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Padres de víctimas de Zanjitas marcharán para pedir justicia

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Padres de víctimas de Zanjitas marcharán para pedir justicia

Aún no fijan fecha para el segundo juicio, contra la dueña de la empresa de colectivos Polo.

Mañana al mediodía, un grupo de padres de sobrevivientes y víctimas fatales de la tragedia de Zanjitas marcharán desde el Correo Argentino, en Illia y San Martín, hasta el Poder Judicial. La razón: pedir que la mano de la Justicia llegue, a siete años y medio del choque, a quienes aún son investigados bajo la sospecha de tener algún tipo de responsabilidad, resumió Roberto Lencina, papá de Valentina Lencina Nolte, una de las chicas que lograron sortear la muerte.

Por un lado, hay un segundo juicio pendiente, para el cual todavía no hay fecha, contra Mabel Tyempertyopolos, responsable de la empresa Polo, propietaria del ómnibus en el que viajaban las alumnas y docentes del Colegio Santa María que fue embestido por un tren carguero la mañana del miércoles 2 de noviembre de 2011. Para la jueza de Sentencia, Laura Molino, quien elevó la causa a juicio oral en noviembre pasado, la empresaria omitió cumplir con su deber de controlar que todo estuviera en regla en el viaje, que realizaron para cumplir una misión solidaria en los parajes Santa Rosa y Cazador.

Según informaron este lunes Jorge Sosa y Héctor Zavala Agüero, dos de los abogados querellantes, en estos últimos días les han corrido vista a los representantes de las víctimas, para que hagan su ofrecimiento de prueba para el juicio. No hay fecha para el debate, y los abogados no tienen la certeza de que vaya a celebrarse este año.

A diferencia de lo que pasó en el juicio anterior, en éste les han corrido vista uno por uno a los abogados de las víctimas, indicó Zavala Agüero. Eso explica, en parte, la lentitud en la tramitación. “Luego, ante la noticia de la marcha y algunos reclamos, decidieron correrles traslado en conjunto a los que quedaban”, dijo. Una vez que todos ofrezcan prueba, se fijará fecha para el juicio.

“Invitamos a toda la comunidad”

 “La idea es invitar a toda la comunidad, a todo el mundo, para salir al mediodía caminando hasta tribunales, donde entregaremos un petitorio a las autoridades judiciales, porque todo está parado. Queremos que activen los expedientes, que haya esclarecimiento”, solicitó Roberto.

“Más allá de que hubo un culpable (en referencia al chofer del colectivo, Julio César Jofré, quien en el primer juicio, en 2015, fue condenado a cuatro años y ocho meses de cárcel), también se pidió en su momento que investiguen a algunas personas que cambiaron sus dichos en el juzgado, como el sacerdote”, recordó. “Queremos que pague el colegio, quien era directora”, agregó.

Además de dictar la condena para Jofré, en el veredicto que dio el 19 de octubre de 2015, la Cámara del Crimen 2 de San Luis dispuso, entre otras medidas, hacer una copia del expediente y enviarla al juez de instrucción en turno para que investigaran a Mónica Luna, ex directora del colegio, por “posible comisión de delito de acción a pública”, y al sacerdote de la Catedral, Daniel Pérez, y a la catequista María José Amitrano, ante la sospecha de que habían mentido al dar testimonio.

El tribunal también ordenó enviar una copia al fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, para que investigue a los directivos de la concesionaria de la línea ferroviaria, “América Latina Logística” (ALL), y al ex secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, “por la posible comisión de delito de acción pública, en los términos de la legislación vigente sobre cumplimiento de requisitos de mantenimiento y seguridad del ramal férreo San Martín, especialmente en su paso por todo el territorio provincial”.

Respecto a las averiguaciones a cargo de la Justicia Federal “sé que está bastante activa”, dijo Zavala Agüero. Según Sosa, en las oportunidades en las que ha consultado al respecto, no ha podido tener mayores referencias, con el argumento “de que está todo reservado”. “En su momento pedí que se hiciera compulsa para investigar la conducta del secretario de Transporte y la Cámara hizo lugar, e informes sobre la empresa ALL, que fueron incorporados al expediente civil”, recordó.

Este lunes, El Diario llamó al fiscal federal Rachid, para preguntar sobre el tema, pero no fue posible contactarlo.

Sosa, quien representa a nueve víctimas, algunas fallecidas y otras que sufrieron lesiones, dijo que en relación a la causa en la Justicia Provincial –sobre la responsabilidad del sacerdote y el personal de la escuela– “ningún particular damnificado ofreció prueba o testimonios; el fiscal consideró que no había mérito suficiente (para un llamado a indagatoria, por ejemplo) y el juzgado la archivó. Fuimos notificados y hemos consentido, no hemos apelado”.

Indicó, de todos modos, que el archivo “no está firme”. Y, además, “en mi caso, en base a la prueba a la que pude acceder luego y que ofrecí para este juicio, va a surgir de forma contundente la gran responsabilidad de la escuela. Creo que ahora puede haber una buena compulsa para investigar la conducta de los directivos del colegio”, aseveró Sosa.

“Mi hija vivió un gran trauma. Ella no se desmayó en ese momento, por lo que vio toda la película, por decirlo de alguna forma. Cuando el colectivo iba derrapando de costado por las vías, ella cayó por la ventanilla a un barranco, con una compañerita que murió. Es un canal que, del lado derecho, tenía una pendiente de seis metros y pico. Ahí fueron a parar las nenas. Mi hija se golpeó la cabeza, se desmayó y se despertó al rato. Estuvo con terapia, y está mejor. Hoy tiene 18 años, está en Córdoba, estudiando, pero hay cosas que no se olvidan más”, aseguró Roberto.

