Una de cada cuatro niñas y adolescentes en la región contrajo matrimonio o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años, de acuerdo a un trabajo interinstitucional divulgado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El matrimonio infantil “es una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que afecta desproporcionadamente y de manera persistente a las niñas”, asentó el estudio en el que participaron el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Su prevalencia no ha variado en los últimos 25 años y “eliminar esa práctica nociva es una meta por cumplir en la región, central para lograr la igualdad de género y el desarrollo sostenible”, subrayó la (Cepal).
Sin acciones e inversiones para atacar las raíces del problema, América Latina y el Caribe tendrá, para el año 2030, el porcentaje más elevado de matrimonio infantil, por detrás únicamente de África Subsahariana, alertó el documento.
Los porcentajes de niñas y adolescentes afectadas varían, desde menos del 10% en Jamaica hasta más del 30% en República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Guyana y Belice, aunque estos números podrían ser mayores por insuficiencia de datos sobre matrimonios y uniones tempranas, especialmente en el Caribe.
El matrimonio infantil está prohibido actualmente en países como Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana (último país en legislar la prohibición, en 2021) y Trinidad y Tobago.
En otros todavía está permitido el matrimonio a partir de los 16 años con autorización de los padres, los representantes legales o de un juez. Es el caso de Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Dominica, Islas Caimán, Islas Tuscas y Caicos, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Y como “más preocupante” califica el estudio la situación de países donde está permitido casarse antes de los 16 años por “motivos justificados”: Anguila, Argentina, Colombia, Cuba, Guyana y San Cristóbal y Nieves.
Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, son “fenómenos relacionados con desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente y marcos legales inadecuados y políticas públicas limitadas, que ponen en riesgo el presente y futuro de las niñas y las adolescentes”.
El análisis sostiene que esas uniones afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes de zonas rurales y hogares en situación de pobreza y con menos acceso a la educación.
En algunos países, la pertenencia a pueblos originarios también está relacionada con una mayor prevalencia del matrimonio infantil.
El matrimonio infantil es una práctica nociva que profundiza las desigualdades de género y en particular reproduce la injusta división sexual del trabajo desde muy temprano en la infancia.
Las niñas y adolescentes casadas o en uniones duplican como mínimo la cantidad de horas de tiempo dedicado al trabajo no remunerado —como el trabajo doméstico y el tiempo dedicado a los cuidados—, en relación con sus pares niños o adolescentes casados o en unión.
Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas exponen a las niñas a embarazos en la adolescencia. Las cifras para la región indican que la mayoría de las mujeres que contrajeron matrimonio durante su niñez dieron a luz antes de cumplir 18 años.
Ocho de cada 10 lo hicieron antes de cumplir los 20 años y en la mayoría de los casos fueron embarazos no deseados.
Eliminar el matrimonio infantil es una deuda para el mundo.
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