En el año 1938 descubrieron petróleo en Arabia Saudita, lo suficiente como para convertirlo en uno de los mayores productores y exportadores del mundo, con unas reservas probadas solo superadas por las de Venezuela. Pero Arabia Saudita posee otras particularidades.

Es un país de ingresos altos con un alto índice de desarrollo humano y es el único país árabe que forma parte del G-20. Sin embargo, la economía de Arabia Saudita es la menos diversificada de las presentes en el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.

La mayor parte de los derechos humanos y libertades fundamentales están prohibidos o seriamente restringidos en el país. Los actos homosexuales son condenados habitualmente con la muerte; hasta junio de 2018 las mujeres no podían conducir vehículos y el derecho al sufragio femenino no se reconoció hasta el año 2011. Los más importantes grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian constantemente la falta de protección a los derechos humanos en el reino.

Y a pesar de ser un país donde el islam se aplica rigurosamente, mantiene relaciones tensas con otros países musulmanes tales como Siria o Irán, entre otros. Además, la monarquía saudí es un aliado vital tanto militar como petrolero de la Unión Europea, Japón y, especialmente, Estados Unidos.
Por todo ello, es un sismo diplomático global, que una relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirme que existen pruebas suficientes de la responsabilidad del príncipe heredero saudita Mohamed Bin Salmán en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y pida sanciones, así como una investigación internacional.

La relatora especial de ONU, Agnes Callamard, considera a Arabia Saudita “responsable” de la “ejecución extrajudicial” del periodista crítico con el poder saudita, asesinado en octubre de 2018 en el interior del consultado de su país en Estambul.

Callamard investigó durante seis meses el caso, para lo que viajó a Turquía. “Esta investigación demostró que hay suficientes pruebas creíbles sobre la responsabilidad del príncipe heredero que exigen una investigación adicional”, dijo en su informe final.

Igual que el resto de expertos independientes de la ONU, Callamard no habla en nombre de Naciones Unidas. Porque el sismo se convertiría en terremoto. El informe apunta a la “responsabilidad individual de altas personalidades sauditas, incluido el príncipe heredero”, Mohamed Bin Salmán.

Turquía reaccionó al informe asegurando que lo “respalda con fuerza”, dijo el ministro de Exteriores Mevlüt Cavusoglu en Twitter. La experta pide que los países que imponen sanciones, como Estados Unidos, lo sigan haciendo contra 17 individuos por su papel en el asesinato aunque considera que no son suficientes porque no toman en cuenta la cuestión de la responsabilidad de “la cadena de mando”.

“Teniendo en cuenta las pruebas creíbles sobre las responsabilidades del príncipe heredero en su asesinato, estas sanciones también deberían incluir al príncipe heredero y sus bienes personales en el extranjero”, aseguró.

Jamal Khashoggi era un periodista muy crítico con el príncipe y era “él mismo plenamente consciente de los poderes del príncipe heredero y le temía”, según Callamard. Tras haber primero negado el crimen, Arabia Saudita dio luego varias versiones contradictorias y ahora asegura que Khashoggi fue asesinado en una operación no autorizada por el poder.

Pero según la prensa, la CIA cree que el asesinato fue probablemente encargado por el príncipe, que dirige de facto Arabia Saudita. La experta de la ONU pidió al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ponga en marcha “una investigación penal de seguimiento sobre el asesinato del señor Khashoggi para constituir informes sólidos sobre cada uno de los presuntos autores”.

También reclamó buscar mecanismos, como un tribunal especial, para esclarecer las responsabilidades. El secretario general de la ONU “debería él mismo poder abrir una investigación penal internacional de seguimiento sin que tenga que intervenir un Estado”, añadió.

En el proceso en Arabia Saudita, la acusación descartó la responsabilidad del príncipe heredero y acusó a 20 personas, pidiendo la pena de muerte para cinco hombres. Es un caso extremadamente sensible. Mucho petróleo, mucho dinero, mucho poder. Y la diplomacia en jaque.