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Maltrato infantil: una fiscal planteó reformar leyes para agravar penas

Esta semana, María del Valle Durán pidió la elevación a juicio de un caso local que ocurrió en 2022. En el Código Penal actual no existen apartados que contemplen la violencia contra las infancias.

Por redacción
| 05 de marzo de 2023
Proyecto. En 2019 ingresó un texto modificatorio a la Cámara de Diputados. Foto: Shutterstock.

En abril de 2019, legisladores presentaron un proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de la Nación para modificar el Código Penal e introducir el concepto de maltrato infantil como un agravante para varios delitos contemplados en el catálogo represivo judicial. Pero hasta la fecha esa iniciativa no se ha concretado y los funcionarios judiciales están desprovistos de herramientas para solicitar penas más duras contra los imputados por maltrato. Esta semana, la Fiscalía de Instrucción 4 de San Luis presentó la elevación a juicio contra una madre y su pareja por la violencia sistemática que ejercieron contra un niño de 5 años, un caso que salió a la luz en 2022. La investigación determinó que ella era quien golpeaba a su hijo y que su pareja no hizo nada para impedirlo. La causa está caratulada como “Lesiones leves agravadas por el vínculo y por ensañamiento”, pero “distinta hubiese sido esa calificación y las penas, en este caso y en todos los casos donde hay maltrato infantil” con leyes distintas, “porque no se trata de cualquier lesión a un niño, sino que es un contexto de maltrato infantil que se desarrolló y tuvo continuidad en el tiempo, que es como en la violencia de género”, opinó la fiscal María del Valle Durán.

 

El lunes 25 de abril del año pasado, una pareja ingresó a un pequeño de 5 años al área pediátrica del Hospital San Luis con vómitos y fuertes dolores estomacales, pero en la revisación, los cuatro profesionales médicos detectaron varias lesiones con distintos estadíos de evolución.

 

El niño no tenía daño óseo, cicatrices, ni quemaduras, pero sí hematomas de gran tamaño en los brazos, la espalda, las piernas, en la cabeza, la cara y los genitales. Incluso detectaron en los análisis la presencia de una hormona hepática que daba cuenta de que uno de esos golpes le había afectado órganos internos. Los pediatras, el psicólogo, el psiquiatra y el asistente social que intervinieron acordaron que esas marcas “eran compatibles con un caso de maltrato infantil”, recordó Durán, que tomó intervención en el caso luego de que el hospital le informara del hecho al Juzgado de Familia 4, a cargo de la jueza Alejandra Ponce Navelino.

 

La fiscal ordenó que la médica pediatra del Poder Judicial, Vanina Ferroni, acudiera a constatar lo informado por los profesionales y también la conformación de una junta interdisciplinaria para evaluar a la víctima, que permaneció varios días internada.

 

Lo primero que notaron fue el cambio de actitud que el niño tenía ante la presencia de su madre, ante quien demostraba una especie de rechazo. Su padre biológico, que se había mudado a Jujuy por cuestiones laborales, viajó a San Luis de inmediato apenas se enteró de lo ocurrido y acompañó a su hijo hasta que recibió el alta. En medio, Ponce Navelino impidió que la madre y el padrastro tuvieran contacto con él y una vez fuera del hospital, le otorgó la guarda provisoria a la abuela paterna hasta que el padre pudiera establecerse en la provincia y acreditar un trabajo y domicilio fijos.

 

 

A tiempo

 

Para Durán, “las redes de contención funcionaron, y funcionaron rápido”, un hecho que se diferencia y trae a colación el reciente caso de Lucio Dupuy, el pequeño asesinado por su mamá y la pareja de ella en La Pampa y que evidentemente tuvo un resultado luctuoso porque esas “redes” no funcionaron.

 

Pero en el caso puntano, llegar a la audiencia de formulación de cargos no fue sencillo. “El niño ingresó al hospital el lunes, pero había estado con mucha gente ese fin de semana, entonces no había un señalado puntual. Por eso no hubo detenidos y la imputación llevó su tiempo, hasta que pudimos investigar”, señaló la titular de la Fiscalía Nº 4.

 

En los meses que siguieron se anexaron al expediente las entrevistas a los médicos y profesionales que actuaron, y también a los miembros del entorno familiar del nene, aunque lo más importante fue el informe de la entrevista en Cámara Gesell a la víctima. En el documento, la licenciada Marisa Samper explicó que tenía “un bloqueo emocional total de lo vivido, aunque pudo referir que era la madre quien lo golpeaba, que no quería verla y que no la extrañaba, aunque sí al padrastro, por ejemplo”.

 

De ese informe y de los test a los que fueron sometidos los imputados, surgió que los golpes “eran como una reacción, un castigo, ‘por qué hiciste tal cosa’, que derivaban en esas explosiones de ira” de la madre. “Así pudimos determinar que la autora de las lesiones fue la madre y no el padrastro, pero a él le imputamos el delito por omisión, por estar en una posición de garante del niño. Porque era quien lo cuidaba, no solo vivía con él, sino que lo cuidaba mientras la madre trabajaba y tenía la obligación de evitar el resultado lesivo que sufrió el niño”, explicó Durán.

 

El Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial peritó los teléfonos de la pareja y descubrieron que ambos habían borrado el historial de mensajes entre uno y otro. Esos textos no pudieron ser recuperados, pero los analistas sí descubrieron fotos de lesiones del pequeño que databan del año anterior, es decir, de 2021.

 

El 29 de septiembre, cinco meses después de que se destapara el caso, los acusados fueron conducidos a una audiencia de formulación de cargos. Durán los acusó por “Lesiones leves agravadas por el vínculo y por ensañamiento” en ocho hechos, aunque luego pudieron probar solo seis y al padrastro se le mutó la calificación por la comisión del delito a la de omisión.

 

Nunca estuvieron detenidos. Solo al padrastro le dieron una orden de restricción para con el niño, pero a la madre no, ya que Ponce Novelino estableció un proceso de revinculación entre madre e hijo. Actualmente ella tiene 23 años y el pequeño, que pasó a primer grado, 6. El Juzgado de Familia finalmente le otorgó la tenencia al padre biológico, con quien vive en la casa de su abuela.

 

 

La acusación

 

Este jueves, Durán participó de la audiencia de control de la acusación ante el juez de Garantías Marcelo Bustamante Marone, ante quien expuso que el pequeño “fue un paciente con claros signos de maltrato infantil, con lesiones que pusieron en riesgo su salud, entendiéndose por salud a su bienestar físico, psíquico y social, además de estar desnutrido y con la dentadura descuidada”, y pidió 6 años de cárcel para la madre por el delito de “Lesiones leves agravadas por el vínculo y por ensañamiento (seis hechos) en concurso real, en el carácter de autora”, y 3 para el padrastro por el mismo delito, pero en calidad de “comisión por omisión”.

 

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