Piden a la Justicia frenar cobro de créditos dados a partir de una estafa

Una docente de la ciudad de San Luis le pide a la Justicia que adopte medidas para evitar que el Banco Supervielle y la financiera Créditos al Río SA continúen debitándole de su cuenta sueldo las cuotas de tres créditos obtenidos bajo estafa. "La solicitud a la Justicia es que otorgue una medida cautelar para que el banco cese el débito de su cuenta sueldo, ya que todos los meses le vacían la cuenta y se queda sin recursos para sustentarse ella y sus dos hijos", dijo la abogada que representa a la víctima, Viviana Petracini Cerdeiro.

La damnificada denunció en junio de 2020 que había sido víctima de un engaño por el cual se apoderaron de los datos de su cuenta bancaria y, a través de home banking, solicitaron dos créditos preacordados con la entidad bancaria a su nombre y uno más ante una financiera. "En agosto me presenté como particular damnificada y asumí la representación de la víctima", indicó la abogada.

La abogada de la docente pide desde agosto que la Justicia le otorgue una medida cautelar.

 

"Desde entonces le pedí al Juzgado, en seis oportunidades, que libre una cautelar para que las consecuencias del delito sufrido por la víctima no continúen produciéndose, extendiendo su padecimiento", agregó.

En aquella ocasión, la mujer denunció ante la Policía que un hombre se comunicó avisándole que había ganado un premio y que necesitaba su CBU para depositarle $150.000. "Me depositaron la plata y después me pidieron que mande toda la plata de mi cuenta para dejarla en cero y que AFIP no me cobre impuestos", denunció la docente. Y agregó: "Después me pidieron que vaya a un cajero, me pidieron unos datos más y con eso abrieron un home banking y solicitaron dos préstamos a mi nombre".

Hasta la fecha, el Juzgado en cuestión no ha resuelto los pedidos. En un decreto librado el 18 de noviembre, el juez a cargo del Juzgado Penal 1 ordena librar un oficio al Banco Supervielle solicitándole un informe completo respecto de los movimientos de la cuenta de la damnificada. También da participación al Departamento de Investigación de Delitos Complejos para solicitarle que "con los datos existentes proceda a realizar la pericia con el objeto de recabar datos informáticos a los fines de determinar el destino y/o el autor del hecho". Además, el magistrado le hace saber a la denunciante que "previo a resolver por derecho lo que corresponda respecto de la medida solicitada, deberá prestar caución real".

La letrada patrocinante de la denunciante interpuso un recurso de revocatoria contra el decreto mencionado, ya que "la acuciante situación de la señora que fue estafada por delincuentes está demostrada en las actuaciones policiales, por lo que no se entiende la solicitud del juez, ya que todo lo que solicita en los acápites 1, 2 y 3 del decreto es prueba ya aportada en sumario", dijo Petracini Cerdeiro.

Además, agrega que la damnificada "no posee bienes ni dinero para dar caución real alguna, ya que el banco le retiene un enorme porcentaje del sueldo y no posee vivienda propia". Por lo tanto, "ofrecimos caución juratoria, que mal podría perjudicar al banco en cuestión", dijo.

Por último, Petracini Cerdeiro agregó: "Entendemos que los requisitos que prevén los artículos 195 a 208 del Código Penal Procesal Civil y Comercial de la Nación (verosimilitud del derecho, peligro en la demora y prestación de contracautela) están cumplimentados y, por ende, no se explica la demora para otorgar una medida que busca resguardar a la víctima".