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Caso Morales: piden que avance la producción de pruebas

Un tribunal rechazó la recusación del juez Jorge Pinto y lo instó a producir prueba, dijo el abogado querellante

Por redacción
| 10 de julio de 2020
En San Luis y Villa Mercedes agrupaciones feministas pidieron justicia por Florencia. Foto: Marianela Sánchez.

 El pedido para que se establezca claramente qué fue lo que sucedió con Florencia Magalí Morales en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara sigue vigente, a tres meses de que su familia recibiera la noticia de que estaba muerta, tras haber sido detenida en la seccional. Organizaciones feministas y que luchan por los derechos humanos se manifestaron el miércoles en San Luis capital, cerca del mediodía, y a partir de la siesta, en Villa Mercedes, para exigir justicia por Florencia y para expresar que, a su entender, el suyo fue un femicidio, un crimen a manos de la Policía.  

 

Santiago Calderón Salomón, el abogado que, junto a Federico Putelli, representa a la familia de la mujer, reiteró lo que manifiesta desde hace semanas: que el expediente está paralizado pese a que, días atrás, la Cámara Penal de Concarán se expidió al respecto de la recusación que la querella planteó contra el juez que entiende en la causa, Jorge Pinto. Calderón Salomón le explicó a El Diario que en la resolución, el tribunal de Concarán, además de decidir que continúe al frente de la investigación, “intima al juez a movilizar el proceso". Mientras tramitaba en el tribunal la cuestión de la recusación, no se produjeron elementos probatorios. “En orden a la suspensión de medidas de prueba, debe decirse que tal decisión importa un temperamento erróneo del magistrado de grado, puesto que el ordenamiento ritual penal de la provincia habilita la continuación de la intervención del magistrado, aun cuando este es recusado, priorizando la no paralización de la causa (...) recomendándole la inmediata producción de prueba pendiente y toda otra medida que conduzca al esclarecimiento de la muerte de Magalí Morales, que dio origen a la presente causa”, expresó el tribunal. 

 

El abogado dijo que sobre otra cuestión que la Cámara debe  pronunciarse, en referencia a un planteo que han hecho en relación a la autopsia, aún no han tenido respuesta.

 

Según le confirmaron, los peritos del Departamento de Investigación de Delitos Complejos ya hicieron el informe a los teléfonos secuestrados. Al respecto del contenido de esos celulares, el abogado dijo que no sabe qué se halló en los dispositivos. "Se tiene que subir digitalmente. Delitos Complejos ya cumplió y elevó hace casi un mes. Pero está en manos del juez. Soy riguroso de los procedimientos que corresponden, y hasta tanto no se exhiba en el expediente a todas las partes, por una cuestión de formalidad, no pueden ellos informarme a mí qué se encontró y qué no", indicó. Esa prueba puede dar importantes indicios, ya que permitirá tener información sobre llamadas entrantes y salientes, imágenes, mensajes de texto y mensajería de WhatsApp.

 

 

 

"Presentamos un escrito en el que solicitamos que se agilice la causa con base en lo que resolvió la Cámara, para que quede en claro cuáles son las medidas pendientes. No apelamos sino que por el contrario, nos sumamos al pedido para que el juez le de rapidez", dijo.

 

Consideró que en San Luis hay “un procedimiento digital muy avanzado”. Recordó que, en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio, hubo audiencias “con mucha normalidad y eficacia” y que el juzgado arbitró los medios para que se tomaran testimonios que la querella ha calificado como importantísimos, entre ellos, una médica que examinó a Florencia antes de que quedara alojada en la comisaría.

 

 

LA DEFENSA OFICIAL

 

Una mirada opuesta de la causa

 

 Si bien no hay, al menos por el momento, imputados, el defensor oficial José Francisco Pérez ha tomado intervención en la causa. En mayo hizo declaraciones en las que expuso una postura distinta a la expresada tanto por la familia Morales como por los abogados que la representan y por organizaciones feministas y por los derechos humanos, que tienen la sospecha de que la mujer fue víctima de un crimen, y que este pudo estar marcado por el abuso policial y por la violencia de género.

 

Los representantes de la familia Morales han cuestionado la tarea del médico forense Gustavo Lafourcade, quien hizo la autopsia. El defensor, en cambio, la avaló. A través de un comunicado difundido por la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional, Pérez refirió que no hubo errores en la realización de dicho estudio, y consideró que se hablaba "injustamente de un profesional experimentado en el tema, poniendo en su boca palabras que no ha dicho, y cuyas declaraciones reales obran en el expediente".

 

Sobre la actuación de los policías que estuvieron de guardia el domingo 5 de abril, al momento de la detención de Morales, el defensor dijo que no había prueba para imputar a alguien. Su parecer fue que "en el más grave de los casos, puede haber habido un descuido en custodiar, pero jamás surge de la investigación que pudieran haber ocurrido hechos tan aberrantes como dicen”, en referencia a las hipótesis de femicidio, homicidio y abuso sexual referidas por los allegados a la mujer y sus abogados.

 

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