Registro de violadores: en un año anotaron a 10 condenados

El último año, en San Luis, diez condenados por violación fueron incorporados al llamado “registro de violadores”, un banco de perfiles de ADN que tiene por finalidad ayudar a identificar a abusadores en casos futuros. Y cada vez que un tribunal de la provincia condena a otro violador, sus datos pasan a engrosar esa base de datos, explica Anisa Manzur, jefa del Subprograma Protección de Derechos de la Mujer, dependiente de la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos, y responsable del banco de ADN.

“El registro es una herramienta muy importante. Cada vez que cargamos un perfil, queda a disposición de la Justicia, la que lo requiera, de cualquier provincia. Por ejemplo, si una persona condenada en San Luis logra su libertad y vuelve a cometer un hecho en Neuquén, por caso, en la base de datos ya está su ADN. Y si en el nuevo hecho pueden rescatar su perfil genético, es posible cotejarlo”, afirma Anisa Manzur. Aunque pondera la utilidad de la base de datos, a la vez desearía que nunca tengan que pedirle un informe, “porque eso significaría que no ha habido nuevas violaciones, pero el banco está para eso, para ayudar a esclarecer otros casos”, dice.

Cuenta que está a cargo desde hace dos años del registro, que tiene sus oficinas en Villa Mercedes y está bajo la órbita de la Secretaría de la Mujer. El año pasado, la Justicia de Mendoza le solicitó el informe de ADN de un violador, incorporado en su base de datos. Según supo después, ese perfil genético no coincidió con el que habían obtenido durante la investigación en la provincia vecina.

En gran medida, el nacimiento, a nivel nacional, del Registro de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual es fruto de la lucha de Isabel Yaconis, mamá de Lucila Yaconis, asesinada en el barrio porteño de Núñez, por un abusador que intentó someterla sexualmente y, ante su resistencia, la mató. Fue el lunes 21 de abril de 2003. El violador no pudo consumar su propósito, pero su semen quedó en las prendas de la víctima, de 16 años. Eso permitió determinar su perfil genético, aunque todavía no logran identificarlo. Su ADN está cargado en el registro.

Pese a la demanda de la mamá de Lucila, recién en 2011 el proyecto de creación de la base de datos obtuvo media sanción en diputados y la ley fue aprobada finalmente en 2013, luego de un nuevo homicidio de una adolescente. Ángeles Rawson, de 16 años, fue atacada por el encargado de su edificio, Jorge Mangeri, que la asesinó para ocultar que había querido violarla.

Pero la reglamentación de la ley nacional, necesaria para que el registro empezara a funcionar, llegó recién tras el asesinato de Micaela García, de 21 años, en Gualeguay, Entre Ríos, a manos del violador Sebastián Wagner.

Completo y confidencial

En San Luis, “cargamos todos los datos de los que ya tienen condenas. En el transcurso del último año hicimos diez cargas”, dijo Manzur.

“Nos llega el informe completo, que por supuesto es confidencial, y se carga en un sistema. Por un lado nos viene el informe del laboratorio y por otro, la condena de la Justicia”, indicó la responsable de la base de datos.

“A eso –explicó– podemos anexarle fotos, identificaciones, si tiene tatuajes, la estatura, la edad. Podemos asentar un detalle del caso, por ejemplo, si la víctima es un familiar”.

“Por ley provincial, todos los tribunales de la provincia tienen la obligación de informarle a la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos las condenas por abuso sexual con acceso carnal que han dictado. Me llega en un sobre cerrado la información completa, por un lado lo del banco de ADN, hecho por Laboratorios Puntanos, y por otro lado la sentencia. Eso es lo que yo cargo, queda todo digitalizado en un programa que se llama ‘Genetic’ y que la provincia obtuvo gracias a un tratado con Estados Unidos”, señaló Manzur.

“Solamente los tribunales pueden pedir esa información”, aclaró.