Por estos días, la ciudadanía tiene y expresa un particular descontento. Sucede en casi todos los países de Occidente. Es una mezcla de bronca, indignación, impotencia y enfado. La relación de los ciudadanos con el poder está desequilibrada. El fenómeno es más antiguo, pero la pandemia lo exacerbó y lo puso de claro manifiesto. Son muchas las razones, y son motivo de profunda investigación. La corrupción y la desigualdad surgen con bastante nitidez como fundamentos de ese estado de ánimo. Hay una fuerte crítica a los políticos acerca de su tendencia a la confrontación permanente, a su incapacidad para comprender las demandas sociales y su propensión a ocuparse de cualquier cuestión distinta de las que preocupan a los hombres y a las mujeres que pueblan la Argentina. Esto no sucede en San Luis. El Gobierno ausculta permanentemente la realidad y propone las herramientas necesarias para superar los obstáculos. No se ocupa de otros temas. No pierde su tiempo en internas o en discusiones menores que resultarían intolerables, aun en momentos de posible bonanza. Si se conoce el contexto, y si se comprende la magnitud de la crisis, se deben tomar medidas oportunas y adecuadas. Medidas eficientes y eficaces para regular el grave comportamiento de muchas variables macroeconómicas. En concreto, el Gobernador de San Luis anunció este jueves un nuevo aumento salarial: 18% para octubre y 13% para diciembre. Este incremento se suma al 46% establecido en marzo y al 14% extra otorgado en el mes de julio. De esta manera, el aumento anual alcanza el 81%. El anuncio alcanza al personal docente, de salud, fuerzas de seguridad, beneficiarios del Plan de Inclusión Social, Becarios 22AG y a todo el personal de la administración pública. También, se incrementarán en un 16% los valores de las asignaciones familiares, adecuando las mismas a los nuevos valores vigentes de Anses. Está claro que se abrió la cláusula gatillo, que se aplica cuando el seguimiento de las cifras que se difunden marca un nivel de inflación que supera los incrementos otorgados. Ahora, el 81% es un valor superior a las cifras referidas a la inflación.
Esto es posible por un manejo sensato de la economía de San Luis. Por su sanidad financiera sostenida en el tiempo. Por su equilibrio fiscal. Por la férrea decisión de no contraer deudas. Y es sabido y reconocido que los haberes de todos los beneficiarios de este incremento se cobrarán en tiempo y forma. Para hacer frente a esta erogación, el gobierno provincial ni impondrá gravosos recortes, ni coartará derechos, ni detendrá su plan de acción. A propósito, resulta imprescindible señalar que hay más de 225 obras públicas en ejecución, y ninguna de ellas sufrirá ni demoras ni dilaciones a causa del incremento salarial.
Se trata de escuchar las necesidades y de emitir las respuestas adecuadas. Se trata de decisiones y de acciones de estricta justicia social. Es la evidencia de un trabajo en común de todos los habitantes de San Luis. Es la construcción
participativa de gremios y de muchos sectores involucrados que trabajan en función de mejorar la calidad de vida de los hombres y las mujeres que habitan este suelo. La crisis económica de la Argentina es profunda y requiere de permanente atención. Exige una mirada atenta y muchas acciones casi inmediatas. Pero no se puede negar que tranquiliza saber que existe conciencia de la situación y de las necesidades más urgentes de la población. Los contextos turbulentos exigen avezados pilotos de tormentas capaces de comandar la situación, y con experiencia, coraje, templanza y valentía como para conducir la situación por el rumbo más adecuado. Equipos de trabajo con conciencia y con voluntad de sostener la esperanza con realizaciones concretas. Otras recetas ya han probado su manifiesta ineficacia y su espíritu demagógico y vacilante.


Más Noticias