Rumbo a la COP28 con escasas acciones

A lo largo de 2023, América Latina padeció olas de calor, sequías largas e intensas, inundaciones destructivas y huracanes devastadores, fenómenos relacionados con los efectos de una crisis climática derivada mayormente de la quema de combustibles fósiles.

Con ese escenario, la región acude a la 28ª Conferencia de las Partes (COP28), en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, con planes climáticos inadecuados para enfrentar estos fenómenos y, en paralelo, con demandas a la comunidad internacional para su presunto combate.

Si bien la mayoría de las naciones de la región tienen planes de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), de adaptación a las secuelas de la emergencia climática y de fomento a energía renovable, siguen pegados a la explotación de petróleo y gas, por lo que no bastan para enfrentar el desafío.

En el caso de México y Argentina, la plataforma internacional Monitor de la Acción Climática califica las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, en inglés), el conjunto de medidas de mitigación y adaptación de cada país, de “críticamente insuficientes”.

Mientras, considera “insuficientes” los planes de Brasil, Chile y Colombia.

Las NDC son una parte medular del Acuerdo de París sobre cambio climático, adoptado en 2015 y vigente desde 2021, en las que pivota la meta de limitar el incremento de la temperatura a 1,5 grado Celsius, considerado el objetivo mínimo e indispensable de contención para evitar catástrofes climáticas irreversibles y, en consecuencia, humanas.

En ellas, las naciones deben establecer sus metas para 2030 y 2050 de reducción de las emisiones de GEI, tomando como línea base un año específico, la forma de conseguir esas metas, el año pico de sus emanaciones y cuándo lograrían las cero emisiones netas, absorber tantos gases como los que lancen a la atmósfera.

En conjunto, las NDC latinoamericanas, que contienen metas de emisiones netas cero (a excepción de México), llevarían a un recalentamiento global entre 2º y 4º centígrados, al resultar en mayores emanaciones.

De esa cuenta, los GEI de México, el segundo mayor contaminador de la región después de Brasil, ascenderían entre 807 millones y 831 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), el gas generado por la quema de combustibles fósiles y principal causante del aumento del termómetro planetario, en 2030, sin incluir las emisiones provenientes del uso de suelo, cambio de su utilización (deforestación) y silvicultura.

Mientras, la emisión contaminante de Brasil llegaría a 1.145-1.171 millones de toneladas en 2030, entre el 25% y el 28% por encima de los niveles de 2005.

Chile sería el único caso en que sus gases bajarían entre 3% y 18% en comparación con 2021, para situarse entre 87 millones y 104 millones de toneladas en 2030. Finalmente, Colombia lanzaría a la atmósfera 199-203 millones de toneladas, entre 41%-44% más que en 2010.

En ese panorama contradictorio entre políticas inadecuadas, metas incumplidas y necesidades financieras y tecnológicas, América Latina acude a la COP28 con varias posturas.

En el Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, efectuado en Panamá del 24 al 26 de octubre, las delegaciones acordaron el apoyo a la transformación del sistema financiero internacional, el alimento al Fondo de Pérdidas y Daños, la disminución progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles, el enfoque de género y el fomento a la energía renovable.

Pero los compromisos deben ser más ambiciosos y, sobre todo, más efectivos.