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Padres de víctimas de Zanjitas marcharán para pedir justicia

Aún no fijan fecha para el segundo juicio, contra la dueña de la empresa de colectivos Polo.

Choque y arrastre. El ómnibus fue empujado 225 metros por el tren. El colectivero fue condenado. Foto: Archivo.

Mañana al mediodía, un grupo de padres de sobrevivientes y víctimas fatales de la tragedia de Zanjitas marcharán desde el Correo Argentino, en Illia y San Martín, hasta el Poder Judicial. La razón: pedir que la mano de la Justicia llegue, a siete años y medio del choque, a quienes aún son investigados bajo la sospecha de tener algún tipo de responsabilidad, resumió Roberto Lencina, papá de Valentina Lencina Nolte, una de las chicas que lograron sortear la muerte.

Por un lado, hay un segundo juicio pendiente, para el cual todavía no hay fecha, contra Mabel Tyempertyopolos, responsable de la empresa Polo, propietaria del ómnibus en el que viajaban las alumnas y docentes del Colegio Santa María que fue embestido por un tren carguero la mañana del miércoles 2 de noviembre de 2011. Para la jueza de Sentencia, Laura Molino, quien elevó la causa a juicio oral en noviembre pasado, la empresaria omitió cumplir con su deber de controlar que todo estuviera en regla en el viaje, que realizaron para cumplir una misión solidaria en los parajes Santa Rosa y Cazador.

Según informaron este lunes Jorge Sosa y Héctor Zavala Agüero, dos de los abogados querellantes, en estos últimos días les han corrido vista a los representantes de las víctimas, para que hagan su ofrecimiento de prueba para el juicio. No hay fecha para el debate, y los abogados no tienen la certeza de que vaya a celebrarse este año.

A diferencia de lo que pasó en el juicio anterior, en éste les han corrido vista uno por uno a los abogados de las víctimas, indicó Zavala Agüero. Eso explica, en parte, la lentitud en la tramitación. “Luego, ante la noticia de la marcha y algunos reclamos, decidieron correrles traslado en conjunto a los que quedaban”, dijo. Una vez que todos ofrezcan prueba, se fijará fecha para el juicio.

“Invitamos a toda la comunidad”

 “La idea es invitar a toda la comunidad, a todo el mundo, para salir al mediodía caminando hasta tribunales, donde entregaremos un petitorio a las autoridades judiciales, porque todo está parado. Queremos que activen los expedientes, que haya esclarecimiento”, solicitó Roberto.

“Más allá de que hubo un culpable (en referencia al chofer del colectivo, Julio César Jofré, quien en el primer juicio, en 2015, fue condenado a cuatro años y ocho meses de cárcel), también se pidió en su momento que investiguen a algunas personas que cambiaron sus dichos en el juzgado, como el sacerdote”, recordó. “Queremos que pague el colegio, quien era directora”, agregó.

Además de dictar la condena para Jofré, en el veredicto que dio el 19 de octubre de 2015, la Cámara del Crimen 2 de San Luis dispuso, entre otras medidas, hacer una copia del expediente y enviarla al juez de instrucción en turno para que investigaran a Mónica Luna, ex directora del colegio, por “posible comisión de delito de acción a pública”, y al sacerdote de la Catedral, Daniel Pérez, y a la catequista María José Amitrano, ante la sospecha de que habían mentido al dar testimonio.

El tribunal también ordenó enviar una copia al fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, para que investigue a los directivos de la concesionaria de la línea ferroviaria, “América Latina Logística” (ALL), y al ex secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, “por la posible comisión de delito de acción pública, en los términos de la legislación vigente sobre cumplimiento de requisitos de mantenimiento y seguridad del ramal férreo San Martín, especialmente en su paso por todo el territorio provincial”.

Respecto a las averiguaciones a cargo de la Justicia Federal “sé que está bastante activa”, dijo Zavala Agüero. Según Sosa, en las oportunidades en las que ha consultado al respecto, no ha podido tener mayores referencias, con el argumento “de que está todo reservado”. “En su momento pedí que se hiciera compulsa para investigar la conducta del secretario de Transporte y la Cámara hizo lugar, e informes sobre la empresa ALL, que fueron incorporados al expediente civil”, recordó.

Este lunes, El Diario llamó al fiscal federal Rachid, para preguntar sobre el tema, pero no fue posible contactarlo.

Sosa, quien representa a nueve víctimas, algunas fallecidas y otras que sufrieron lesiones, dijo que en relación a la causa en la Justicia Provincial –sobre la responsabilidad del sacerdote y el personal de la escuela– “ningún particular damnificado ofreció prueba o testimonios; el fiscal consideró que no había mérito suficiente (para un llamado a indagatoria, por ejemplo) y el juzgado la archivó. Fuimos notificados y hemos consentido, no hemos apelado”.

Indicó, de todos modos, que el archivo “no está firme”. Y, además, “en mi caso, en base a la prueba a la que pude acceder luego y que ofrecí para este juicio, va a surgir de forma contundente la gran responsabilidad de la escuela. Creo que ahora puede haber una buena compulsa para investigar la conducta de los directivos del colegio”, aseveró Sosa.

“Mi hija vivió un gran trauma. Ella no se desmayó en ese momento, por lo que vio toda la película, por decirlo de alguna forma. Cuando el colectivo iba derrapando de costado por las vías, ella cayó por la ventanilla a un barranco, con una compañerita que murió. Es un canal que, del lado derecho, tenía una pendiente de seis metros y pico. Ahí fueron a parar las nenas. Mi hija se golpeó la cabeza, se desmayó y se despertó al rato. Estuvo con terapia, y está mejor. Hoy tiene 18 años, está en Córdoba, estudiando, pero hay cosas que no se olvidan más”, aseguró Roberto.

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