Amnistía Internacional (AI) exigió el 19 de agosto que cese la campaña de represión contra entidades de la sociedad civil palestina y que se reabran las sedes de las siete organizaciones que fueron allanadas y clausuradas por el Ejército israelí.
Las declaraciones públicas son enfáticas y claras: “Pese a que estas organizaciones han contribuido enormemente a los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados y en todo el mundo, el Ejército israelí pisotea todo su trabajo”, expresó la oficina adjunta de AI para Oriente Medio y Norte de África.
Las organizaciones, que AI reivindica como sus asociadas, son Addameer, Al-Haq, Defensa de Niñas y Niños Internacional-Palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, el Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo, los Comités de Trabajo Sanitario y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas
Sobre las ONG cerradas pesan señalamientos de terrorismo por parte del Ejército y el Ministerio de Defensa de Israel, y son acusadas de servir para recaudar fondos y reclutar miembros para el Frente Popular para la Liberación de Palestina.
Antes del amanecer del 18 de agosto, las Fuerzas Armadas israelíes irrumpieron en las sedes de las organizaciones, confiscaron archivos y equipos, emitieron órdenes militares de cierre y soldaron las puertas de las oficinas.
Seis de las siete organizaciones allanadas quedaron vetadas para funcionar, entre ellas Al-Haq, dedicada a supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en territorios palestinos ocupados por Israel y la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer).
El 19 de octubre de 2021, el Ministerio de Defensa israelí dictó una orden militar que declaraba “terroristas” a seis organizaciones de la sociedad civil palestina, todas las allanadas en esta nueva acción, excepto los Comités de Trabajo Sanitario, que fueron objeto de otras actuaciones.
Investigadores de AI examinaron las órdenes militares colocadas en las puertas de las oficinas de tres de las ONG. En todos los casos, la orden de cierre está basada en el Reglamento de Defensa (de Emergencia) de 1945, dictado por Gran Bretaña para aplastar la resistencia a su gobierno colonial y aún en vigor.
Desde 1967, según AI, las autoridades militares israelíes utilizaron ese reglamento para demoler cientos de viviendas palestinas, deportar a residentes y someter a detención administrativa a decenas de miles de palestinos en los territorios ocupados.
“La comunidad internacional debe colaborar no solo para reabrir las oficinas de estas siete organizaciones, sino también para cumplir con sus llamamientos de apoyo a la investigación de la Corte Penal Internacional de la situación de Palestina”, agregó AI.
El presidente palestino, Mahmud Abbas, consideró la acción del Ejército israelí “un delito y ataque flagrante no solo contra las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, sino también contra las internacionales”.
La Comisión Europea “tomó nota” de los sucesos ocurridos en Cisjordania el 18 de agosto y recalcó “el papel esencial” que tienen las ONG en la sociedad civil palestina.
En el terreno, portavoces y trabajadores de las entidades vetadas por Israel indicaron que continuarán con sus labores.
“No somos simples empleados, creemos en lo que hacemos. No dejaremos que nadie nos impida hacer lo nuestro”, manifestó el experto legal de Al-Haq, Tasheen Elayan.
Israel está violando los derechos humanos en Palestina.
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