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Allanaron la UNSL por la causa de fondos nacionales

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Allanaron la UNSL por la causa de fondos nacionales

Investigan el destino de casi $48 millones transferidos por la Secretaría de Políticas Universitarias en 2014 y 2015.

La Justicia Federal de San Luis allanó el Rectorado de la UNSL por la causa que vincula a la casa de estudios con el destino de fondos nacionales, a partir de la denuncia que presentó, a fines de 2016, el fiscal federal Guillermo Marijuan contra 52 universidades nacionales. La documentación requerida está relacionada a convenios firmados entre 2014 y 2015 con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que durante esos años transfirió casi a la totalidad del sistema universitario 747 millones de pesos, de los cuales unos 48 millones fueron girados a la UNSL.
Consultada por El Diario de la República, la secretaria de Hacienda de la UNSL, Cecilia Quiroga, dijo que el procedimiento se realizó en el área que preside, aunque no dio detalles sobre el tipo y características de los archivos administrativos embargados a la institución, sobre la que pesa, desde hace casi seis meses, una denuncia penal por mal manejo de fondos presentada por la líder del partido Generación para el Encuentro Nacional (GEN), Margarita Stolbizer, a partir del pedido de informe que realizó al Consejo Superior en diciembre de 2016, el docente y ex integrante de ese órgano de gobierno universitario, Eduardo Borkowski, quien además es apoderado del Proyecto Clase Media (Proclame), agrupación que adhiere en el ámbito provincial al GEN.  
"Se les brindó la información que requirieron de manera inmediata. No fue exactamente un allanamiento, sino que fue una solicitud de documentación que fue facilitada en el acto", explicó Quiroga, quien confirmó que el operativo se desplegó el martes de la semana pasada, en horario de la siesta.
Según la presentación que realizó Borkowski en la Justicia -luego de que obtuviera una respuesta, un año y medio después, a su pedido de informe- las sospechas recaen concretamente sobre seis convenios que no contaron con los procesos normales de contratación, ni tampoco con la aprobación del Consejo Superior de la UNSL. 
"El viernes me llegó una citación de la Justicia Federal para que me presente hoy (por ayer) a dar testimonio por la denuncia que hicimos junto a Stolbizer en los tribunales de Comodoro Py. Además de eso, también pidieron un allanamiento de documentación de la Universidad concretamente sobre los convenios de la SPU, sobre los que ratifiqué las distintas irregularidades que el Consejo Superior no tuvo en cuenta, cometidas por el actual rector (Félix Nieto Quintas) y el ex secretario de Hacienda, (Víctor Moriñigo), que fueron los que firmaron todos los decretos rectorales que autorizaban contrataciones directas por sumas millonarias, cuando por compras ínfimas exigen un concurso de precios", sostuvo Borkowski.
Lo que motivó al ex consejero superior a realizar la denuncia penal fue el acceso a documentación oficial de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la UNSL, que señala irregularidades en la celebración de seis convenios, formalizados a través de las resoluciones Nº 1551/2014, Nº 2534/14, Nº 1041/15, Nº 1042/15, Nº 2349/2015 y Nº 2886/158. El caso paradigmático es la contratación de servicios que hizo la SPU para el programa de verano en Mar del Plata y Villa Gesell, que se realizó después de su presunta prestación. 
"Un procedimiento que se repite y que incluí en mi denuncia, es que no hubo recepción ni conformidad de las facturas, por lo que la Universidad no sabe qué pasó con ese dinero o si efectivamente los servicios se prestaron", agregó Borkowski.

Gestión transparente
Tras la polémica que estalló tras la denuncia de Stolbizer, la UNSL publicó un comunicado que señalaba que oportunamente había suscripto a un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para colaborar en la ejecución de diferentes actividades, contratadas "de acuerdo a la legislación vigente", bajo el procedimiento de fondos rotatorios, que la UAI desaprobó como mecanismo de contratación de las universidades.

UNVIME

La Justicia Federal asimismo desembarcó, en setiembre, con un allanamiento en la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), también por la causa de los fondos de la SPU girados durante 2014 y 2015. 

Paro docente por 48 horas

Los dos gremios de profesores de la UNSL, la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) y el Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios (Sidiu), confirmaron un paro por 48 horas, a partir de mañana y hasta el jueves, en reclamo de mejores salarios al gobierno nacional. También confirmaron que adherirán a la protesta que realizarán el 30 de abril, convocada por distintas centrales obreras y organizaciones sociales en rechazo a la política económica de Macri.
El reclamo de los educadores universitarios es por un incremento salarial del 35 por ciento y, en el caso de ADU, reclaman una compensación del 20 por ciento correspondiente al año pasado, en el que la inflación tuvo un pico de casi 50 puntos. 

