El papelón del Superior Tribunal

En la semana previa a la feria judicial, el Superior Tribunal de San Luis fue protagonista de un hecho bochornoso. El miércoles, el presidente Carlos Cobo junto a las vocales Martha Raquel Corvalán y Lilia Novillo dictaron el insólito acuerdo Nº 407 que autorizaba a la doctora Erika Paola Costa a desempeñar, por el plazo máximo de un año, sus funciones de relatora de la Procuración General desde la ciudad de Colonia, Alemania. Increíble.

El cuerpo máximo de justicia, en su plenitud, autorizó el pedido que hizo el procurador general de la Provincia, Fernando Estrada, para que Costa "desarrollara su jornada laboral fuera del espacio físico habitual mediante el uso del expediente electrónico". Y lo fundamentó en que "propiciaría el aumento de la productividad con la implementación del trabajo por objetivo y la inexistencia de ausentismo laboral". De acuerdo al documento, la mujer debería trasladarse a Alemania por "razones personales-familiares impostergables".

Rápidamente la decisión traspasó las barreras del Poder Judicial. Generó tanta polémica en las redes sociales y en los medios que obligó a los colegios de Abogados y Procuradores de San Luis y de Villa Mercedes a ponerse en alerta y fijar su posición conjunta. El viernes emitieron un comunicado en el que advirtieron que la decisión iba en contra de los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia de la Provincia, otorgaba un "privilegio" y creaba "un precedente que estos colegios no pueden dejar de advertir como ilegítimo por ser contrario a la norma vigente". El escrito lleva las firmas de Ricardo Valentino, el presidente de la institución capitalina, y de Maximiliano Agúndez, el titular de la entidad villamercedina.

Tal fue la repercusión y la presión que el acto de juramento de dos nuevas juezas, previsto para el mediodía del viernes, quedó en segundo plano y llevó al Superior Tribunal a redactar la resolución Nº 200 que dejó sin efecto la autorización de Costa a seguir cobrando el sueldo mientras resida en Alemania. Eso sí, la marcha atrás solo lleva la firma del presidente Cobo.

Fin de una novela que dejó muy mal parado al máximo órgano judicial de la provincia.