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Juzgan a una psicóloga por negociaciones incompatibles

Pedía a efectivos que postulaban para ascensos órdenes de Dosep para darles el apto psicológico.

Por redacción
| 11 de mayo de 2021
Cámara Penal 2. La mayoría de las partes intervinieron de manera remota. Fotos: Martín Gómez.

La Cámara Penal 2 comenzó a juzgar ayer a una psicóloga de la Policía por “Negociaciones incompatibles con la función pública”. Según adelantó la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial, hoy habrá alegatos y veredicto. El fiscal de instrucción había solicitado una condena a un año de prisión e inhabilitación perpetua.

 

La profesional, de apellido Urdampilleta, quien trabajó durante 10 años en la Jefatura de Policía de San Luis, está acusada “de solicitar y cobrar órdenes de la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (Dosep) usufructuando a la institución policial en beneficio propio como si estuviese en el ámbito privado”, indicó Prensa del Poder Judicial. “Presuntamente requirió las órdenes para expedir certificados de aptitud psicológica a los efectivos policiales que iban a postularse para ascensos dentro de la fuerza, entre enero y septiembre de 2014”, detalló.

 

En 2014 “ingresó una denuncia al Poder Judicial solicitándole al procurador que se investigara, ya que aparentemente había una psicóloga que trabajaba en la Jefatura de Policía, quien para realizar los psicodiagnósticos que los agentes necesitaban para su promoción solicitaba órdenes de Dosep. A esos psicodiagnósticos ella los llevaba a cabo en la Jefatura y no en su consultorio particular, entonces eso es lo que se le imputa", explicó una fuente judicial. Y acotó que lo que se debate “es si se podían realizar o no de forma privada y si existía algún protocolo o reglamento dentro de la Policía que estableciera eso”.

 

En comunicación con El Diario, el defensor oficial Esteban Sala, quien asiste a la imputada, señaló que por el hecho denunciado fueron indagadas su defendida y una colega de ella, de apellido Reina. “Urdampilleta terminó procesada. Ella estaba habilitada para recibir órdenes de Dosep y expedir certificados psicofísicos porque en realidad no eran para presentar en la misma Jefatura de Policía, sino para el Instituto Superior de Seguridad Pública, para los ascensos. Pero el juez la procesó y el fiscal la acusó, en definitiva, porque habría quedado acreditado que esto se produjo en el ámbito de la Jefatura. Es decir, que en vez de dar la consulta en su consultorio particular lo habría hecho allí”, refirió el letrado, quien considera que no hay delito. “Hay una conducta reprochable administrativamente. A ella la sancionaron con 30 días de suspensión en el cargo, pero no la exoneraron ni la cesantearon”, dijo.

 

En cuanto a la audiencia de ayer, Sala contó que hubo cuatro testigos. “Uno fue Lambrese, quien era asesor de Dosep. Él realizó un informe en el que indicaba las órdenes que se habían expedido a favor de la imputada, pero no tiene conocimiento de los hechos ni mucho más”, mencionó.

 

También declaró el comisario Ariel Funes, quien era el jefe de Urdampilleta. A su entender, su testimonio fue muy importante "Contó perfectamente que sí se podían dar certificados, pero no en el horario laboral, y que no tenían inhabilitado el título. Que en su consultorio particular lo podían hacer y que los certificados eran para ser presentados en el Instituto Superior de Seguridad, que depende de Educación, y no en Jefatura”, señaló Sala.

 

Por último mencionó que también dio testimonio una mujer de apellido Villegas. “Trabajaba en Sumarios Administrativos, en Casa de Gobierno (vieja). Fue quien le hizo el sumario a Urdampilleta. Explicó que no se acordaba mucho, pero dijo que la suspendieron 30 días del cargo”, concluyó.

 

Hoy, el tribunal compuesto por Hugo Saá Petrino, Sandra Erlich y Fernando de Viana dará el veredicto tras escuchar los alegatos de las partes: Sala; el fiscal de Cámara 2, Fernando Rodríguez; y la abogada de Fiscalía de Estado, Velia Guil.

 

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