Definen si procesan a un abogado por violar el aislamiento social

Hace poco más de un año, el abogado Fabio Gil y tres allegados fueron sorprendidos en la casa que el letrado tiene en el barrio Jardín del Sur de Villa Mercedes. Se habían juntado en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio para realizar lo que, según surge de la denuncia de los vecinos, era una fiesta o una reunión ilegal, que violaba las medidas para combatir la propagación del coronavirus. En los próximos días o, a más tardar, en las siguientes semanas, la jueza María Antonella Panero debe resolver si procesa a ese grupo por haber quebrantado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Pero a Gil también podría caberle, en el eventual caso de que la magistrada resuelva en su contra, el procesamiento por otro delito: "Resistencia a la autoridad".

Antes de que la titular del Juzgado Contravencional y Correccional 2 de Villa Mercedes defina eso, el fiscal de Estado, Eduardo Segundo Allende, debe expedirse sobre lo que considera que debe ser confiscado tanto al abogado como a los otros dos adultos aprehendidos, Nicole Escalante y José González, en el caso de que sean hallados culpables de no respetar el DNU, refirió una fuente judicial.

Si bien aún resta que el funcionario le conteste la vista a la jueza y se expida sobre ese punto en particular, el año pasado Allende ya había hecho público a través de los medios cuál es el monto del embargo que corresponde a cualquier persona que desobedece el decreto nacional: medio millón de pesos.

Así, en el hipotético caso de que Gil y compañía sean condenados por no acatar las medidas antipandémicas, el Estado tendrá derecho de trabar embargo a cada uno de ellos en los registros de propiedad automotor o inmueble para garantizar el cobro.

El funcionario fundamentó tal solicitud en el hecho de que quien no respeta el aislamiento social le genera al Estado una serie de gastos innecesarios, que tienen que ser reparados de alguna forma. Argumentó en su momento que la gente que viola las medidas contra la pandemia "pone en marcha todo un mecanismo en el que se movilizan las fuerzas policiales, que deberían estar destinadas a otra cosa, motoriza recursos judiciales y recursos de salud, porque todos son sometidos a estudios de salud (...) Ni hablar si en 15 días se llega a comprobar que tienen la enfermedad, con lo que podrían haber propagado el virus y el perjuicio sería aún mayor".

Gil y sus amigos fueron aprehendidos el 15 de abril del año pasado. Ese día un par de vecinos del barrio Jardín del Sur escuchó música alta y mucho bullicio en el domicilio del abogado. Por aquel entonces solo estaba permitido salir para comprar mercadería e ir a la farmacia, y la circulación dependía de la terminación del documento de identidad. Las personas cuyo DNI terminaba en número par solo podían transitar los lunes, miércoles, viernes y domingos, y quienes tenían un documento que finalizaba en impar, los otros tres días de la semana. Y, al igual que en la actualidad, estaba prohibido reunirse con otras personas que residieran en otros domicilios.

Cuando los efectivos de la Comisaría 31ª fueron hasta lo de Gil para corroborar lo denunciado por los vecinos, según informó la Policía, el letrado no les abrió la puerta. Entonces llamaron a la jueza Contravencional y Correccional de turno, quien dispuso el allanamiento de la casa.

Cuando los policías entraron a la vivienda, en efecto, confirmaron que el abogado, quien vive solo, estaba acompañado por González, Escalante y una adolescente de 17 años que, producto del miedo, se había escondido en un ropero.

Ese día Gil y González permanecieron en una comisaría, mientras Escalante, de 20 años, pasó la noche en el hospital. La joven estaba embarazada y se descompuso en medio del procedimiento policial.

Al día siguiente, cuando Gil fue indagado se abstuvo de declarar ante la jueza y recuperó la libertad. Aun así habló con los periodistas, cuando era escoltado desde Tribunales hasta la Unidad Regional II.

"Me denunciaron por una supuesta agresión mía a un policía. Nada que ver", aseveró.

Respecto a la violación del DNU, dijo que González es un amigo a quien había llamado para que lo ayudara a hacer un pollo al disco. De Escalante no habló y de la adolescente aclaró que era alguien que ese día había pasado por su casa a pedirle comida.