SAN LUIS - Jueves 17 de Junio de 2021

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Analizan el material secuestrado en dos residencias para ancianos

Hay registros de cámaras y celulares para examinar. Se han tomado declaraciones y solicitado informes. 

Por redacción
| 13 de mayo de 2021
"Amaneceres". Los dos inmuebles allanados están en Juana Koslay. Foto: Archivo.

Ayer se cumplió una semana del allanamiento que efectivos de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) 1 hicieron en dos residencias de adultos mayores de Juana Koslay como parte de las averiguaciones que la jueza Penal 3, Virginia Palacios, lleva adelante para establecer si, tal como fue denunciado, en ellas se habrían dado situaciones que configurarían un posible abandono de los ancianos que allí residen. Y todo está en plena etapa de análisis: material que fue secuestrado durante el procedimiento en las dos sedes de “Amaneceres” —entre ellos celulares y registros de cámaras de seguridad— fue enviado al Departamento de Investigación de Delitos Complejos del Poder Judicial, para ser examinado. También se han librado oficios al Ministerio de Salud y al Círculo Médico, para solicitar algunos informes, y les tomaron testimonial a dos empleadas de las residencias, declaraciones que fueron muy productivas, enumeró una fuente.

 

Después de la medida, la médica forense del Poder Judicial Patricia Gallardo —que hizo una revisación clínica general de los 8 ancianos que viven en una de las residencias y de los 12 que están en la otra— le informó a la magistrada respecto del estado que constató en ellos. Dos mujeres presentaban golpes. Según lo explicado por quienes tienen la responsabilidad del cuidado de las personas adultas, esas lesiones corresponderían a caídas que sufrieron por sus patologías de base.  

 

Los allanamientos se realizaron entre la mañana y la tarde del miércoles 5 de mayo en los dos inmuebles en los que funcionan las residencias, en la avenida Cuchi Corral a la altura del kilómetro 12, y en Los Zorzales al 400, en Las Chacras. La causa inició por la denuncia efectuada por la Comisión de Derechos Humanos dependiente del Programa de Derechos y Garantías Constitucionales del Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto.

 

De forma anónima, llegó a ese organismo información en la que se refería que los ancianos no recibían ninguna atención médica —o que no sería la adecuada según las necesidades particulares— y que eran víctima de la indiferencia en cuanto a darle los cuidados urgentes. Un médico es quien, al parecer, atendía a todos los abuelos y abuelas. Se indicó también en esa denuncia anónima que los problemas de salud que aquejan a los ancianos no serían abordados por el personal sanitario idóneo y que incluso algunos serían atados y presentarían hematomas, contusiones o lesiones.

 

Trascendieron mensajes que una empleada habría intercambiado con uno de los responsables del lugar, en los que ella le manifestaba que una mujer presentaba un importante sangrado y el hombre le responde con lo que parecen ser indicaciones para que ella misma resuelva la hemorragia, aparentemente sin llamar a un médico o a algún sistema de emergencias. Además, la empleada le consultaba si debía soltarle las manos a la mujer.

 

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