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IVE: Fiscalía de Estado apelará el fallo que la declaró inconstitucional en San Luis

El jueves, María Eugenia Bona se expidió en una demanda presentada contra el Gobierno provincial que acusa contradicciones con artículos del Código Civil y Comercial.

Por redacción
| 22 de marzo de 2021

Desde la Fiscalía de Estado del Gobierno de San Luis aclararon que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sigue en plena vigencia en suelo puntano y que apelarán el fallo de una jueza local, que el jueves pasado la declaró inconstitucional. “Lo que se está haciendo es reavivar un discusión que ya se dio en el Congreso de la Nación en 2018, donde hubo 15 audiencias con más de 730 expositores, y de nuevo en 2020, que por la cantidad de expositores anteriores se redujo a tres audiencias con más de 70 expositores. Allí ya se discutieron todas estas cuestiones que se plantearon en la demanda”, explicaron desde el Programa de Derechos y Garantías Constitucionales del Ministerio de Justicia y Culto de San Luis.

 

La polémica comenzó con una demanda de acción declarativa de certeza presentada por la exsenadora nacional Liliana Negre en el juzgado Laboral 2 de San Luis, a cargo de María Eugenia Bona.

 

En el texto, Negre le solicita a Bona que se expida sobre la plena vigencia del artículo 19 del Código Civil y Comercial, que versa que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, y, a la luz de la Convención de Viena y de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pide que respete y se vele por la vida de la persona desde ese momento.

 

Desde esa lógica, Negre plantea una contradicción con los principales artículos de la IVE  y demanda a Gobierno de San Luis, entendiendo que es quien vela por su aplicación, para que “cese el estado de incertidumbre en el ámbito provincial” respecto a esa discordancia legal.

 

En el fallo que firmó el 18 de marzo, Bona declaró la plena vigencia del artículo 19 del Código Civil y Comercial, y declaró la “inconstitucionalidad” y “la inconvencionalidad” de los artículos 4 apartado 1 y 2, y apartados a, b y c, de la ley nacional 27.610 que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo.

 

Alejandro Cordido, jefe del Programa de Derechos y Garantías Constitucionales, aclaró que su área promueve “la vigencia de todos los derechos humanos en la provincia, por lo tanto, entendemos que corresponde darle la interpretación correcta a la norma, que no es la que se refleja en este fallo”. En los debates de 2018 y 2020, acotó, “se hizo la interpretación armónica del sistema de derechos humanos, del sistema convencional de derechos... que nos lleva a una interpretación progresiva de los derechos humanos y no regresiva y, por lo tanto, no podríamos tener un análisis que restrinja derechos cuando en realidad, en términos internacionales, se le requiere al Estado argentino que garantice derechos”.

 

 

 

La jueza Bona argumentó sobre su fallo contra la IVE

 

Sostuvo que su sentencia solo se opone a algunos artículos puntuales de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, “no a la inconstitucionalidad de la ley” en su totalidad.

 

 

“La Argentina tiene un marco legal en este momento que protege la vida desde la concepción. Y la Ley del Aborto tiene varios artículos, como la ley de educación sexual y reproductiva que están plenamente vigentes. Es decir, están todos los medios accesibles para que los embarazos no deseados sean evitados”, argumentó la jueza laboral María Eugenia Bona en una entrevista radial en FM Lafinur sobre su dictamen de inconstitucionalidad de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) atendiendo una acción declarativa de certeza presentada por la exsenadora nacional Liliana Negre de Alonso contra el Gobierno de San Luis.

 

“Es más, trabajo en otro amparo de vecinos de Villa Mercedes que piden la inconstitucionalidad de toda la Ley, a la que me negué. Yo solo me opongo a algunos artículos, a otros no. Negre de Alonso me pidió hace dos meses que suspendiera la aplicación de la ley en la provincia y yo le dije que no, porque entendía que eso era el fondo del reclamo. Y además soy muy respetuosa de todas las instancias de la Ley”, expresó.

 

La jueza dijo que tras la presentación de los fallos, que definió como “meramente técnicos”, confía en las instancias procesales de la justicia: “Esto va a la Cámara que dirá lo que piensa, luego el Superior Tribunal que también dirá lo que piensa y va a la Corte, que es el organismo que en definitiva tiene que dar una postura, y luego, como son tratado, podrá ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

 

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