Preventiva para el acusado de abusar y embarazar a su hijastra

Este viernes, en una audiencia de formulación de cargos, C.R.P., acusado de haber abusado y embarazado a su hijastra de 13 años, finalmente conoció cuál será su destino procesal: a pedido de los fiscales Emmanuel Sastre y Virginia Palacios, el juez de Garantías 4, Marcelo Bustamante Marone, le dictó prisión preventiva por 60 días, hasta que concluya la etapa probatoria previa al juicio. Cristóbal Ibáñez, su abogado, alegó que no cuenta con antecedentes y que tiene arraigos económicos por su situación laboral; no obstante, por la gravedad del hecho, fue enviado a la cárcel.

Todo salió a la luz el pasado martes 9 de agosto, cuando los integrantes de la familia, que reside en el paraje Santa Rosa del Cantantal, acudieron a la Maternidad “Teresita Baigorria” para un chequeo médico de la adolescente. La misma víctima, luego de saber que efectivamente estaba embarazada, se quebró ante las profesionales que la atendieron y reveló haber sido abusada por su padrastro.

A partir de esa situación, las autoridades del centro médico informaron y pusieron a disposición todas las pruebas ante la Justicia, que actuó el mismo día y ordenó la detención del hombre, quien tiene 45 años y se encontraba en la vivienda de un familiar en el barrio Juan Gilberto Funes, de la capital.

Actualmente, la víctima se encuentra con contención psicológica y al resguardo de su abuela. Cursa la semana 27 de gestación, sin complicaciones. Se supo que, tras haber mantenido distintos encuentros con el equipo multidisciplinario del mismo centro médico maternal, la joven, a pesar de haber tenido la posibilidad de interrumpirlo, decidió continuar con el embarazo.

En la audiencia realizada ayer, los representantes del Ministerio Público Fiscal pudieron introducir al expediente la pericia de Cámara Gesell que le realizaron a la joven. Más allá de que la psicóloga Silvina Fernández Grimberg, quien hizo la entrevista, no pudo declarar por cuestiones personales, la prueba igual fue recepcionada por el magistrado. “A criterio de esta fiscalía entendemos que el estudio fue positivo para la averiguación de los hechos”, afirmó Sastre.

Entre las pruebas aportadas por los funcionarios judiciales también se encuentra un estudio socioambiental del entorno de la joven y distintas testimoniales de sus familiares.

Una fuente de la investigación reveló que hubo dos entrevistas en las que personas de su entorno “sospechaban que el acusado la había abusado”, aunque no habrían podido interceder.

De las distintas declaraciones e investigaciones impulsadas por la fiscalía surgió que la madre de la chica se encuentra distanciada de su hija y que “mantiene una postura en la que demuestra estar del lado de su pareja. Incluso, en la entrevista socioambiental ella se encontraba en el domicilio donde fue detenido el hombre”, precisó el informante.

Ese consentimiento mutuo entre la pareja quedó al desnudo tras el análisis que el Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial realizó en sus teléfonos celulares. De allí surgió que, tras la revelación de la joven en el hospital, “ella, mediante un mensaje, anotició a su pareja que no lo iba a denunciar, aunque quienes estaban ahí (por los médicos) sí lo iban hacer”, afirmó.

Y la conversación no concluyó allí: tras la alerta de la mujer, horas más tarde, el mismo acusado respondió ese mensaje y confirmó que ya había encontrado a un representante legal para afrontar la acusación.

Por su parte, los peritos también determinaron que en el teléfono de la víctima efectivamente se habían borrado mensajes, ya que había conversaciones que “no concordaban” y que se habrían utilizado, “quizás, para ocultar una situación sospechosa respecto a lo ocurrido”, según pudo averiguar El Diario.

El acusado, en una breve declaración, apuntó a los abuelos de la joven, quienes tienen la guarda de la víctima, y pidió protección para los otros hijos que tiene con la mujer, porque argumentó que habría una especie de “resquemor” con ellos.

A su turno, Ibáñez, el defensor, argumentó que “no había pruebas suficientes como para imputar el hecho al acusado”.

Seguidamente, acreditó recibos de sueldo de su pupilo, refiriendo que tiene arraigos económicos y laborales en su lugar de residencia.

Pero desde la fiscalía sostuvieron que “el lugar en el que ambos conviven (víctima y victimario) es el centro de vida de la menor, en el que además tiene su familia, amigos y actividad escolar”, por lo que rechazaron “contundentemente” la propuesta del abogado.

Bustamate Marone se expidió a favor de los fiscales y terminó resolviendo el traslado al Penal del acusado.

En los próximos días, Sastre y Palacios buscarán concretar otras medidas para complementar la acusación contra el hombre, entre ellas los cotejos de compatibilidad de ADN, que se llevarán a cabo una vez que nazca el bebé. Estiman que sería a mediados de noviembre.