El impacto de COVID-19 sobre la economía y la vida en América Latina y el Caribe afecta más a las mujeres, sobre todo por su exposición a mayor pobreza y violencia doméstica, señaló un informe de la Coalición Estadounidense Contra la Pobreza.
Las mujeres “tienen más probabilidades de vivir en pobreza extrema y sus ingresos son más precarios”, señaló el informe, que recuerda que 126 millones de las que laboran en la región son trabajadoras informales, de las más expuestas a la crisis.
Destaca la situación de los 16,7 millones de trabajadoras domésticas, que enfrentan las opciones de quedar en cuarentena con sus empleadores o perder sus trabajos para quedarse en su casa y cuidar su familia, sin acceso a prestaciones por desempleo.
Las mujeres “ya comen menos, y menos comidas nutritivas para dejar más alimentos a sus hijos”, pues 85 millones de niños están aislados de los programas de alimentación escolar, y ya en el bienio 2016-2018 se reportó que 69 millones de mujeres y 55 millones de hombres experimentaban inseguridad alimentaria.
El trabajo de cuidado no remunerado “aumenta desproporcionadamente para las mujeres y el efecto es mayor en familias más pobres con hogares de mayor tamaño”.
La situación empeora cuando hay personas enfermas: en México, las mujeres pasan 29 horas a la semana cuidando a familiares enfermos, en comparación con 13 horas que dedican los hombres. En Perú, 40 horas las mujeres y 16 los hombres.
La participación en la fuerza laboral de las mujeres entre 25 y 54 años es de 67 por ciento, frente a 93 por ciento de los hombres, y ocupan más empleos informales o en los escalones bajos del empleo formal, lo que se traduce en menores ingresos y ausencia de beneficios previsionales y poder de decisión.
En 2018, recordó el informe, 26,9 por ciento de las mujeres vivía en la pobreza en comparación con 23,8 por ciento de los hombres, y 11,4 por ciento de mujeres en pobreza extrema en comparación con 9,7 por ciento de hombres.
El panorama apunta a que las mujeres pueden ser las más afectadas por el previsible aumento de la pobreza tras la crisis de COVID-19, que empuja a 28,7 millones de personas a caer en la pobreza -para llegar a 214 millones en la región- y a casi 16 millones de personas hacia la pobreza crítica.
Entre los grupos más vulnerables están las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes, con menores oportunidades de acceso a empleos y servicios, así como la comunidad LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, disidencias), que soportan situaciones de discriminación o estigma.
El informe registra que “la violencia de género está aumentando y la capacidad de las mujeres para acceder a los servicios está disminuyendo”.
Desde los países de la región se informa que las llamadas a líneas directas para atender casos de violencia doméstica aumentan entre 18 y 100 por ciento, mientras que muchas clínicas y servicios móviles que atienden violencia de género se han suspendido durante los meses de pandemia.
Por añadidura, como hay menos espectadores en las calles y negocios cerrados, las mujeres enfrentan condiciones cada vez más inseguras, porque hay menos lugares a donde ir por ayuda o refugio cuando la violencia de género ocurre en público.
Proteger a todos y cada uno de los miembros de una sociedad, mientras ocurre la pandemia, se ha vuelto el mayor desafío de los gobiernos del mundo. Es una tarea muy difícil y que necesita el apoyo de todos.
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