es un hecho simbólico. “Lo de la apostasía no es una necesidad, se puede seguir adherido a la Iglesia y no estar de acuerdo con que se le pague todo ese dinero. La apostasía no es una condición para la campaña”, aseguró Érica Esquivel, miembro de Red contra la violencia en el Valle del Conlara. Mientras que Mas afirmó que “mucha gente me ha dicho que seguirá creyendo, y mantiene su relación con Dios, pero no quiere pertenecer a una institución que no los representa, que dice cosas con las que no están de acuerdo”, finalizó.