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El “Imperio” de la ley

Agustina Bordigoni

"El presidente tiene que rendir cuentas, nadie está por encima de la ley", dijo Nancy Pelosi el año pasado al anunciar que la Cámara que preside iniciaría las investigaciones oficiales de juicio político contra Donald Trump.

Y el juicio político comenzó porque los congresistas así lo entendieron: el presidente estadounidense abusó de su poder y, por si esto fuera poco, obstruyó la investigación que el Congreso realizaba en su contra. El impeachment es un mecanismo previsto en la Constitución cuando un presidente incurre en algún delito de traición, soborno u otra falta grave. En caso de ser encontrado culpable es destituido inmediatamente, e incluso puede ser inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos.

Aunque es poco frecuente, no es la primera vez que un presidente norteamericano llega a esta instancia: Andrew Johnson fue sometido a juicio en 1868 (acusado de despedir a su ministro de Guerra sin autorización del Congreso), y Bill Clinton en 1999 (por su relación con la becaria Monica Lewinsky). En ninguno de estos dos casos se logró la destitución. ¿Será Trump la tercera y vencida?

Sería muy difícil asegurar que Trump llegará al final de su mandato destituido. Si bien transita la histórica instancia de ser juzgado (hasta Nixon, culpable a todas luces, evitó un juicio renunciando tras el escándalo de Watergate), quienes tienen la tarea ahora de determinar su culpabilidad son los senadores, y en este punto el presidente lleva las de ganar: todo depende de las 2/3 partes de la Cámara —compuesta en su mayoría por republicanos— que deberá votar sobre el veredicto final. En este caso, las pruebas y las testificaciones pueden ser irrelevantes, por más relevantes que sean.

Trump incurrió, podría decirse, en los tres grandes ítems planteados en la Constitución: traicionó los intereses de su país (o al menos los puso después de los personales), intentó sobornar a un presidente extranjero y cometió una falta grave al admitirlo —a medias— pero negarse a colaborar en el esclarecimiento de algo que para él nunca fue un asunto mayor. Sin embargo, la propia Casa Blanca aportó la prueba más contundente: una conversación entre el presidente estadounidense y su par ucraniano Volodimir Zelenski, en la que Trump le pedía amablemente (y luego de recordarle lo mucho que su país hacía por Ucrania) que investigara por corrupción a Joe Biden, su posible rival en las próximas elecciones. Poco tiempo antes, se había preocupado por retener una ayuda militar que el Congreso había autorizado enviar al vecino de Rusia. 

Con las cartas del juicio sobre la mesa, dos cosas pueden pasar: o Trump se va, o Trump se queda. Pero será muy probablemente el voto popular el que lo decida a fin de año, y no un Senado poco interesado realmente en el cumplimiento de la ley. 

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El “Imperio” de la ley

"El presidente tiene que rendir cuentas, nadie está por encima de la ley", dijo Nancy Pelosi el año pasado al anunciar que la Cámara que preside iniciaría las investigaciones oficiales de juicio político contra Donald Trump.

Y el juicio político comenzó porque los congresistas así lo entendieron: el presidente estadounidense abusó de su poder y, por si esto fuera poco, obstruyó la investigación que el Congreso realizaba en su contra. El impeachment es un mecanismo previsto en la Constitución cuando un presidente incurre en algún delito de traición, soborno u otra falta grave. En caso de ser encontrado culpable es destituido inmediatamente, e incluso puede ser inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos.

Aunque es poco frecuente, no es la primera vez que un presidente norteamericano llega a esta instancia: Andrew Johnson fue sometido a juicio en 1868 (acusado de despedir a su ministro de Guerra sin autorización del Congreso), y Bill Clinton en 1999 (por su relación con la becaria Monica Lewinsky). En ninguno de estos dos casos se logró la destitución. ¿Será Trump la tercera y vencida?

Sería muy difícil asegurar que Trump llegará al final de su mandato destituido. Si bien transita la histórica instancia de ser juzgado (hasta Nixon, culpable a todas luces, evitó un juicio renunciando tras el escándalo de Watergate), quienes tienen la tarea ahora de determinar su culpabilidad son los senadores, y en este punto el presidente lleva las de ganar: todo depende de las 2/3 partes de la Cámara —compuesta en su mayoría por republicanos— que deberá votar sobre el veredicto final. En este caso, las pruebas y las testificaciones pueden ser irrelevantes, por más relevantes que sean.

Trump incurrió, podría decirse, en los tres grandes ítems planteados en la Constitución: traicionó los intereses de su país (o al menos los puso después de los personales), intentó sobornar a un presidente extranjero y cometió una falta grave al admitirlo —a medias— pero negarse a colaborar en el esclarecimiento de algo que para él nunca fue un asunto mayor. Sin embargo, la propia Casa Blanca aportó la prueba más contundente: una conversación entre el presidente estadounidense y su par ucraniano Volodimir Zelenski, en la que Trump le pedía amablemente (y luego de recordarle lo mucho que su país hacía por Ucrania) que investigara por corrupción a Joe Biden, su posible rival en las próximas elecciones. Poco tiempo antes, se había preocupado por retener una ayuda militar que el Congreso había autorizado enviar al vecino de Rusia. 

Con las cartas del juicio sobre la mesa, dos cosas pueden pasar: o Trump se va, o Trump se queda. Pero será muy probablemente el voto popular el que lo decida a fin de año, y no un Senado poco interesado realmente en el cumplimiento de la ley. 

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