La inflación de 2019 acumuló un 53,8% y fue la más alta en 28 años

La inflación fue del 3,7% en diciembre y en el 2019 subió 53,8%, la mayor variación anual de los últimos 28 años. Superó al 47,6% de 2018, récord desde 1991 en ese momento. La administración de Mauricio Macri había prometido "derrotarla fácilmente". Los índices mostraron lo contrario: un promedió de 40% anual y un acumulado de 300% en cuatro años.

Lejos de contener la inflación, el gobierno de Cambiemos duplicó los índices en los cuatro años de gestión y terminó con un acumulado ampliamente superior a la herencia recibida de parte de Cristina Fernández. La suba de precios empujó a más de 2,8 millones de personas a la pobreza.

En los últimos doce meses, los precios que crecieron por encima del nivel general fueron Salud, 72,1%; Comunicaciones, 63,9%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, 63,7%; y Alimentos, 56,8%.

En el mismo período, los precios del rubro Prendas de vestir y calzado aumentaron 51,9%, Bebidas alcohólicas y tabaco 50,2%, y Bienes y servicios, que incluye Limpieza e higiene personal, 55,9%.

Por debajo del nivel general, los precios de Restaurantes y hoteles crecieron 50,3%, Recreación, turismo y cultura 48,5%, Educación 47,1% y Vivienda, agua, gas y electricidad 39,4%.

Los precios registraron el año pasado su mayor avanzada desde 1991, cuando se había registrado una suba de 84%, bajo el gobierno de Carlos Menem.

La evolución que la inflación registró el año pasado también representa un desalentador punto de partida para el gobierno de Alberto Fernández, por el efecto arrastre.

Para este año, según las proyecciones de los analistas consultados por el Banco Central, se espera que la inflación vuelva a superar la barrera del 40%.

Un problema de décadas

El fracaso de la administración de Mauricio Macri es similar al de los gobiernos anteriores, que también fracasaron en ese intento.

Lo que muestra la historia es que desde 1944 hasta ahora, solo en cinco gobiernos se registraron variaciones de precios menores a los dos dígitos.

El promedio en la última década siempre fue superior al 20% anual.

Ninguno de los gobiernos atacó males endémicos como la falta de competitividad, la irresponsabilidad empresarial en la formación de precios, falta e ineficacia de controles oficiales, y sobre todo la concentración del mercado.

En la Argentina los tres mayores fabricantes en los rubros de bebidas y alimentos controlan más del 90% del mercado.

Las ventas de las tres mayores firmas abarcan el 56% del mercado de galletitas, 44% en el del arroz y 40% en yerbas.

Tres productores de pañales y tres de detergentes para ropa controlan el 94% del mercado.

En los rubros de limpieza y alimentos, la participación de las tres mayores empresas se ubica entre el 80 y el 90%.

Estas son algunas de las conclusiones a las que arribó un estudio de la consultora Focus Market.

Algunas muestra de la concentración: el 80% del aceite que se consume dentro del país lo producen dos empresas, en lácteos, el 78% lo manejan dos compañías, en enlatados una sola empresa tiene la posición dominante con el 70% y el 75% del azúcar que se consume es de una sola firma.

En panificados una sola empresa tiene el 76% de la venta en la Argentina.

Hay empresas con una posición dominante en el mercado que pueden imponer precios a voluntad, no solo en artículos de primeras marcas, sino también en las segundas y terceras marcas que ellas mismas fabrican.

El oligopolio permite que el manejo de precios sea discrecional, mientras que las empresas le reclaman al Estado que les garantice condiciones de total libertad de mercado.

La concentración no solo existe en los alimentos. También en productoras de cemento, acero, aluminio, entre otras, que elevan sus márgenes de rentabilidad y precios por encima de cualquier indicador nacional o internacional.

Industrias que son clave en cualquier economía e impiden la realización de cualquier proyecto económico y por supuesto frenar los precios.

Todo esto logra que los empresarios remarquen por las dudas ante las versiones de devaluación y que los consumidores tengan un poder adquisitivo cada vez menor y una menor calidad de vida.

Lo menos que puede hacer un gobierno es defender los derechos ciudadanos de las empresas con prácticas monopólicas y atacar no los precios, sino las causas que los disparan.