El número de migrantes y refugiados que cruzaron la selva de Darién, entre Colombia y Panamá, este año llega a la cifra récord de medio millón, una cifra impactante sobre la que urge la acción y la reflexión.
Los desafíos que estos movimientos poblacionales sin precedentes en América plantean son verdaderamente formidables, y ningún país puede abordarlos con sus propias herramientas y aisladamente. Afirmó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
En una declaración conjunta con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), destacaron la agudización de la emergencia humanitaria y pidieron más apoyo a los países de acogida, al igual que inversión en desarrollo para que la gente no tenga la necesidad de salir de sus comunidades.
Quienes arriesgan su vida al cruzar el selvático “Tapón del Darién” provienen en su mayoría de Venezuela, Haití, Ecuador y otros países sudamericanos y del Caribe, y sumarán este año 500.000 personas, más del doble de quienes intentaron la peligrosa travesía el año pasado.
Otras personas proceden de lugares mucho más distantes como África subsahariana, Asia y Medio Oriente, con el objetivo común de llegar a América del Norte. El objetivo común de un futuro mejor para ellos y sus familias, en una de las rutas más peligrosas del mundo.
En ocasiones, hasta 3.000 personas en un solo día han llegado a los puestos de atención fronteriza en Panamá, después de cruzar la selva desde el lado colombiano.
Las personas que cruzan el Darién están expuestas a graves riesgos, como peligros naturales, violencia sexual y de género, robo, trata de personas, extorsión y secuestro, e incluso se arriesgan a perder la vida en la travesía.
Los desplazamientos plantean situaciones complicadas para todos los países involucrados en el periplo, por lo que la OIM y Acnur subrayaron una vez más la necesidad de adoptar un enfoque basado en la ruta, que tenga en cuenta la situación en los lugares de origen, tránsito y destino.
Este enfoque requiere comenzar por atender las causas que hacen que las personas abandonen su país, lo que puede abordarse con una mayor inversión económica y hacer frente a la desigualdad, la falta de acceso a la sanidad y la educación básicas, la violencia y las violaciones de los derechos humanos.
En segundo lugar, supondría un mayor apoyo a los países de acogida para que puedan brindar seguridad y oportunidades a los recién llegados, de manera de no empujarlos a continuar realizando viajes peligrosos.
Para esto, sería crucial el papel de los actores del desarrollo y las instituciones financieras internacionales ayudando a reforzar los servicios nacionales.
Las agencias de la ONU abogan por ampliar las vías de reasentamiento de refugiados y migración regular, para salvar vidas y aprovechar el potencial de desarrollo que estos aportan.
Aumentar las iniciativas existentes, abriendo más oportunidades para la migración regular a través de visados humanitarios y de trabajo, intercambios educativos, y programas de reunificación familiar, beneficiará a las economías necesitadas de mano de obra, innovación y diversidad.
En cambio, las políticas restrictivas, que crean barreras al asilo y devuelven a las personas a lugares donde sus vidas podrían correr peligro, no son la respuesta adecuada, ya que llevan a la gente a tomar rutas aún más arriesgadas que solo benefician a los traficantes de migrantes.
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