Fiscal de Estado: “El Gobierno está obligado a controlar los ingresos”

Ante la presentación de un amparo a la Justicia Federal por parte de un grupo de ruralistas y transportistas de la provincia de Córdoba, el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, solicitó al Juzgado Federal de San Luis una “acción declarativa de certeza”. Lo hizo con la intención de obtener una resolución que respaldara algo que para él estaba claro: “El artículo 57 de la Constitución Provincial impone la obligación al Estado de combatir las pandemias y garantizar el derecho a la salud”, le dijo el fiscal a El Diario.

La consulta sobre la constitucionalidad de las disposiciones motivó a que el juez federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, determinara que el Gobierno de la Provincia, además de tener la potestad de establecer las regulaciones protocolares para el ingreso a la provincia, está obligado por la Constitución Provincial a hacerlo.

Basado en pactos de jerarquía constitucional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que indican que los Estados nacionales deben velar por la protección de la salud de la población aun cuando ello implique establecer limitaciones a otros derechos, en este caso, el de libre tránsito. El fiscal de Estado recordó que “la provincia nunca estuvo cerrada, pero sí se establecieron regulaciones para el ingreso y egreso. De hecho, desde el 20 de marzo a la fecha han ingresado miles de personas autorizadas por el Comité de Crisis”.

Es sabido que la administración de situaciones críticas, como la que transcurre San Luis, el país y el mundo ante la pandemia, empuja a tomar decisiones en las que algún sector debe ceder para lograr el bien común.

"Cualquier persona que necesite ingresar a la provincia de San Luis debe respetar los protocolos”, Eduardo Allende.

 

Próximo a cumplirse los 90 días sin casos positivos en San Luis, se puede observar la eficacia y la razonabilidad de las regulaciones a la hora de ingresar a la provincia. Las medidas adoptadas por el Estado provincial, que fueron estudiadas por profesionales de la salud y se atienen a la normativa vigente, no resultan irracionales, ilegales o desproporcionadas frente a la amenaza que implica el riesgo sanitario. “Además de ser razonables, las medidas no violan ningún precepto constitucional”, detalló el fiscal.

“Cualquier persona que necesite ingresar a la provincia de San Luis debe respetar los protocolos y las normativas”, dijo Allende. Y continuó: “El análisis que ha hecho el juez federal Maqueda y la medida cautelar dictada son un apoyo importante para seguir aplicando los controles necesarios para evitar la entrada del virus”.

Además, el fiscal aseguró que la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Río Cuarto (que ordenaba al Gobierno de San Luis reabrir las rutas) no es válida, ya que ese tribunal no es competente. “Por una parte, la cautelar resuelta por el juez federal de San Luis es previa, por lo que prima. Además, la Ley Nacional de Amparo establece que la medida debe presentarse ante el juez del lugar donde va a tener efecto, entonces no puede un juez de Río Cuarto obligar a San Luis a modificar sus normativas”, sostuvo Allende.

“Incluso —agregó— la acción está fundada en decretos que ya han sido derogados por San Luis”.