El cumpleaños de un escándalo

El bochorno de las coimas en el Senado cumplió esta semana 19 años. La fecha fue tomada el 6 de octubre, el día en que el vicepresidente de la Nación, Carlos “Chacho” Álvarez, le presentó su renuncia al presidente Fernando de la Rúa. El tamaño del escándalo por los supuestos pagos de sobornos a legisladores peronistas para que aprobaran una reforma laboral, perjudicial para los trabajadores, no tuvo después su correlato judicial: todos los involucrados, del presidente de la Nación para abajo, fueron absueltos.

Un testimonio clave fue el de Mario Pontaquarto, secretario parlamentario del Senado, quien será recordado como uno de los primeros arrepentidos de la historia nacional. Declaró que, en una reunión en Casa Rosada, De la Rúa aceptó que pagaran los sobornos que pedían senadores peronistas para aprobar la ley, en abril de 2010.

En el Senado, el peronismo era mayoría. Según Hugo Moyano, en una cena en un sindicato le dijeron al entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, que la votación de la ley sería adversa para el gobierno. Y el funcionario habría respondido: “Para los senadores tengo la Banelco”. El funcionario Pontaquarto declaró que él fue a la SIDE –Secretaría de Inteligencia del Estado– a buscar dos bolsos con cinco millones de pesos (lo que equivale a decir cinco millones de dólares, porque eran tiempos del uno a uno), que le entregó al senador Emilio Cantarero en la casa del legislador.

Según la investigación inicial, los involucrados, además del Presidente, eran el entonces jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, el ministro Flamarique y los senadores justicialistas Emilio Cantarero, Remo Constanzo, Alberto Tell, Ricardo Branda y Augusto Alasino.

La renuncia de “Chacho” Álvarez fue uno de los hitos de la historia de un gobierno debilitado, que terminó con la crisis de diciembre de 2001.

Muchos años después, recién en diciembre de 2013, los involucrados en el escándalo de las coimas en el Senado recibieron a absolución de un tribunal integrado por Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez.

Los jueces dieron por no probado el pago de sobornos. “La prueba producida en el debate y las demás constancias del proceso permitieron acreditar, sin lugar a dudas, que los hechos imputados a lo largo de este proceso no existieron”, dijeron en su resolución. Y calificaron de “embaucador” al testigo clave, el arrepentido Pontaquarto.

Dos años después, la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Nación, confirmó las absoluciones, por el beneficio de la duda. Quedó la idea que la Justicia vio lo que quiso ver. Y al cuerpo legislativo le quedó la afrenta del bochorno.