Transporte interurbano: buscan acceder a créditos para pagar sueldos

El panorama en el servicio interurbano de pasajeros se presenta cada vez más incierto y los choferes manifiestan su hartazgo ante la dificultad para acceder a sus haberes. Las empresas adeudan alrededor del 70% de los sueldos de mayo y todo indica que los próximos salarios y el SAC (aguinaldo) no están garantizados. En las audiencias de ayer (jueves), ante el Programa Relaciones Laborales, entre UTA y las empresas, no lograron destrabar el conflicto y las concesionarias afirmaron que con la caída del corte de boletos el servicio es inviable. El gremio aduce que la única forma de dar de baja a la retención de tareas, que dejó sin transporte interurbano a la provincia desde el martes, es que les depositen los sueldos.

“Desde el inicio del conflicto, suscitado a partir del incumplimiento de una parte de los salarios de mayo, tomamos cartas en el asunto. Corrimos traslado a la totalidad de las empresas y las instamos al pago, esa intimación fue contestada, pero no manifestaron cuándo iban a abonar los sueldos, sino que explicaron la imposibilidad de hacer frente a los mismos; por lo que incurrieron en una infracción: al cuarto día hábil, devengado el sueldo, se torna exigible”, sostuvo el delegado de la primera circunscripción de Relaciones Laborales, Andrés Salas, al concluir una ronda de audiencias con las empresas Blanca Paloma, Zenitram, Panaholma y Juana Koslay.

“Instamos a las partes para que presenten algún tipo de propuesta. Continuaremos con la instancia conciliadora que empezamos el miércoles”, agregó el funcionario.

“Trajimos dos opciones claras y concisas. Por un lado advertimos que podemos pagar si recibimos los subsidios, lo que aparentemente está lejos por ahora. Por otra parte estamos con la gestión de un crédito con personal jerárquico en el banco. Dependemos de eso para poder cancelar nuestras obligaciones; si nos aceptan el préstamo inmediatamente nos volveremos a juntar y determinaremos una fecha fehaciente de pago. Si conseguimos el efectivo, todo dependerá de la disposición de la UTA para volver a trabajar”, señaló el gerente y apoderado de Blanca Paloma y Zenitram, Roberto Pérez.

Sus empresas suman un total de 60 trabajadores y operan los corredores San Luis-Merlo, San Luis-Villa Mercedes, San Luis-San Martín, San Luis-Candelaria y Merlo-Santa Rosa. Hasta el 20 de marzo trabajaron con normalidad y luego prestaron el servicio con una disminución de frecuencias, a instancias del diagrama de emergencia por la pandemia. En la fase más restrictiva de la cuarentena salieron a las calles con el 20% de operatividad y más recientemente lo hicieron con el 40% y el 45%.

“Es una situación histórica la que vivimos. Actualmente es un negocio inviable, por eso insistimos en la Resolución Nº 140. Desde marzo hemos tenido bajas que han tocado el 95% y en el mejor de los casos, cuando hay demanda de pasajeros, solo podemos llevar 21 personas por protocolo, entonces el panorama es complicado. Todo tiene que ir acompañado, sería importante extender la cantidad de pasajeros”, añadió.

La empresa Juana Koslay opera en el corredor San Luis-Potrero de los Funes. Cuenta con 10 empleados y es la única que accede a los ATP, los subsidios que dispuso el gobierno nacional para paliar la crisis causada por el coronavirus. El dueño de la firma, Javier González, remarcó que podría conseguir una financiación en las próximas horas. “Si tenemos novedades nos juntamos mañana (por hoy) y podríamos destrabar el conflicto; no hemos llegado a un acuerdo, básicamente la empresa está a la espera de la Resolución Nº 140”, afirmó.

El Diario de la República intentó dialogar con la representante legal de Panaholma, Ana Gabriela Rubbiani, pero prefirió no brindar declaraciones.

“La verdad que no hay mucho para decir. Realmente fue una vergüenza porque no se les dio una solución a los trabajadores. Algunas empresas han propuesto acceder a una línea de créditos para pagar, lo que nos parece una verdadera vergüenza y una falta de respeto hacia los choferes. Estamos dispuestos a escuchar, pero no hay un interés por parte de los empresarios para tratar de saldar la deuda, no trajeron un compromiso de crédito formal, sus declaraciones no tienen validez o firmeza, no hay garantía de pago. Mientras tanto, vamos a seguir con la entrega de bolsas de mercadería para los compañeros, pero ese no es el fin”, manifestó el secretario general de la UTA, Iván Piñeyro.

Por otro lado describió que durante una de las audiencias hubo momentos de tensión. En los pasillos del edificio administrativo de la ex Casa de Gobierno, varias personas advirtieron sobre una supuesta agresión física.

Piñeyro confirmó que hubo una discusión, pero aseguró que no existió ninguna agresión física, sino que se trató de “un intercambio de palabras que no gustan”.