 

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Allanaron la UNSL por la causa de fondos nacionales

Investigan el destino de casi $48 millones transferidos por la Secretaría de Políticas Universitarias en 2014 y 2015.

Procedimiento. La documentación que retiró la Justicia es de la Secretaría de Hacienda de la UNSL.

La Justicia Federal de San Luis allanó el Rectorado de la UNSL por la causa que vincula a la casa de estudios con el destino de fondos nacionales, a partir de la denuncia que presentó, a fines de 2016, el fiscal federal Guillermo Marijuan contra 52 universidades nacionales. La documentación requerida está relacionada a convenios firmados entre 2014 y 2015 con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que durante esos años transfirió casi a la totalidad del sistema universitario 747 millones de pesos, de los cuales unos 48 millones fueron girados a la UNSL.
Consultada por El Diario de la República, la secretaria de Hacienda de la UNSL, Cecilia Quiroga, dijo que el procedimiento se realizó en el área que preside, aunque no dio detalles sobre el tipo y características de los archivos administrativos embargados a la institución, sobre la que pesa, desde hace casi seis meses, una denuncia penal por mal manejo de fondos presentada por la líder del partido Generación para el Encuentro Nacional (GEN), Margarita Stolbizer, a partir del pedido de informe que realizó al Consejo Superior en diciembre de 2016, el docente y ex integrante de ese órgano de gobierno universitario, Eduardo Borkowski, quien además es apoderado del Proyecto Clase Media (Proclame), agrupación que adhiere en el ámbito provincial al GEN.  
"Se les brindó la información que requirieron de manera inmediata. No fue exactamente un allanamiento, sino que fue una solicitud de documentación que fue facilitada en el acto", explicó Quiroga, quien confirmó que el operativo se desplegó el martes de la semana pasada, en horario de la siesta.
Según la presentación que realizó Borkowski en la Justicia -luego de que obtuviera una respuesta, un año y medio después, a su pedido de informe- las sospechas recaen concretamente sobre seis convenios que no contaron con los procesos normales de contratación, ni tampoco con la aprobación del Consejo Superior de la UNSL. 
"El viernes me llegó una citación de la Justicia Federal para que me presente hoy (por ayer) a dar testimonio por la denuncia que hicimos junto a Stolbizer en los tribunales de Comodoro Py. Además de eso, también pidieron un allanamiento de documentación de la Universidad concretamente sobre los convenios de la SPU, sobre los que ratifiqué las distintas irregularidades que el Consejo Superior no tuvo en cuenta, cometidas por el actual rector (Félix Nieto Quintas) y el ex secretario de Hacienda, (Víctor Moriñigo), que fueron los que firmaron todos los decretos rectorales que autorizaban contrataciones directas por sumas millonarias, cuando por compras ínfimas exigen un concurso de precios", sostuvo Borkowski.
Lo que motivó al ex consejero superior a realizar la denuncia penal fue el acceso a documentación oficial de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la UNSL, que señala irregularidades en la celebración de seis convenios, formalizados a través de las resoluciones Nº 1551/2014, Nº 2534/14, Nº 1041/15, Nº 1042/15, Nº 2349/2015 y Nº 2886/158. El caso paradigmático es la contratación de servicios que hizo la SPU para el programa de verano en Mar del Plata y Villa Gesell, que se realizó después de su presunta prestación. 
"Un procedimiento que se repite y que incluí en mi denuncia, es que no hubo recepción ni conformidad de las facturas, por lo que la Universidad no sabe qué pasó con ese dinero o si efectivamente los servicios se prestaron", agregó Borkowski.

Gestión transparente
Tras la polémica que estalló tras la denuncia de Stolbizer, la UNSL publicó un comunicado que señalaba que oportunamente había suscripto a un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para colaborar en la ejecución de diferentes actividades, contratadas "de acuerdo a la legislación vigente", bajo el procedimiento de fondos rotatorios, que la UAI desaprobó como mecanismo de contratación de las universidades.

UNVIME

La Justicia Federal asimismo desembarcó, en setiembre, con un allanamiento en la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), también por la causa de los fondos de la SPU girados durante 2014 y 2015. 

Paro docente por 48 horas

Los dos gremios de profesores de la UNSL, la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) y el Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios (Sidiu), confirmaron un paro por 48 horas, a partir de mañana y hasta el jueves, en reclamo de mejores salarios al gobierno nacional. También confirmaron que adherirán a la protesta que realizarán el 30 de abril, convocada por distintas centrales obreras y organizaciones sociales en rechazo a la política económica de Macri.
El reclamo de los educadores universitarios es por un incremento salarial del 35 por ciento y, en el caso de ADU, reclaman una compensación del 20 por ciento correspondiente al año pasado, en el que la inflación tuvo un pico de casi 50 puntos. 

 

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