Más de 2 mil estatales serán recategorizados y otros mil pasarán a planta permanente

Las cifras las dio a conocer la ministra de Hacienda. Abogadas previsionales destacaron la mejora para el personal que está próximo a jubilarse.  

Serán 2.343 los empleados de la administración pública provincial que ascenderán a la máxima categoría del escalafón general, de los cuales, 1.530 son mujeres y 813 hombres. Además, mil trabajadores que ya cumplieron los cinco años de antigüedad pasarán a planta permanente. Las cifras fueron confirmadas a El Diario de la República por Natalia Zabala Chacur, ministra de Hacienda, quien brindó más detalles de la batería de medidas anunciadas por Alberto Rodríguez Saá y que incluye, también, un incremento salarial para todos los empleados de un 40%, una actualización de las asignaciones familiares en más de un 100% y subas en los planes sociales, en un 20%.

El monto que será asignado para los incrementos y recategorizaciones "proviene de los recursos que entran mensualmente de la coparticipación y recaudación provincial. Siempre está todo calculado para poder hacer frente al aumento salarial con los recursos corrientes que recibe la provincia".

"Esto no deja los números en rojo de la provincia bajo ningún punto de vista, si no, no se hubiera anunciado nunca este aumento", remarcó la ministra. "Lo primero que queremos transmitir es esa tranquilidad, la provincia tiene las finanzas en orden y, de hecho, este aumento está pensado sin cobrar el juicio por fondos de la coparticipación que nos debe la Nación y está proyectado en este periodo de recesión que puede profundizarse en los próximos meses. Aún considerando que es un año electoral, no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno nacional en tal sentido", agregó.

La ministra destacó, a su vez, el carácter social de las actualizaciones en los planes sociales y las asignaciones familiares, estas últimas en más de un 100%, que no eran actualizadas desde 2015. "El Gobernador siempre prioriza lo que son las políticas con la justicia social, entendiendo que es lo opuesto a un gobierno neoliberal como el que está llevando adelante el presidente Macri, que al que más perjudica es justamente al que menos tienen", apuntó. Sobre las asignaciones familiares indicó que el Gobernador "creyó importante actualizarlas, porque los hijos y aquellos que tienen discapacidad son los que más demandan en un grupo familiar. Y cuando más se acentúa la crisis, más ayuda necesitan".

Para los futuros jubilados

Las recategorizaciones repercutirán directamente en los futuros jubilados de la administración pública. Y es que la medida se aplicará en aquellos que estén dentro de los últimos diez años para jubilarse, en el caso de los hombres a partir de los 55 y, en el de las mujeres, a los 50. Esto les permitirá mejores haberes iniciales a quienes dejen de trabajar.

Silvia Rapisarda, abogada previsional y quien se desempeña como jefa del Programa Cultura, explicó que actualmente las jubilaciones se calculan de acuerdo a tres ítems: la Prestación Básica Universal, la Prestación Compensatoria y la Prestación Adicional por Permanencia.

En el primer caso, "es un monto igual para todos con independencia de los años que cada uno tenga aportado al sistema", pero en los otros dos puntos "se toma el promedio de los 10 últimos años de  las remuneraciones percibidas y se multiplica por el 1,5% y por la cantidad de años aportados al sistema". En la Prestación Compensatoria se toma en cuenta lo recibido hasta antes del 30 de junio de 1994, mientras que en la Prestación Adicional por Permanencia se contabilizan los salarios posteriores a esa fecha. "Si el promedio de los 10 últimos años es bajo, evidentemente va a ser baja la jubilación. Si yo tengo un mejor salario en los últimos diez años, mejor va a ser el monto de la jubilación", resumió la especialista.

"Es una decisión, a mi juicio, muy sabia por parte del Gobernador, de mucha sensibilidad social y donde está pensando no solamente en que las personas conserven hoy el poder adquisitivo de su salario, sino que también lo hagan cuando se jubilen", apuntó Rapisarda. La especialista también recordó el duro contraste con la realidad nacional. "Esta es la mejor medida frente al contexto del país. El año pasado se modificó la Ley de Jubilaciones y el aumento que le tocaba a los jubilados en marzo del 2018 de un 14%, terminó en un 7%. Después, para actualizar las remuneraciones, la Nación cambió el índice para calcularlo; en lugar de usar Isbic, se valieron del Ripte, que generaba que algunos jubilados percibieran entre un 50% y un 60% menos de lo que recibían. Por un fallo de la Corte, en diciembre del año pasado, se estableció que el Ripte no respetaba, no mantenía el poder adquisitivo de las jubilaciones. Aquí en San Luis, en cambio, nos encontramos con una decisión que está pensando en no solamente mantener el valor adquisitivo hoy, sino dentro de 10 años", concluyó.

"No ha sucedido desde que yo ejerzo como abogada previsional, mejorarle la condición en los últimos diez años es importante porque justamente es el promedio de tiempo que se toma en cuenta para calcular el haber inicial", coincidió Álida García Peanú, otra abogada especializada en temas previsionales.

"Es sumamente positivo y es un reclamo que existe hace mucho tiempo. Normalmente la gente no diez años, pero cinco años antes empiezan a pedir recategorizaciones, porque saben que en el momento de tener que pasar al sector pasivo el sueldo no alcanza", remarcó la abogada. "Que se haya anunciado encima en este marco de crisis social general nacional que tenemos es un alivio muy grande para toda esa gente que está próxima a jubilarse", agregó la actual jefa del Programa Escuela y Comunidad del Ministerio de Educación.