De acuerdo al informe del Gabinete de Transición, formado por Lula Da Silva, el desmantelamiento del Estado brasilero fue la tarea en la que Jair Bolsonaro tuvo más éxito, aun así, el presidente saliente se mantiene popular.
Los textos de enseñanza de 2023 no comenzaron a ser editados, faltan medicamentos en la Farmacia Popular, no hay provisión de vacunas contra nuevas variantes de la COVID-19, escasean recursos para la alimentación escolar, las universidades estuvieron al borde del cierre y no hay fondos para la defensa civil y la prevención de accidentes.
Son ejemplos de “la amenaza efectiva de colapso de los servicios públicos” que deja el gobierno cesante, “una herencia socialmente perversa y políticamente antidemocrática”, que afecta especialmente a los más pobres, al impactar la salud, la educación, el ambiente, el empleo y el combate al hambre y la pobreza, destacó el informe.
El Gabinete de Transición del presidente electo movilizó más de 300 personas desde el 8 de noviembre y concluyó sus trabajos el 22 de diciembre, con la entrega del informe al futuro gobernante. Son 71 páginas de evaluación de la situación heredada, dividida en 32 rubros.
El gobierno ultraderechista de Bolsonaro se reivindica como patriótico y representativo de la mayoría conservadora de Brasil. Su campaña de reelección fue presentada como una batalla del “bien contra el mal”, con una explotación abusiva de la religión.
Su política fue en realidad una acción permanente contra el Estado, al subvertir su carácter laico y someter a sus propósitos instituciones estatales que, en muchos casos, pasaron a actuar en contra de sus misiones originales.
Son los casos de la Fundación Nacional del Indio (Funai), encargada de la protección a los derechos de los pueblos originarios, de la Fundación Palmares, de valorización de la cultura afrobrasilera, y de buena parte de los órganos ambientales y culturales.
El símbolo de la gestión al revés fue Sergio Camargo, quien presidió la Fundación Palmares de noviembre de 2019 a marzo de 2022. Él se define como “un negro derechista”, rechaza la lucha antirracista como una engañosa “victimización” y sostiene que la esclavitud fue “benéfica” para los negros en Brasil, porque, en su opinión, viven mejor que los africanos.
El resultado fueron acciones netamente contra la población negra, que suma 56% del total de 215 millones de brasileños, particularmente contra las comunidades quilombolas, creadas en el pasado remoto por los esclavos fugitivos.
Instituciones netamente de Estado, como el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, pasaron a convertirse en agencias del gobierno, al tratar cuestiones de interés personal, familiar o político de Bolsonaro.
También el Ministerio de Relaciones Exteriores, de larga y respetada historia de proyección internacional del país, sufrió una intervención ideológica del poder bolsonarista, en desmedro del prestigio de Brasil en el exterior, rebajado a paria, especialmente por el aumento de la deforestación amazónica durante la gestión Bolsonaro.
Bolsonaro intentó, desde 2020, autorizar y promover el “garimpo”, la minería casi siempre ilegal, en territorios de pueblos originarios, pero su proyecto de ley no obtuvo aprobación parlamentaria ante las fuertes protestas. Es una actividad que ya envenenó varios ríos amazónicos y provoca mortandad en varias etnias, por asesinatos, enfermedades y deterioro social.
Una de las últimas medidas de Bolsonaro, antes de dejar el gobierno, fue autorizar la extracción de madera en territorios originarios, con manejo forestal.
El 1° de enero Brasil volverá al camino democrático pleno, sin embargo, mucho daño fue hecho.
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