Adhieren a una marcha federal contra el ajuste en discapacidad

Por primera vez los profesionales, familiares e instituciones del área de discapacidad realizarán este lunes a las 10 una movilización federal para visibilizar una lista de reclamos que tienen su origen en el núcleo del sistema prestacional a nivel nacional. La marcha será en la plaza Independencia de la capital puntana y en la San Martín de Villa Mercedes. Piden que en la movilización se cumplan todos los protocolos de seguridad, como  el distanciamiento social y el uso de tapabocas. 

La prosecretaria de la Asociación Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), Johana López Contreras, explicó que esta es la primera marcha a nivel nacional que hace toda el área de discapacidad. "Nos movilizamos para que nuestros reclamos sean visualizados por los organismos pertinentes", expresó.

Piden que no haya demoras en las autorizaciones de las prestaciones básicas de discapacidad y que no se realicen ajustes sobre las autorizaciones aprobadas antes de la pandemia de COVID-19. También por los honorarios que no respetan el valor del nomenclador y los pagos adeudados del 2019. "Buscamos que los pacientes, las familias, asociaciones y organizaciones de personas con discapacidad sean tenidas en cuenta la hora de realizar políticas públicas en las que estén involucradas", subrayó.

"Venimos a visibilizar el sistema, porque las obras sociales se insertan allí. Los problemas primero tienen que ver con el sistema, con la repartición. Hay que recordar que la obra social no abona el cien por ciento de la prestación. El Estado nacional hace una contribución del 50 por ciento a esa obra social, sea estatal o sindical. Por ejemplo, si hago una facturación como profesional eso llega a la Superintendencia de Servicios de Salud, que evalúa si esa carpeta y esa facturación corresponde. Después, si eso es así, el Estado aporta ese 50 por ciento y luego, cuando llega a la obra social, lo tiene que abonar. Entonces es un sistema bastante largo que implica mucha burocracia, porque un error determina que, si no está bien y no te informan, pueda pasar un tiempo muy extendido donde el prestador no cobre y así lo que facturó y sus servicios se vean muy perjudicados, porque hay muchos profesionales que tienen que pagar sus impuestos mensuales y cuando llega ese dinero se ve licuado", explicó y agregó que los pagos tienen una demora mínima de 60 días y, en otros casos, hasta de seis meses o un año. "Y a veces directamente se pasa a una instancia judicial", manifestó.

"Es la primera vez que todos los profesionales relacionados con la atención en discapacidad, como kinesiólogos, asistentes terapéuticos, fonoaudiólogos, psicomotricistas y transportistas, entre otros, ya sean independientes o trabajen en alguna institución, unimos fuerzas para visibilizar este reclamo", enfatizó.

Agregó que aquellas personas que sean pacientes de riesgo pueden participar de manera virtual con los hashtags #Lunes22DiscapacidadSeMoviliza, #NoAlAjusteEnDiscapacidad y #PrestadoresDiscapacidadUnidos.