El gobierno nacional intima a pensionados por discapacidad

El gobierno nacional parece ser el de la marcha atrás, el que implementa y después revisa cómo afectará a la gente sus medidas. Pensionados por discapacidad de todo el país, incluyendo San Luis, recibieron una intimación para que en 60 días sumen un certificado médico digital que acredite su condición o de lo contrario perderían su beneficio.

Funcionarios de las áreas de discapacidad de las provincias expresaron su malestar en el Consejo Federal que se realizó hace unos días en San Juan y solicitaron dejar sin efecto las cartas documento. Las revisiones ya comenzaron tras el anuncio: la Agencia Nacional de Discapacidad amplió el plazo a 90 días y Pablo Garcés, jefe del programa provincial encargado de velar por los derechos del sector, informó que este lunes recibieron la visita de capacitadores a nivel nacional.

“Es un sistema por el que los médicos no fueron instruidos y del que los directores de discapacidad no habíamos sido notificados. Se implementó y después informaron”, remarcó Garcés a El Diario de la República. “Hubo mucha angustia, porque eran cartas documento. No estamos en contra del uso del nuevo certificado, sino de cómo lo implementaron”, aclaró.

El nuevo documento será requisito para validar la pensión nacional por discapacidad. “No teníamos cómo dar respuesta porque no teníamos el personal instruido. Pero ahora ya está, ya podremos implementarlo”, adelantó.

“En San Luis estamos bastante beneficiados: cualquier paraje del interior tiene conectividad. Los elementos técnicos y tecnológicos están, ahora hay que instruir el capital humano”, afirmó.

Esto no sucedería en todo el país. “Esta gente piensa para el barrio de Belgrano en Buenos Aires, no ve más allá de la General Paz. En la estepa patagónica, en la selva misionera, la falta de conectividad es la regla. Le pedimos a la gente, que piensa a la discapacidad desde Belgrano, una mirada que nos permita a nosotros una nueva ley de pensiones”, criticó Pedro Ávalos, vicepresidente de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores, que visitó la provincia para informar sobre el encuentro en San Juan y contactarse con activistas por la discapacidad en San Luis. 

La quita de pensiones

Uno de los problemas que más afectó a las personas con discapacidad durante el gobierno de Mauricio Macri fue la quita de pensiones. Con el punto más álgido del conflicto durante 2016 y 2017, calculan que cerca de 100 mil personas perdieron su beneficio.

Aquí hay posiciones encontradas. Alicia Lartigue, docente que pertenece al Observatorio por los Derechos de las Personas con Discapacidad, indicó que el problema no fue resuelto. Garcés, del área de discapacidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, indicó que hubo restituciones de pensiones, aunque no pudo dar precisiones de cuantas fueron.

“De lo que acá conocemos, hemos encontrado en estos últimos tres años una sola persona a la que le ha llegado la pensión hace un par de meses, a una nena de Villa Mercedes. Está frenado absolutamente, no se han restituido las que se quitaron, con lo que podríamos decir que ha empeorado la situación de las personas con discapacidad en la provincia”, aseguró la activista.

La quita del beneficio sin previo aviso o la falta de asistencia (muchos no podían acercarse a realizar reclamos a la capital y les dieron solo 10 días hábiles para resolver los trámites) fueron algunas de las dificultades que enfrentaron. “El 2 de marzo la Cámara de Casación ordenó la restitución de la totalidad de las pensiones. En agosto ya había existido una orden pero solo a aquellas que habían quitado en 2016. La más reciente incluye las de 2017”, describió.

“Fueron devueltas algunas. No tengo el número exacto porque nunca lo recibí de Nación. No llegaron muchos casos a mí. Fueron más a nivel nacional que en San Luis. La gente que recibió la baja, hizo recursos de amparo y logró la restitución”, opinó en cambio Garcés.