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Asesinato de un albañil: el lunes se darán los alegatos

Es posible que el mismo día, la Cámara del Crimen 1 dé a conocer el veredicto para los dos imputados.

Por redacción
| 29 de agosto de 2020
En sala. Zavala Agüero (izq.), abogado de Zambrano, y Sala (centro), defensor de Bustos, y la fiscal Torres Cappiello. Foto: Martín Gómez.

Durante la audiencia de este viernes en el juicio por el homicidio del albañil Víctor Jorge Sosa, cometido en mayo de 2012 en San Luis, la Cámara del Crimen 1 anunció que el lunes se escucharán los alegatos. Y es probable que también se dé a conocer el veredicto para los dos acusados, Edgardo Néstor Zambrano y Javier Francisco Bustos, según presumieron Héctor Zavala Agüero y Esteban Sala, los respectivos defensores.

 

Estaba previsto que este viernes se presentaran ante el tribunal Franco Simón Miranda, Claudia Paola Muñoz, Ramón Ángel Lara y María Cristina Orozco, testigos que ya habían declarado por este caso, durante la investigación que se llevó adelante contra Gabriel Fernández, otro de los sospechosos del asesinato, quien ya fue condenado por la Cámara del Crimen 1 a 10 años de cárcel, en un juicio abreviado. En esa oportunidad, quien hasta entonces era el único acusado de matar al albañil, reconoció su responsabilidad en el hecho.

 

Pero ninguno de los testigos mencionados anteriormente pudo ser ubicado por el personal de Asuntos Judiciales, por lo que la fiscal de Cámara 1, Marcela Torres Cappiello, solicitó que sus testimonios fueran oralizados. Es decir, que fueran incorporados a esta causa (que es una compulsa de la anterior) y tomados en cuenta como prueba.

 

Ante ese pedido, tanto Sala como Zavala Agüero se opusieron. Ambos le solicitaron al Tribunal que esas declaraciones no fueran incorporadas a la causa. “Planteé que me oponía a la oralización de esos testimonios porque se estaría violando el derecho de defensa en juicio de mi defendido, para poder constatar, preguntar o de repreguntar a estos testigos. Esto está amparado por pactos internacionales y la Convención Interamericana, por ejemplo”, explicó Zavala Agüero y resaltó que esos testimonios fueron tomados cuando todavía ninguno de los dos juzgados estaba detenido.

 

El letrado señaló que Franco Simón Miranda es un lavacoches que trabajaba junto a su defendido en la exterminal de ómnibus, quien refirió que Zambrano le había comentado que junto a Bustos habían participado en el hecho por el que son investigados. Sobre Claudia Paola Muñoz, indicó que es una mujer que tenía un local frente a la exterminal en el que recibía equipaje en guarda y que también vendía viandas de comidas. “Ella lo único que declaró es que escuchó, pero no le consta, que Bustos y Zambrano habían participado en el hecho. Ella no conocía a la víctima”, contó el letrado.

 

En cuanto a Ramón Ángel Lara, refirió que trabajaba en una playa de estacionamiento en Villa de la Quebrada. “Él dijo que escuchó que un amigo de Sosa comentó que él (por Sosa) había dejado a alguien al cuidado de su casa”, relató el abogado.

 

El testimonio de este hombre tendría relación con Fernández, el ya condenado, ya que se supo que estuvo al cuidado de la casa de Sosa días antes del hecho, mientras él estuvo en Villa de la Quebrada durante los festejos religiosos de la localidad.

 

Por último, Zavala Agüero indicó que María Cristina Orozco vivía al frente de la casa de Sosa. “Ella solo declaró que unas noches antes del hecho vio a alguien que estaba en la tranquera fumando y que después entró a la casa”, resumió.

 

La Cámara hizo lugar a la oposición de las defensas a la incorporación de esos testimonios por oralización. "Dado que era la única prueba que quedaba por recibir, se declararon por desistidos los testimonios a los que correspondía desistimiento y la no incorporación de estos otros por oralización", en referencia a cuatro mencionados antes, explicó una fuente judicial.

 

Sosa, de 64 años, fue ultimado a golpes entre el 6 y 9 de mayo de 2012 en su domicilio. De la vivienda, el o los sospechosos se llevaron un Fiat 128 celeste y un celular que luego fueron recuperados por la Policía durante dos allanamientos realizados en la localidad de La Toma, donde vivía Fernández, quien es, hasta ahora, el único condenado por el crimen.

 

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