Piden una condena abreviada para un acusado por violencia

Cristian Eduardo Torres lleva tres años, cuatro meses y seis días preso en la penitenciaría de San Luis procesado por haberle causado lesiones graves a quien era su pareja en 2019. En junio de 2022, la fiscal de Juicio Virginia Palacios y el entonces abogado del imputado presentaron un acuerdo de juicio abreviado para que el joven no llegara a debate oral. Carla Araneda, la víctima, presentó su conformidad, pero el tribunal de entonces rechazó la propuesta alegando que era necesario aclarar cómo ocurrió todo en un debate con testigos. Esta semana, Palacios y la nueva defensa insistieron con otro acuerdo, en el que plantearon una pena a 4 años y cinco meses de prisión remarcando que la joven agredida tiene la necesidad de cerrar el conflicto judicial cuanto antes para cerrar una etapa.

El caso no es sencillo. Todo comenzó el domingo 29 de diciembre de 2019 en un departamento que la pareja compartía en Aristóbulo del Valle al 800 de la capital. En la denuncia que hizo ante la Policía, Araneda contó que ella y Torres habían llegado de un local bailable y comenzaron a discutir porque él le recriminaba una presunta infidelidad.

El hombre la tomó del cuello y comenzó a darle golpes de puño en la cara y el torso hasta que un hermano intervino y lo sacó a la calle. Ella optó por irse a lo de su madre, donde se acostó a dormir hasta que, por la tarde, comenzó a faltarle el aire e hinchársele el rostro. La golpiza había sido tan terrible que tenía fisuradas la cuarta y quinta costilla del lado derecho, que habían provocado que se filtrara aire y sangre al pulmón derecho, por lo que tuvieron que colocarle un drenaje. También tenía un gran hematoma en el ojo derecho con un derrame completo en el globo ocular, según constató la médica forense Marcela Gómez.

Torres fue detenido días después, indagado y luego procesado con prisión preventiva por el delito de “Femicidio en grado de tentativa”. Al momento de elevar la causa a juicio, el fiscal de Instrucción Esteban Roche entendió lo mismo que el juez instructor y sostuvo que el acusado “tuvo la intención inequívoca de matar a la damnificada… aprovechando su condición de hombre… sin importarle las consecuencias que causarían en el cuerpo de Araneda”. También que si el hermano y padre del agresor no hubiesen intervenido el resultado quizá hubiera sido luctuoso. Y pidió una condena a 11 años de cárcel.

La relación siguió

El año pasado, en el primer intento por resolver la causa con un abreviado, Palacios les dijo a los jueces que “analizando todas las connotaciones de la causa y habiendo tenido relación y contacto directo con la víctima” resolvió cambiar la calificación del delito a “lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”, y propuso una pena de 4 años y 8 meses de cárcel. Araneda estuvo presente en la sala para consentir el proceso, pero para sorpresa de los presentes admitió que no cortó la relación con Torres tras su encarcelamiento, que siguió visitándolo en la cárcel y que incluso quedó embarazada, aunque lamentablemente perdió el bebé.

Aún así, ella y Torres aseguraron que habían cortado la relación a inicios de 2022 y que ya no tenían vinculación. Si bien los fundamentos del tribunal para rechazar la propuesta se basaron principalmente en la necesidad de indagar si el hombre tuvo o no intenciones de matarla, y que ello debía verse en debate, fue inevitable que tuvieran dudas sobre si la víctima y el victimario en realidad no estaban atravesando una “luna de miel”, como se llama a una de las fases de la violencia en la que el agresor muestra arrepentimiento, pero no modifica sus conductas en el tiempo.

Por ello, Palacios dijo que era necesario establecer prohibiciones y restricciones entre víctima y victimario y entre sus familias, por cualquier medio, físico o virtual. Pero finalmente los jueces José Luis Flores, Jorge Sabaini Zapata y Hugo Saá Petrino dijeron no y el acuerdo quedó trunco.

“Ella dice basta”

El jueves pasado, Palacios, la defensora Oficial subrogante Carina Gregoraschuk y Torres se sentaron ante los jueces Eugenia Zabala Chacur, Karina Lucero Alfonso y Fernando de Viana para insistir con un nuevo abreviado, por el mismo delito previsto en 2022, pero con una pena tres meses menor a la planteada en esa ocasión.

En su presentación la fiscal de Juicio sostuvo que la víctima tiene una nueva pareja y que quiere continuar con su vida. En una reunión que mantuvieron en febrero de este año, dijo, “ella dijo basta. Dijo ‘no quiero más’. ¿Cuántas veces más tengo que traer a esta mujer a tribunales?”, sostuvo, y agregó que “no se pueden pasar por encima los deseos de la víctima”.

No obstante, Zabala Chacur insistió en que es deseo del tribunal volver a escucharla en sala para que dé su consentimiento, y le pidió a Palacios arbitrar los medios para que se presente antes de deliberar nuevamente si harán lugar al nuevo juicio abreviado, por lo que seguramente la resolución se dilate.

De ser sentenciado y con el tiempo que lleva tras las rejas, Torres ya tiene cumplido más de dos tercios de la condena solicitada y hasta incluso estaría en condiciones de pedir una libertad condicional.